*Artículo de la FLIP para su revista Páginas para la Libertad de Expresión, quinta edición
Durante el 2022, presenciamos avances judiciales que protegían la libertad de prensa; sin embargo, el periodismo colombiano se enfrentó a la creciente violencia por parte de grupos armados y a un periodo electoral en el que líderes políticos estigmatizaron a medios y periodistas. Finalmente, en el último semestre del año presenciamos la muerte de dos comunicadores en Córdoba y Nariño. Este es un repaso de los hitos que marcaron a la libertad de prensa en el 2022 en Colombia.
1. Pico de ataques contra la prensa de Arauca
A inicios de 2022, el departamento de Arauca vivió un pico de violencia contra la prensa. Solo en la primera semana se registraron nueve hostigamientos a periodistas por parte de grupos armados ilegales en los municipios de Arauca y Saravena. Posteriormente, el 19 de enero, un carro bomba afectó la infraestructura de dos medios de comunicación en Saravena. Además, durante todo el mes hubo un aumento en los hostigamientos realizados por personas que se identificaban como integrantes de las disidencias [miembros de la guerrilla de las Farc que no se acogieron al acuerdo de paz] y de la guerrilla del ELN, quienes presionaron a periodistas para que publicaran información como panfletos y amenazas. En todo el año, las disidencias fueron responsables de 30 ataques a la prensa en Arauca y cinco estuvieron a manos de miembros de la guerrilla.
Este incremento se suma a la tendencia de los últimos tres años: en el 2020 se registraron 13 casos en Arauca; en el 2021 fueron 24, y en el 2022, 54. Como consecuencia de esta violencia, cinco reporteros se vieron obligados a salir de manera forzosa del departamento, convirtiéndose así en la única región de todo el país que registró casos de desplazamiento forzado de periodistas durante el 2022.
2. Paro armado
Durante el paro armado decretado a inicios de mayo por el Clan del Golfo en seis departamentos, fueron amenazados y hostigados periodistas de doce medios. En el Bajo Cauca antioqueño, dos emisoras comunitarias fueron instigadas a difundir un panfleto del Clan del Golfo y, ante la falta de garantías de seguridad para los y las periodistas de esos medios, las seis emisoras comunitarias de la región decidieron dejar de transmitir su señal hasta que el paro armado terminara. En Montería, Córdoba, amenazaron con incendiar una planta transmisora si esta no dejaba de funcionar. Esta sirve a seis estaciones de radio en Córdoba, Sucre, Atlántico, Antioquia y Bolívar. La planta tuvo que ser apagada y las emisoras permanecieron sin señal por al menos cuatro días. A esto se sumó la amenaza que recibió otro periodista de Córdoba, que salió a hacer cubrimiento en vivo y, como consecuencia, fue seguido por un hombre que lo intimidó con un arma de fuego. En Urabá, Antioquia, hombres armados dispararon al aire para obligar a que dos periodistas dejaran de grabar.
La existencia de violencia en línea contra mujeres periodistas en Colombia fue reconocida en una decisión judicial. (Ilustración: Rowena Neme / Cortesía FLIP)
3. Un periodo electoral violento
Entre enero y julio de 2022, la FLIP registró 55 ataques a la prensa relacionados con el cubrimiento de las elecciones presidenciales y legislativas. La agresión más frecuente fue la estigmatización, con 19 casos. Además, hubo 11 obstrucciones para hacer cubrimientos, especialmente durante las jornadas electorales y por parte de funcionarios públicos. Además, la prensa fue víctima de 12 amenazas y de tres hostigamientos relacionados con el cubrimiento electoral. Los departamentos donde más ocurrieron estas agresiones fueron Antioquia, Atlántico, Bogotá, Cauca y Magdalena.
4. Estigmatizaciones contra la prensa como un fenómeno creciente y constante
La FLIP identificó que servidores y funcionarios públicos utilizaron la estigmatización como una forma de deslegitimar el trabajo de medios contrarios a sus intereses y posturas políticas, en algunas ocasiones con el interés de obtener aprobación por parte de sus seguidores. Durante el periodo electoral, las y los candidatos políticos sugirieron que la prensa mentía, asociaron a un sector de los medios con ideologías extremistas e impusieron cargas políticas que podían incitar la violencia contra medios de comunicación y periodistas.
De los 55 casos de estigmatización durante 2022, 36 fueron realizados por funcionarios públicos, que en algunos casos constituyeron patrones de acoso, como en la alcaldía de Medellín, donde Daniel Quintero Calle y sus funcionarios más cercanos realizaron un persistente ataque contra el periódico El Colombiano. Además, del total de las estigmatizaciones, diez fueron realizadas por congresistas. Entre los reincidentes se destacan: María Fernanda Cabal, Piedad Córdoba y Roy Barreras.
5. Amenazas a periodistas en el Darién
El 6 de septiembre de 2022, un equipo periodístico de Telemundo fue víctima de amenazas mientras realizaba un cubrimiento a la ruta migratoria en la selva del Darién. Guías ilegales, también conocidos como coyotes, les amenazaron y exigieron que salieran del territorio. Incluso, les dijeron que varios periodistas ya habían muerto en el lugar. Cuando el periodista Daniel Muñoz estaba en Capurganá, departamento de Chocó, tres desconocidos le reiteraron que debía irse inmediatamente pues su vida corría peligro. Días después, ya fuera de la zona, Muñoz recibió una tercera amenaza por vía telefónica. Tres meses después, el periodista manifiesta que no ha recibido una atención oportuna en la activación de mecanismos de protección para su caso.
En zonas fronterizas se registraron otros dos casos de amenazas de muerte a la prensa por parte de grupos ilegales en los departamentos de Chocó y en La Guajira. En los tres casos las amenazas han sido reiterativas y se han dado luego de que periodistas publicaran información sobre orden público y el accionar de los grupos armados ilegales. Además, en dos casos, los autores de las amenazas conocen la residencia y las rutinas de los periodistas afectados, lo que refleja un mayor riesgo y una mayor capacidad de ataque.
Rafael Moreno y Wilder Córdoba fueron los dos periodistas asesinados en Colombia en 2022 según registros de la FLIP. (Cortesía FLIP)
6. Asesinatos a periodistas locales: Rafael Moreno y Wilder Córdoba
El periodista Rafael Emiro Moreno fue asesinado en la noche del 16 de octubre de 2022 en Montelíbano, departamento de Córdoba. Dos hombres le dispararon cuando él estaba en un local de su propiedad. Moreno era el director del medio digital Voces de Córdoba y tenía un amplio reconocimiento en la región por su labor como dirigente comunal y líder social. Rafael recibía amenazas desde el 2019 y contaba con un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección. Hasta la fecha no hay un avance significativo en la investigación del crimen.
El periodista Wilder Córdoba fue asesinado en la tarde del 28 de noviembre en La Unión, departamento de Nariño. Era director del canal de televisión comunitario Unión Televisión, en donde trabajaba como periodista desde hace más de diez años y se le reconocía por sus denuncias periodísticas y su importante labor de veeduría y liderazgo social. Hasta ahora no hay ningún pronunciamiento sobre cuáles son las hipótesis dentro de la investigación ni se conocen avances significativos.
7. Responsabilidad del Estado en caso de Edison Molina
El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la responsabilidad del Estado en el caso del homicidio del periodista Edison Molina [ocurrido en 2013]. El tribunal consideró que el Estado fue pasivo frente a la situación de riesgo relacionado con las amenazas que había recibido y denunciado el comunicador.
El Tribunal ordenó la realización de una ceremonia pública en Puerto Berrío, Antioquia, en la que la Policía y la Fiscalía ofrezcan excusas por no haber protegido debidamente la vida de Molina. También, en el mismo municipio, se deberá llevar a cabo un taller, seminario o cátedra sobre derechos humanos, con especial énfasis en la promoción y respeto por el derecho a la libertad de expresión, garantías de la oposición y defensa de derechos humanos.
8. Un decisión judicial reconoció la existencia de la violencia en línea contra mujeres periodistas
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca reconoció que en Colombia existe un marcado patrón de violencia en redes sociales contra las mujeres periodistas. El Tribunal estableció que el Consejo Nacional Electoral y los comités de ética pueden sancionar a partidos, movimientos y líderes políticos por utilizar o permitir este tipo de violencia que afecta la participación ciudadana en asuntos públicos. El caso actualmente está en manos de la Corte Constitucional. Durante el 2022, la FLIP registró 44 agresiones en línea contra mujeres periodistas en diferentes plataformas digitales, principalmente en redes sociales.
En 2022 la FLIP interpuso una demanda de reparación por el asesinato del comunicador indígena Abelardo Liz ocurrido el 13 de agosto de 2020. (Foto original: Tejido de Comunicación ACIN / Montaje: Cortesía FLIP)
9. Demanda al Estado por el asesinato del comunicador indígena Abelardo Liz
En octubre del 2022, la FLIP interpuso una demanda de reparación directa contra el Ejército y la Policía por el asesinato del comunicador indígena Abelardo Liz, ocurrido el 13 de agosto de 2020. Con esta acción se pretende que se reconozca la responsabilidad del Estado colombiano en la muerte del periodista, ya que la FLIP, como representante de la familia de la víctima, ha logrado recolectar pruebas y testimonios que confirman que el Ejército disparó contra Liz mientras él cubría los enfrentamientos entre la fuerza pública y la comunidad Nasa en Corinto, departamento de Cauca.
10. Acciones del Congreso sobre libertad de prensa
En 2022, el Congreso avanzó en la defensa del derecho al acceso a la información. Después de casi dos años y por presión de distintos sectores, el entonces presidente Iván Duque firmó la ley que restablecía los términos que tienen las entidades para responder a derechos de petición, que durante la pandemia habían sido ampliados. Además, se aprobó el Acuerdo de Escazú, el cual trae más garantías para el acceso a la información sobre temas ambientales. Por otro lado, se inició el trámite para la creación de un fondo especial para la protección de la prensa en Colombia. Esto se dio como cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Jineth Bedoya vs. Colombia.
(Ilustración de banner: Abriella Corker)
