La salida de dos periodistas de Ecuador tras recibir amenazas de muerte es la más reciente evidencia del aumento de la inseguridad de estos profesionales en el país. En el exilio, Karol Noroña habló con LJR sobre el contexto, documentado por organizaciones de la sociedad civil, del fortalecimiento del crimen organizado y la inacción estatal para proteger a los periodistas.
En el panel “Cómo investigar la corrupción en el norte de México”, dentro del festival “Contra el Olvido”, en el estado de Tamaulipas, las periodistas Melva Frutos, Ana Victoria Félix, Priscila Cárdenas y Shalma Castillo contaron cómo se enfrentan a amenazas, falta de recursos e indiferencia de la sociedad en su intento por hacer reportajes de investigación sobre inseguridad y corrupción.
Las periodistas Catalina Ruiz-Navarro, de Colombia, y Graciela Tiburcio Loayza, de Perú, cuentan sus testimonios sobre el acoso judicial del que son objeto hace años por ejercer su profesión. Estas son las consecuencias por hacer públicas denuncias por abuso y acoso sexual contra hombres con poder.
Frente al aumento de la violencia contra la prensa en América Latina, dos periodistas de Sudamérica impulsan una Ley Modelo de protección a periodistas que se podrá aplicar en todo el mundo. Chile es el país que más ha avanzado en este sentido. Paraguay, México y Brasil, le siguen.
Ante el avance del crimen organizado sobre las instituciones paraguayas y la casi total impunidad en los casos de periodistas asesinados, organizaciones de defensa de la libertad de expresión de ese país presentarán en abril un proyecto de ley que contempla la creación de mecanismos de protección individual, colectiva y psicosocial a miembros de la prensa.
Autores de la investigación “Ejército Espía” no descartan acudir a instancias internacionales para llevar justicia a víctimas del spyware Pegasus en México, tras revelar que el espionaje a periodistas y activistas en ese país viene de un centro de inteligencia militar secreto y con conocimiento del Secretario de Defensa.
Más de 200 amenazas y dos asesinatos de periodistas registró la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia durante 2022. En el marco del Día del Periodista del país, que se conmemora este 9 de febrero, la FLIP publicó su informe anual en el que encontró que la violencia contra la prensa se mantiene: hay pocos avances para una prensa atacada por grupos armados y funcionarios públicos.
Con un 2022 que terminó como el más mortífero para periodistas en los últimos cinco años, preocupación y preguntas surgieron en organizaciones de libertad de prensa. Para expertos, mientras no exista una política integral enfocada en la prevención, protección y procuración de justicia en los casos de crímenes contra periodistas difícilmente el panorama va a cambiar. También se necesita el apoyo de la sociedad: que entienda y defienda la libertad de prensa como un derecho colectivo.
El gobierno brasileño anunció la creación del Observatorio Nacional de Violencia contra Periodistas, una demanda de las organizaciones de defensa de la libertad de prensa y de periodistas. El secretario nacional de Justicia, Augusto de Arruda Botelho, dijo a LJR que la creación del nuevo órgano fue motivada por la “escalada de violencia” contra los periodistas en el país.
A poco más de un mes de la salida del presidente Pedro Castillo, la prensa peruana ha vivido más de 70 casos de agresiones que incluyen golpes, insultos y vandalización de equipo e instalaciones por parte de manifestantes, así como amenazas, obstaculización de coberturas y hasta un ataque con balas de goma a manos de policías.
Al menos 12 periodistas fueron agredidos físicamente, robados o amenazados de muerte por grupos bolsonaristas mientras cubrían los actos terroristas perpetrados por partidarios del expresidente brasileño Jair Bolsonaro el pasado 8 de enero en Brasilia. Miles de ellos asaltaron y vandalizaron el Congreso Nacional, el Palacio del Planalto y el Tribunal Supremo ante la inacción de los policías presentes, que en más de un caso se negaron también a socorrer a los periodistas.
Al menos seis periodistas fueron víctimas de despojo, intimidación e impedimentos para realizar su trabajo por parte de miembros del crimen organizado durante la ola de violencia desatada el 5 de enero en la capital del estado de Sinaloa a raíz de la aprehensión de Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo”.