La creciente violencia que azota a México en los últimos años es tan brutal que logró eclipsar otros problemas que enfrenta la prensa en el país, como la censura, la falta de capacitación y vacíos de regulación, afirmaron reportes sobre el estado de la libertad de expresión y prensa en el país en 2010.
El documento “El Derecho a la libertad de expresión y el ejercicio periodístico”, editado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH) y publicado el 12 de enero, sostuvo que las agresiones en contra de los medios y periodistas, que son asesinados “casi por cualquier cosa” en México”, son sólo una parte de los desafíos que enfrenta el sector.
“Si ya este contexto es de por sí alarmante, no por ello deben dejarse de lado otros obstáculos que igualmente minan el camino de un desempeño óptimo del ejercicio periodístico, como son el escaso o intermitente acceso a capacitación especializada, el uso direccionado de la publicidad, la censura y los vacíos de una difícil y esquiva autorregulación”, escribió Javier Hernández, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la presentación del reporte.
Según el informe anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF), 57 periodistas fueron asesinados en el mundo el 2010, la cifra más baja desde el 2004, aunque 7 de ellos eran de México, que se ha transformado en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.
“En México, la ultraviolencia de los narcotraficantes pesa sobre el conjunto de la población y, por ende, sobre los periodistas, quienes se encuentran particularmente expuestos a ella”, señala el reporte de RSF. La única diferencia en 2010, que otra vez se vio plagado de amenazas, secuestros y reubicación de periodistas por seguridad, fue que la gravedad de las agresiones dificultó el alcance de la información y la documentación de casos”, afirmó el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).
“Los medios fueron orillados a reservarse en temas de narcotráfico, corrupción y violaciones a derechos humanos para salvaguardar su seguridad”, enfatizó el reporte, que sostuvo que a pesar de las diversas acciones que impulsan organizaciones civiles y agrupaciones internacionales de periodistas en un intento por poner freno a las agresiones, “no ha habido una respuesta clara del Estado en materia de investigación y protección”.
El documento puso como ejemplo el proceso de diálogo que se inició entre el gobierno y la oficina de la ONU-DH para la creación de un Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. Pero remarcó que la iniciativa “no tuvo seguimiento” y que el comité para la implementación de acciones para proteger a la prensa recién se instaló en diciembre. Lo mismo sucedió con el cambio de jefe y nombre de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) en julio, que en el Congreso no pasó de ser un punto de acuerdo.
El informe sobre libertad de expresión de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (disponible en español como documento de PDF) fue elaborado por las periodistas Sanjuana Martínez y Marcela Turati, así como el director para México de Artículo 19, Darío Ramírez, entre otros. En su capítulo, Ramírez llama la atención hacia la censura indirecta a través del control de la publicidad oficial, mientras Martínez y Turati describen los rigores a que están sometidos los periodistas que cubren narcotráfico “entre libretas y uniformados fuertemente armados, entre cuernos de chivo y cámaras, entre granadazos y computadoras”.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
