La suspensión del apoyo del gobierno estadounidense dejó a decenas de redacciones latinoamericanas peleando por no desaparecer. Aunque algunas están explorando nuevas fuentes de ingresos, la mayoría aún enfrenta una dura batalla por su sostenibilidad.
Una nueva y agresiva ley que grava el financiamiento extranjero, así como detenciones de críticos del gobierno, apuntan a un giro autoritario cada vez más profundo en El Salvador.
Una corte de El Salvador condenó a tres exmilitares a 15 años de prisión por ordenar una emboscada en la que murieron cuatro periodistas holandeses durante la guerra civil. Es la primera vez que un crimen de lesa humanidad documentado por la Comisión de la Verdad de la ONU resulta en una condena en El Salvador.
El Faro, principal medio de investigación de El Salvador, afirma que el gobierno prepara órdenes de detención contra sus periodistas, tras la publicación de entrevistas que vinculan el ascenso político del presidente Nayib Bukele con el apoyo de las pandillas.
Mientras líderes autoritarios de América Latina desacreditan a medios financiados por entidades de Estados Unidos, periodistas argumentan que estos fondos no dictan sus agendas, sino que apoyan la labor informativa en contextos represivos.
Las mujeres periodistas de El Salvador se enfrentan a incesantes abusos en línea, incluidas amenazas sexuales y calumnias. Algunas optan por la autocensura y ausentarse de los espacios públicos y en línea.
Periodistas de El Salvador están creando sus propias bases de datos, investigando denuncias ciudadanas y cultivando fuentes anónimas para hacer al gobierno rendir cuentas.
Dos casos judiciales que buscan cerrar el caso de la emboscada y asesinatos de cuatro periodistas holandeses en El Salvador en 1982 están actualmente abiertos en Estados Unidos y en el país centroamericano.
Legisladores de izquierda y derecha están elaborando leyes de “agentes extranjeros” para, según dicen, proteger la soberanía nacional. Pero estas leyes también amenazan a los medios de comunicación independientes que dependen de la financiación internacional.
Emisoras comunitarias de Guatemala, El Salvador y Honduras, que enfrentan represión, dificultades económicas y falta de acceso a frecuencias de radio, piden ayuda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Microsoft y Google son algunas de las empresas que piden a un tribunal de California que reconsidere un caso que, según ellas, tiene consecuencias mundiales para la libertad de prensa y la democracia.
Lalo de Almeida (Brasil); Carlos Ernesto Martínez, de El Faro (El Salvador); John Otis, de NPR y del Comité para la Protección de los Periodistas; y Frances Robles, de The New York Times, (Estados Unidos) recibirán las Medallas de Oro del Premio Maria Moors Cabot 2024. El medio InSight Crime y la periodista argentina Laura Zommer recibirán Menciones Especiales.