Abogados del Knight First Amendment Institute de la Universidad de Columbia esperan que NSO Group, el fabricante del spyware Pegasus, sea obligado a rendir cuentas en medio de su demanda en nombre de periodistas salvadoreños. Reporteros del sitio de noticias El Faro creen que la demanda sentará un precedente importante para la protección de los periodistas en todo el mundo.
Quince periodistas del medio digital salvadoreño El Faro presentaron una demanda ante una corte de Estados Unidos contra NSO Group, la empresa israelí que fabrica el programa espía Pegasus. “Es necesario sentar precedente para que las empresas que promueven este mercado de espionaje y los clientes que ejecutan este programa sepan que sus acciones tienen consecuencias”, dijo Julia Gavarrete, una de las periodistas demandantes.
Ante la reciente escalada de ataques a las libertades de prensa y expresión en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, profesionales de estos países se unieron para crear la Red Centroamericana de Periodistas. La guatemalteca Marielos Monzón, una de las fundadoras de la Red, habló con LJR sobre los objetivos y líneas de trabajo de esta iniciativa en defensa del periodismo y del derecho de los ciudadanos a estar informados.
Carlos Dada y su equipo de El Faro han iluminado rincones oscuros de su país y la región circundante desde que cofundó el medio —el primero netamente digital de América Latina— junto al empresario Jorge Simán en 1998. Por ello, está en la mira de un gobierno salvadoreño cada vez más autoritario.
Según la red Voces del Sur, 171 periodistas de la región -de las cuales 75 son mujeres- tuvieron que exiliarse en 2020 y 2021 para salvarse de encarcelamientos arbitrarios o incluso de atentados contra su vida. Para entender este preocupante éxodo de periodistas, GIJN habló con reporteros exiliados y exiliadas de Nicaragua, El Salvador, Cuba y Colombia, para que compartieran su experiencia enfrentándose a la persecución estatal y criminal que les llevó al exilio.
Las mujeres periodistas en Cuba, Venezuela, Nicaragua y El Salvador deben enfrentarse a comentarios misóginos, amenazas a su integridad física y su entorno familiar, y violaciones a su privacidad. En esta nota conocemos las experiencias de mujeres que han ejercido el periodismo en estos países.
La Asociación de Periodistas de El Salvador presentó en 2018 una propuesta de ley para protección de periodistas. Luego de casi tres años, el esfuerzo se truncó. La iniciativa fue enviada al archivo cuando el partido oficialista Nuevas Ideas tomó el control de la Asamblea Legislativa. Los partidos que a última hora retomaron la discusión se responsabilizan entre sí de la falta de aprobación.
Abogados señalaron el rol clave del apoyo de organismos de defensa de la libertad de expresión en el proceso contra el comunicador y esperan que su caso siente precedentes para que peticiones de asilo de periodistas perseguidos sean tomados con más seriedad por las cortes de inmigración.
Las historias sobre pandillas y organizaciones criminales, las zonas de frontera con la ambigüedad de sus límites y jurisdicciones, los pueblos urbanos marginales o una simple plaza central de una ciudad tomada por cárteles del narcotráfico son algunos de los temas y escenarios latinoamericanos en donde los periodistas de la región pueden encontrar sus mejores reportajes o una situación de vida o muerte.
Tres semanas después de que se divulgara que decenas de periodistas en El Salvador fueron objeto de espionaje digital, la Asamblea Legislativa del país aprobó una nueva legislación que crea la figura del “agente secreto digital” y permite a la policía acceder a dispositivos electrónicos y recopilar datos para ser procesados y utilizados como pruebas en procesos judiciales.
Una investigación confirma que los teléfonos de 30 periodistas salvadoreños fueron intervenidos con el software de espionaje Pegasus. El programa fue desarrollado por la compañía israelí NSO Group. En algunos casos, los datos de las intervenciones coinciden con la realización de investigaciones periodísticas sobre el escenario político de El Salvador. Esas intervenciones permiten total control de los dispositivos: mensajes, llamadas y extracción de datos almacenados.
Se espera que la Asamblea Legislativa de El Salvador apruebe la Ley de Agentes Extranjeros que impondría un impuesto del 40% a todas las transacciones financieras de las organizaciones sociales y periodísticas, en su mayoría críticas e independientes, del país que reciben fondos provenientes del extranjero.