Dos reporteros y dos camarógrafos desaparecieron el lunes 26 de julio en Gómez Palacio (estado de Durango), donde se desató un escándalo por el uso de reos como sicarios, reportó La Jornada. Los secuestros, atribuidos al crimen organizado, buscarían influir en la cobertura de la prensa.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia denunció la desaparición hace 20 días del cineasta y reportero gráfico independiente Rodolfo Flórez en el puerto de Buenaventura. Según EFE, llamadas anónimas a su familia han pedido “no buscarlo”.
El Ministerio Público acusó a Perla Jaimes, quien es abogada de Guillermo Zuloaga y representante legal del canal opositor Globovisión, por presunta obstaculización de una orden judicial durante el allanamiento a la casa del empresario en mayo pasado, reportó El Carabobeño.
En declaraciones a la fiscalía, un ex funcionario de inteligencia aseguró que el presidente Álvaro Uribe y algunos de sus colaboradores sabían de los seguimientos e interceptaciones telefónicas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a magistrados, políticos de oposición, periodistas y defensores de derechos humanos. El comprometedor testimonio sería la primera prueba de magnitud que vincula al mandatario con el escándalo de espionaje, reportaron El Nuevo Herald y La Silla Vacía.
El periodista boliviano José Pomacusi, director de la revista Poder y Placer y del programa de televisión No Mentiras, pidió respeto a la libertad de expresión al comparecer ante la fiscalía que investiga supuestas actividades terroristas en la ciudad de Santa Cruz, en el este del país, informó la agencias de noticias española EFE.
El informe, elaborado hace dos años y difundido la semana pasada, califica a los periodistas de aceptables o no según sus características ideológicas y recomienda cómo lidear con ellos, incluida la discriminación a la hora de publicar avisos oficiales, reportó la Associated Press (AP). La Asociación de Prensa Uruguaya (APU) aseguró que el documento evoca las acciones de la dictadura militar.
Un reporte especial del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por su nombre en inglés) acusa al gobierno de propiciar “un clima de ilegalidad” que ha llevado a la muerte de nueve comunicadores este año, siete de ellos en apenas dos meses.
El destacado periodista colombiano Hollman Morris podrá viajar finalmente a Estados Unidos y asistir a la Universidad de Harvard como becario del programa Nieman, luego de que el Departamento de Estados diera marcha atrás y le concediera la visa de estudiante que originalmente le negara, reportó la Fundación Nieman.
Periodistas, autoridades y los jefes de la policía en Chihuahua, en el norte de México y uno de los estados más golpeados por la violencia del narcotráfico en los últimos años, iniciaron las discusiones para crear el primer “protocolo de seguridad para periodistas que cubren zonas de riesgo” en el país, informaron Devenir y Ahoramismo.
Cuatro organizaciones de periodistas en Bolivia divulgaron un comunicado en el que denuncian que la nueva Ley del Régimen Electoral, promulgada hace tres semanas, viola la libertad de expresión.
Con los periodistas en la mira del crimen organizado y la impunidad de los crímenes contra reporteros, declarar una guerra editorial contra la corrupción y el narcotráfico puede parecer suicida. Según relata Oscar Medina en Prodavinci, ésa es precisamente la opción del semanario mexicano Zeta, publicado en Tijuana.
“El Impacto de las Tecnologías Digitales en el Periodismo y la Democracia en América Latina y el Caribe”, de Guillermo Franco y publicado por el Centro Knight para el Periodismo en las Américas y el Programa de Medios del Open Society Institute (OSI), está disponible en español e inglés y puede ser descargado gratuitamente en formato PDF desde el sitio web del Centro Knight.