Alrededor del 96 por ciento de los casos de asesinatos de periodistas y otros trabajadores de los medios de Honduras permanecen en la impunidad, según cifras recibidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que publicó recientemente el informe ‘Situación de derechos humanos en Honduras’.
Si bien la CIDH reconoció que los altos niveles de violencia del país afectan a toda la población, consideró que periodistas y comunicadores son un “grupo especialmente vulnerable” al constatar “la grave situación de inseguridad en la que laboran”.
La situación de violencia contra periodistas y comunicadores se agudizó en el país tras el golpe de Estado de 2009 durante el gobierno de Manuel Zelaya, señaló el informe. De acuerdo con éste, 50 trabajadores de los medios han sido asesinados entre 2003 y 2014. Para el primer semestre de 2015, la CIDH ya tenía conocimiento de 8 homicidios.
Según las cifras que maneja el informe, en solo 4 de los 50 casos las autoridades han dictado sentencias condenatorias. Y en ninguno de los casos se han identificado a los autores intelectuales de los crímenes.
“La impunidad de estos crímenes es el resultado de la inoperancia y debilidad institucional de los órganos encargados en la investigación y juzgamiento de estos delitos, del incumplimiento de los estándares internacionales en el desarrollo de investigaciones efectivas, así como de los altos niveles de corrupción e influencia de las organizaciones criminales en las fuerzas de seguridad y poder judicial”, señala el informe.
Para la Comisión, el crimen organizado, en presunta complicidad con funcionarios públicos y miembros de las fuerzas de seguridad, es la mayor amenaza para los periodistas especialmente para aquellos que cubren temas relacionados con corrupción, narcotráfico, delincuencia organizada, seguridad pública y disputas territoriales.
Uno de los aspectos más preocupantes es que como consecuencia de investigaciones no efectivas, no se ha podido determinar si estos crímenes están relacionados con el ejercicio de su profesión. No obstante, en muchas ocasiones las investigaciones impulsan la idea de que los asesinatos no están vinculados con su trabajo, informaron a la CIDH algunas organizaciones del país.
“Las autoridades no deben descartar el ejercicio del periodismo como un móvil del asesinato y/o agresión antes de que se complete la investigación”, señaló el informe.
Además de asesinatos, el informe también registró un incremento en el número de amenazas y agresiones en contra de los periodistas. La mayoría de estos casos no son denunciados formalmente debido a la falta de confianza hacia las autoridades.
Algunos de los casos que menciona el informe es el de los periodistas de Radio Goblo y Globo TV quienes se ven constantemente amenazados de muerte y hostigados. Su director, David Romero, además de recibir amenazas tras la publicación de una invesigación sobre el presunto desvío de fondos de una institución oficial, también se encuentra en un proceso judicial acusado de difamación cargo por el que podría enfrentar hasta 8 años de prisión.
En este sentido, la CIDH recordó la necesidad de implementar un mecanismo de protección especializado para periodistas. Por eso, calificó como un avance la aprobación de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia en abril de 2015.
Para la Comisión, esta ley establece algunos aspectos positivos como la ampliación en la definición de periodista, la participación de representantes de la prensa y de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Protección, el establecimiento de normas para implementar medidas cautelares, así como de un procedimiento rápido para proteger a periodistas en “riesgo inminente de sufrir graves daños”.
Según informó el gobierno de Honduras a la CIDH, hasta julio de 2015, eran 21 periodistas los que contaban con medidas de seguridad internas tomadas tras petición de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos.
Libertad de expresión, más allá de las agresiones
El informe también da cuenta de otras formas a través de las cuales se estaría afectando la libertad de expresión en el país. Así por ejemplo, la falta de diversidad en los medios comunicación fue una de las preocupaciones expresadas por la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
La organización hizo hincapié en la dificultad que presentan las radios comunitarias para acceder a alguna concesión, lo que, dice, ha promovido la concentración mediática.
El uso de acciones legales contra la libertad de expresión también ocuparon parte del informe. De acuerdo con éste, el número de acciones penales por los delitos de difamación e injurias ha crecido en los últimos años.
Sobre este tema, el caso más significado ha sido el de Julio Ernesto Alvarado quien en diciembre de 2013 fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por el delito de “difamación por expresiones constitutivas de injurias”. Alvarado fue condenado a un año y cuatro meses de prisión e inhabilitado para ejercer el periodismo durante el tiempo de la condena, entre otras disposiciones.
Un caso por el que la CIDH dictó medidas cautelares en beneficio de Alvarado, las cuales no han sido tenidas en cuenta por parte del Estado, según el informe.
Honduras estudia el anteproyecto de ley para reformar el Código Penal con el propósito de despenalizar los delitos de injuria, calumnia y difamación.
Aunque la Comisión lo calificó como un hecho positivo, invitó al gobierno a avanzar en este proceso de reforma para evitar el uso del “derecho penal como una herramienta de intimidación que afecte la libertad de expresión, especialmente cuando son utilizados por funcionarios públicos para silenciar la crítica”.
El acceso a la información pública, así como la ley que permite la intervención de las comunicaciones fueron analizadas en el documento.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
