Por Ingrid Bachmann
El máximo tribunal venezolano recalcó una vez más que la libertad de expresión no es un derecho absoluto y estableció varias limitaciones al acceso a información en manos de organismos estatales, reportó El Tiempo.
La sentencia plantea que la magnitud de los datos requeridos debe ser proporcional al uso que se dará a la información. También establece que los salarios y declaraciones de bienes de los empleados públicos son privados y “forman parte de su intimidad”, explica El Universal.
Según El Carabobeño, horas antes de que se conociera el dictamen, representantes del Colegio Nacional de Periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y la ONG Espacio Público presentaron ante el Tribunal Supremo un recurso de nulidad contra la creación del Centro de Estudio Situacional de la Nación. A su juicio, añade El Nacional, este centro serviría para controlar la información y declarar arbitrariamente como reservados todo tipo de datos públicos.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
