Sin entrevistas de parte de funcionarios públicos o acceso a ruedas de prensa, en medio de un duopolio de canales de televisión y de la mayoría de estaciones de radio, y con una ley de acceso a la información pública que no se cumple transcurren los días de los periodistas independientes de Nicaragua.
La falta de información llega a tal nivel que el presidente del país, Daniel Ortega, no ha ofrecido ruedas de prensa desde que tomó posesión en 2007, según lo han documentado diferentes organizaciones como el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés).
“Hay un bloqueo sistemático para el acceso a la información pública en perjuicio de la prensa independiente”, dijo Carlos Fernando Chamorro, director de la revista investigativa Confidencial, en conversación con el Centro Knight para el Periodismo en las Américas. “Esto no solo se representa en que el presidente nunca ha brindado una conferencia de prensa, sino en que el sistema está estructurado para una comunicación oficial que se resume en un monólogo y que son los informes gubernamentales diarios que por teléfono da la primera dama, como vocera del gobierno”.
Los “monólogos oficiales” a los que hace referencia Chamorro son lo más cercano a declaraciones que pueden tener los periodistas independientes por parte de voceros gubernamentales.
Todos los mediodías la primera dama del país, Rosario Murillo, quien es la vocera del Gobierno y directora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, ofrece declaraciones telefónicas a un noticiero llamado ‘El enfoque de la dignidad sandinista’ del partido del gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), de acuerdo con el informe ‘Entre la censura y la discriminación: Centroamérica amenazada’ de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, la Fundación Comunicándonos de El Salvador y el Semanario Voces.
En sus llamadas, Murillo recita “el santoral del día” y divulga actividades y proyectos del Gobierno. Según el informe, sus declaraciones son “replicadas simultáneamente por televisoras y radios del partido de gobierno, el canal y la radio oficial, y televisoras y emisoras oficiosas”.
En las llamadas no se da lugar a preguntas por parte de periodistas. Según el informe, antes de esta estrategia, Murillo daba declaraciones a los “medios del poder ciudadano”, es decir, los medios oficialistas. Sin embargo, ahora se limita a las llamadas telefónicas diarias.
Estas políticas de Murillo, citada en los medios pro gobierno como “compañera Rosario”, hacen parte de una estrategia comunicacional justificada en su deseo de “descontaminar” la información que reciben los nicaragüenses, según le dijo una fuente anónima al CPJ en un artículo publicado en 2015.
Otro problema son las denuncias de concentración de medios por parte de la familia presidencial o de empresarios aliados a su gobierno como es el caso del mexicano Ángel González, agregó el informe. González es conocido por haber construido su imperio mediático por América Latina el cual, a febrero de 2015, consistía en 82 estaciones de radio en FM y AM además de 26 cadenas de televisión en la región, de acuerdo con un artículo del diario El Universo de Ecuador. A González se le señala de alinearse con el Gobierno de turno en el país donde tiene negocios.
En el caso de Nicaragua, solo uno de los nueve canales de televisión abierta no hace parte de este duopolio, según el informe ‘Centroamérica amenazada’.
La situación es similar en las estaciones de radio. La familia presidencial tiene en su poder entre cuatro a seis emisoras, además de las dos radios históricas del partido de Gobierno: Radio Sandino y Radio Ya. De esta última aparece como propietario Rafael Ortega Murillo, hijo de la familia presidencial, agregó dicho informe.
Los medios que no hacen parte de este círculo porque el duopolio no ha podido comprarlos son perseguidos “con campañas de intimidación y difamación”, continuó el informe.
A esto se le suma que la publicidad oficial es utilizada como una herramienta de presión hacia los medios. Un tema en el que también se señala a la primera dama, quien com directora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, tiene entre sus funciones manejar los recursos del Estado, entre ellos la publicidad oficial.
“Hace unos años hicimos un reporte sobre la concentración de la publicidad estatal”, explicó Chamorro. “Y no es solo que esté vedada a medios independientes, sino que está concentrada principalmente en esos medios privados de la familia presidencial”.
Otra de las situaciones que preocupa es la falta de transparencia en cuanto a la información pública.
A pesar de que una de la primeras acciones del presidente Ortega fue la firma de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en 2007, periodistas y otras organizaciones coinciden en que ésta no funciona: las oficinas no entregan las información y ninguna institución las obliga a hacerlo.
“Es un sistema de control de la información pública extremo que se complementa con la inutilidad de la ley de acceso a la información pública”, explicó Chamorro. “La ley ya tiene nueve años, y al día de hoy nunca un funcionario ha sido castigado por violar la ley. No hay respuesta para los periodistas que presentan peticiones recurriendo a la ley. Algunas instancias como la Asamblea Nacional o algunas alcaldías responden a solicitudes cuando se trata de información de poca importancia, pero el poder ejecutivo es el principal violador de la ley de acceso a la información”.
Para Guillermo Rothschuch Villanueva, director del Observatorio Nacional de Medios Comunicación y Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), la aprobación de la ley “no ha significado nada”, según dijo al Centro Knight.
Esto se debe, según el informe ‘Centroamérica amenazada’ en que tras la firmal de la LAIP “el secretismo en el manejo de la información pública” por parte del gobierno “comenzó a ser la norma”. Llegó a tal grado que los funcionarios que daban declaraciones públicas a medios independientes eran destituidos de sus cargos.
El informe agregó que algunas oficinas siguen poniendo obstáculos al momento de entregar información pública a través de diferentes argumentos como que la persona encargada de hacerlo no está presente, preguntando el uso que tendrá la información o categorizando la información como confidencial o clasificada.
Aunque la ley también estipula la publicación de cierta información en las páginas web de las oficinas públicas, algunas no la tienen o tiene información incompleta o desactualizada, señaló el informe.
Un ejemplo que tiene Rothschuch es que irónicamente antes de la aprobación de la LAIP era mucho más fácil conocer quiénes eran los propietarios de los medios de comunicación.
“Hay una gran falta de transparencia. En 2006 uno podía obtener fácilmente información sobre las telecomunicaciones de Nicaragua, sobre quién era el dueño, dónde operaban, con quién operaban”, dijo Rothschuch. “Pero desde 2007 y 2008 esto desapareció. Ahora incluso los estudiantes tienen dificultades para acceder a información y hacer sus trabajos”.
La “soledad” de los medios de Nicaragua
A pesar de este panorama, los medios independientes, que “pueden contarse con los dedos”, según Chamorro, siguen comprometidos con su trabajo.
“¿Cómo funcionamos? Haciendo buen periodismo, trabajando con fuentes independientes, con un proceso en el cual dependemos menos de la fuente oficial y otras formas de corroborar y de investigar. A pesar de ese bloqueo, se han hecho en Nicaragua investigaciones de calidad internacional que han ganado premios. En ninguno de estos casos hay intervención por parte de servidores públicos”, dijo Chamorro. “Claro que hay filtraciones, hay funcionarios dentro del gobierno que no están de acuerdo con este sistema de control de información y logran hacer llegar a la prensa documentos, información que después tenemos que investigar y corroborar y que tienen una gran importancia”.
Rothschuh ve precisamente en este esfuerzo del periodismo por realizar investigaciones y realizar historias a pesar del bloqueo gran parte de la solución a esta situación.
“Tengo también críticas porque los medios no cambian su política informativa, no reinventan su agenda. ¿Por qué sigue siendo institucional?, ¿por qué empobrecen la información en diciembre? Porque no saben qué informar porque todo está cerrado. El problema es más serio que el gobierno no dé declaraciones”, djio Rothschuh. “Es obligación del gobierno dar información, pero también es obligación de los medios estar atentos, ampliar su agenda”.
Rothschuh no obstante, no desconoce la responsabilidad del gobierno en crear lo que él llama “libertad de expresión condicionada” en el país. Para él es claro que la solución requiere un compromiso serio por parte del gobierno para lograr una ley de acceso a la información que funcione, una regulación clara sobre la publicidad oficial, así como una regulación sobre las licencias del espectro radioeléctrico que garanticen el pluralismo.
Para Rothshuch lo más grave de la situación es la soledad en la que se encuentran los medios en su lucha por la libertad de expresión. Según dijo, por ejemplo la oposición “nunca ha entendido el problema de la comunicación” del país por lo que nunca ha presentado una iniciativa de ley que, de alguna manera, ayude a los medios.
También tiene críticas para los gremios que agrupan periodistas o medios a los que señala de no ser lo suficientemente firmes al momento de manifestarse en contra de un ataque contra sus agremiados. Finalmente también responsabiliza a la ciudadanía por no respaldar a los medios en su defensa por la libertad de expresión de todos.
“Los periodistas están en la primera línea de defensa de la libertad de los nicaragüenses”, dijo Rothschuh. “Entonces la ciudadanía debería estar más atenta al campo de los medios de comunicación, ser abanderada de la defensa de la libertad de expresión, entender que la ciudadanía también tiene libertad de expresión, esto no es un derecho de los periodistas, es uno de la constitución ciudadana. Y por eso deben salir en defensa de los medios cuando estos son objetivo de asedio o cuando se toman represalias contra ellos”.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
