En Honduras, el periodista Jairo López acusó al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, de organizar una campaña de desprestigio en su contra a través de las redes sociales, informó Tiempo Digital.
El gobierno de Bolivia estrenó el controvertido y anunciado documental de 80 minutos de duración, “El Cártel de la Mentira”, el cual generó gran rechazo entre las asociaciones de periodistas, activistas y ciudadanos de ese país sudamericano. El documental fue realizado por encargo del ministro de la presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, y contiene ataques contra la prensa independiente del país.
En la última semana, tanto la periodista mexicana Carmen Aristegui como el medio que ella dirige, Aristegui Noticias, han denunciando una serie de hechos que aún sin saber si están vinculados entre sí cuestionan qué tan segura se encuentra la comunicadora y su equipo en el país.
Adela Navarro Bello, codirectora del semanario mexicano Zeta, que tiene sede en el estado de Baja California, denunció a través de un editorial un presunto plan por parte de las autoridades del estado de adelantar una campaña de desprestigio en su contra.
Un juez boliviano archivó el proceso legal en contra del periodista Humberto Vacaflor que fue iniciado después de que el presidente del país, Evo Morales, presentara una demanda penal contra el periodista por difamación.
Por solicitud de la fiscalía, un juzgado penal de Bogotá, Colombia, accedió a precluir (dar por finalizada) la investigación por injuria en contra del periodista Juan Esteban Mejía Upegui, informó el diario El Espectador.
Anulan la condena de Rafael León Rodríguez, periodista peruano que el 3 de mayo fue sentenciado por difamación agravada a un año de prisión suspendida y al respectivo pago de una reparación civil de S/.6.000 nuevos soles (cerca de US$1.800 dólares), informó La República.
En Honduras, el periodista investigativo Ariel Armando D’Vicente Jarquín, de 48 años, fue condenado a tres años de prisión por el delito de difamación en perjuicio del exjefe policial, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés).
Los legisladores de San Vicente y las Granadinas aprobaron el 12 de agosto la Ley de Delitos Informáticos 2016 (Cybercrimen Act 2016), la cual puede otorgar hasta dos años de prisión por difamación cometidos en línea.
La sentencia condenatoria por difamación contra un periodista peruano que fue acusado por el expresidente del país Alan García Pérez fue anulada.