Datos estadísticos demuestran que en los últimos tres años, la respuesta más común del Ministerio Público de Guatemala a los casos de ataques contra periodistas fue la desestimación. Solo un 1 por ciento de los expedientes llega a tener una condena. En la gestión de la Fiscal General Consuelo Porras el presupuesto para investigar los crímenes contra este gremio se redujo en un 77 por ciento.
La única oficina que existe en Honduras para investigar violencia contra periodistas y proteger a este sector vulnerable es la FEPRODDHH. Pero solo cuenta con cinco fiscales —todos concentrados en Tegucigalpa— sin investigadores asignados y sin competencia jurídica para investigar casos de homicidios o asesinatos.
Ataques con piedras, palos, líquidos hirviendo, amenazas e impedimento de acceso a la información son algunas de las agresiones que ha experimentado la prensa durante su cobertura de lo que va de las protestas que iniciaron el 13 de junio en Ecuador.
Los asesinatos del periodista británico Dom Phillips y del indigenista brasileño Bruno Pereira atrajeron la atención nacional e internacional sobre la región amazónica donde se unen las fronteras entre Brasil, Perú y Colombia. Del lado brasileño, la ausencia de Estado y la fuerte presencia del crimen organizado inhiben a los comunicadores locales a informar sobre actividades ilegales.
En toda América Latina, los gobiernos han intentado diferentes modelos para investigar y perseguir los ataques contra los periodistas. Es evidente que no existe un modelo unificado para crear una oficina de investigación y persecución de este tipo de delitos. Algunos países tienen fiscales especiales, mientras que otros tienen unidades de investigación. Además, los resultados de sus esfuerzos son a menudo difíciles de seguir, según los expertos.
LatAm Journalism Review escuchó a amigos, compañeros de trabajo y familiares del periodista brasileño Tim Lopes, asesinado el 2 de junio de 2002. El caso provocó profundos cambios en las empresas periodísticas, con la implementación de medidas de seguridad y la reducción de la cobertura en zonas de riesgo. Sin embargo, los periodistas brasileños se sienten tan o más vulnerables hoy que hace 20 años.
La periodista chilena Francisca Sandoval murió días después de recibir un impacto de bala en la cabeza mientras cubría las violentas marchas del 1 de mayo por el Día del Trabajador en el país. El Ministerio Público chileno detuvo a tres sospechosos y anunció también que se ha abierto una investigación al cuerpo policial.
Familiares, colegas y organismos nacionales e internacionales exigen justicia y garantías para el ejercicio del periodismo libre de violencia en México, tras los asesinatos de las periodistas Yesenia Mollinedo y Johana García el 9 de mayo, y del columnista Luis Enrique Ramírez, el 5 del mismo mes.
La Asociación de Periodistas de El Salvador presentó en 2018 una propuesta de ley para protección de periodistas. Luego de casi tres años, el esfuerzo se truncó. La iniciativa fue enviada al archivo cuando el partido oficialista Nuevas Ideas tomó el control de la Asamblea Legislativa. Los partidos que a última hora retomaron la discusión se responsabilizan entre sí de la falta de aprobación.
Hace exactamente una década Guatemala se había comprometido a crear un plan para proteger a trabajadores de la prensa ante los crecientes ataques. Eso ocurrió en 2012 y a la fecha el plan no se ha concretado.