La torre de comunicaciones de una estación de radio comunitaria fue destruida, en la madrugada del martes 6 de marzo, en Santo Antônio do Leverger, a 32 km de Cuiabá, capital del estado de Mato Grosso. El periodista responsable de la emisora, Júlio Pedroso, cree que el acto vandálico tiene motivaciones políticas, de acuerdo con el sitio de noticias Gazeta Digital.
Un periodista fue secuestrado por delincuentes armados en la noche del miércoles 7 de marzo, mientras esperaba a su novia a la salida de una universidad en el municipio de Aracaju, capital del estado brasileño de Sergipe, informó el portal de noticias G1.
La justicia brasileña condenó a la empresa responsable del portal de noticias 24HorasNews a pagar una indemnización de 50.000 reales (28.000 dólares aproximadamente) a la empresa Folha da Manhã S.A., que edita el diario Folha de S.Paulo, por por daños morales debido a la violación de los derechos de autor, informó el sitio de noticias Prosa e Política.
El jueves 1º de marzo, el Tribunal de Justicia del estado brasileño de São Paulo desestimó por improcedente la demanda de indeminzación presentada por la Iglesia Universal del Reino de Dios contra la empresa Folha da Manhã, que edita el diario Folha de S.Paulo, informó O Globo.
Un juez en Curitiba, Brasil, ordenó al club de fútbol Atlético Paranaense que permita al periodista Osmar Antônio hacer su trabajo, bajo pena de multas de 29.000 dólares por cada acto contra el reportero, quien trabaja para Banda B, informó UOL Esporte. El fallo fue publicado el miércoles 29 de febrero.
Un reportero brasileño fue detenido y fichado por desacato a la autoridad el martes 28 de febrero mientras recopilaba información sobre un accidente aéreo en la ciudad amazónica de Manaos, reportó el sitio Portal Amazônia.
Un reportero denunció agresiones del presidente del consejo municipal de Matozinhos, municipio de Minas Gerais al sureste de Brasil, después de reunirse el lunes 27 de febrero en la que el Consejo aprobó un incremento salarial del 34%, informó el diario Folha de S. Paulo.
El cuatro veces ganador del premio más importante de periodismo en Brasil, Prêmio Esso de Jornalismo, el reportero Lúcio Flávio Pinto, anunció que no apelará la sentencia judicial por la que fue condenado a pagar unos 4.600 dólares de indemnización por daños morales a los herederos de un empresario denunciado por la apropiación ilícita de tierras en el estado de Pará, reportó Estado de S. Paulo.
Luego de hablar con amigos y parientes de la víctima, los investigadores que indagan sobre la muerte del brasileño Paulo Roberto Cardoso Rodrigues reforzaron la tesis de que el periodista fue asesinado por el contenido de sus reportajes, informó el sitio Midiamax. Una de las personas que prestó declaración fue el reportero paraguayo Cándido Figueiredo, alertado por la policía brasileña sobre un plan para matarlo motivado por su cobertura del narcotráfico en la frontera.
El sitio de noticias Congresso em Foco fue absuelto en primera instancia en uno de los procesos judiciales en su contra después de publicar una serie de reportajes sobre la existencia de salarios por encima de lo permitido por la constitución los cuales han sido pagados a políticos, autoridades y funcionarios de las tres ramas del poder público, informó el Foro por el Derecho al Acceso de la Información Pública.
Asociaciones nacionales e internacionales de periodismo emitieron un comunicado en el que rechazaron el atentado que acabó con la vida del periodista Paulo Roberto Cardoso Rodrigues, conocido como Paulo Rocaro, en la madrugada del lunes 13 de febrero en Ponta Porã, en la frontera con Paraguay. Rocaro era el jefe de redacción de Jornal da Praça y de Merco Sul News, donde escribía a menudo sobre política y narcotráfico.
En una nota titulada "¿Vencerá aquel que se apropia ilegalmente de tierras?", publicada el sábado 11 de febrero, el editor del Jornal Pessoal, Lúcio Flávio Pinto, explica que el Tribunal Superior de Justicia de Brasil rechazó su recurso en la demanda presentada por una de las mayores empresas contratistas del país y lo condenó a pagar una indemnización por daños morales de unos 4.600 dólares (valor que será ajustado cuando se ejecute la sentencia), informó el site Socioambiental.