Por Samantha Badgen
Para Marianela Balbi, directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) en Venezuela, la censura mediática y la prohibición de transmisiones en vivo de las protestas que sacuden el país por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro buscan prevenir que más gente se una a las manifestaciones, ya que, en las zonas pobres de Venezuela, la única versión que ven es la información que pasan los noticieros.
En una reciente entrevista con el Centro Knight para el Periodismo en las Américas, Balbi habló sobre la censura mediática durante las últimas semanas de protestas, el papel de las redes sociales en la actual crisis y las medidas legales que ha empleado Maduro desde que tomó la presidencia para acallar a los medios críticos.
Hace varias semanas que las principales ciudades de Venezuela se ven inundadas por una ola de protestas que denuncian la inseguridad, inflación y escasez de bienes. Las protestas que empezaron como manifestaciones estudiantiles se tornaron violentas cuando la Guardia Nacional Bolivariana reprimió las protestas, resultando en violaciones contra los derechos humanos y libertad de expresión. Según el sindicato de trabajadores de la prensa en Venezuela, más de 89 periodistas nacionales y extranjeros han sido agredidos desde que comenzaron las protestas.
Para Balbi, las agresiones en las calles contra civiles y periodistas marca una notable diferencia entre cómo Maduro y su predecesor manejaban las crisis.
“La diferencia entre el gobierno del presidente Chávez y el presidente Maduro es en el trato de la gente”, dijo Balbi, comentando que si bien Chávez nunca tuvo una relación fácil con los medios, siempre fue más cuidadoso con el tema de los derechos humanos.
Además de las agresiones, a poco más de un año de la muerte de Chávez, los medios de noticias en Venezuela han notado un aumento en el uso de las medidas legales y judiciales como mecanismos de censura en su contra, afirmó Balbi. Unas de estas medidas han sido las sanciones a través de leyes que prohiben la difusión de imágenes que inciten al odio y la violencia, dijo.
“Conatel (Compañía Nacional Anónima de Teléfono) advirtió sobre la difusión de imágenes que causen zozobra o generen más violencia se les aplicaría el reglamento”, dijo Balbi refiriéndose a las multas y medidas contra los medios, como fue el caso del bloqueo de la señal del canal de cable NTN24, durante la primera semana de protestas, después de que transmitió imágenes de los sucesos en las calles -- algo que según Balbi fue una medida para inhibir a otros canales.
Balbi agregó que desde el año pasado notaron un cambio de patrón en el trato del gobierno hacia la prensa.
“Siempre hubo agresiones físicas contra periodistas y algunos medios. Este año empezó a cambiar el patrón. Empezaron a usarse los tribunales, la misma Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo para presentar demandas contra periodistas y medios de comunicación”, dijo Balbi. “Esto no ocurre como parte de la crisis actual, viene de esa tendencia que habían empezado a utilizar contra ciertos medios y periodistas directamente”.
Balbi puso como ejemplo el caso reciente del diario Tal Cual -- donde, en una demanda por una nota de opinión del articulista Carlos Genatios, un tribunal impuso medidas cautelares contra los ejecutivos del diario.
Miembros de la prensa también han denunciado que el gobierno de Maduro censura y monitorea las redes sociales, que es la única ventana que muchos venezolanos tienen para acceder las noticias.
A finales de febrero, Twitter aseguró que las imágenes de las protestas publicadas a través de su servicio estaban siendo bloqueadas. Twitter dijo sospechar que el gobierno venezolano estaba detrás de la acción.
Pero aunque en muchos casos las redes sociales han ayudado a llenar el vacío informativo, la gente en las zonas más pobres del país no tienen acceso a ellas y la falta de verificación dentro de esos medios ha contribuido a la incertidumbre. El hecho de que no se estén transmitiendo en directo las represiones y protestas en la gran mayoría de las televisoras y estaciones de radio genera mucha ansiedad porque la gente se siente desinformada, dijo Balbi, haciendo que las redes sociales se convierten en un foco de noticias e inquietud, ya que entre los datos y compilaciones de los hechos también se circulan noticias falsas que siembran pánico entre la gente.
“La gente esta recurriendo a las redes sociales como mecanismo de buscar la información que está vetada en los medios radioeléctricos, pero en las redes no hay ningún tipo de control, pueden circular información no verificada,” dijo Balbi, aunque entre la cacofonía también hay “información verificada de periodistas y medios que trabajan por Internet, lo cual permite aclarar las situaciones, específicamente cuando hay heridos”.
Varias organizaciones internacionales han denunciado los ataques contra la libertad de prensa en Venezuela. El Instituto Internacional de Prensa le pidió a Maduro que pare de amenazar a los medios, un grupo de expertos independientes de las Naciones Unidas hizo un pedido al gobierno de Venezuela para que esclarezca las denuncias de detenciones y uso excesivo de fuerza, y ex mandatarios latinoamericanos condenaron las violaciones de derechos humanos.
También se unieron las tres redes más importantes de diarios de Latinoamérica para difundir información sobre la situación en Venezuela, bajo el slogan “Todos somos Venezuela. Sin libertad de prensa no hay democracia”.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
