Los usuarios de Twitter en la Ciudad de México han enfadado a las autoridades al revelar la ubicación de puestos de revisión de alcoholemia en conductores y tanto secuestradores como narcotraficantes están usando Facebook y MySpace para comunicarse entre ellos. En respuesta, los legisladores han propuesto una ley que restrinja las redes sociales y cree una fuerza policial para monitorearlos, reporta GlobalPost. (La Associated Press tiene esta nota en español sobre la materia).
La letanía de ataques a la libertad de prensa suma y sigue. El Ministerio de Comunicación e Información pidió a la fiscalía que sancione al diario Tal Cual por publicar un editoral que en tono de sátira describe a una Venezuela imaginaria sin Chávez, reportó ABC.
Miembros de la Policía Nacional Revolucionaria detuvieron a Juan Carlos Reyes Ocaña cerca de su casa en Holguín el viernes 29 de enero y lo trasladaron a un cuartel bajo acusación de desacato, desobediencia y actividad económica ilícita, reportaron Cubanet y Reporteros Sin Fronteras (RSF).
Jorge Ochoa Martínez fue asesinado en Ayutla de un balazo en la cabeza, en medio de la ola de violencia que azota al sureño estado de Guerrero. Ochoa era director del semanario regional El Sol de la Costa y es el tercer periodista asesinado en México en lo que va del año, reportó El Universal.
A través de un concurso público, las 14 nacionalidades indígenas del país podrán presentar proyectos de comunicación que les permitan la adjudicación de frecuencias bajo la modalidad de radios comunitarias, reportó El Telégrafo.
Desde que Nayib Bukele asumió la Presidencia de El Salvador el 1 de junio de 2019, periodistas del país señalan que las instituciones y funcionarios públicos son fuentes cada vez menos accesibles
Desde que el gobierno salvadoreño impuso la cuarentena domiciliaria obligatoria el 21 de marzo debido a la pandemia del nuevo coronavirus, una serie de restricciones del Ejecutivo ha venido afectando de diversas formas el acceso a la información y a la libertad de expresión.
Human Rights Watch (HRW) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) alertaron esta semana que los gobiernos están utilizando la pandemia del nuevo coronavirus para publicar medidas que amenazan la libertad de expresión. Ambas organizaciones citaron el caso de Bolivia, y el CPJ resaltó también la situación en Puerto Rico.
El curso “Marco Jurídico Internacional de la libertad de expresión, acceso a la información pública y protección de periodistas”, que ya ha llegado a casi 10.000 operadores judiciales en la región, coincide en esta oportunidad con la crisis que enfrenta el mundo por la pandemia del COVID-19. Las postulaciones cierran este 5 de abril.
El 2019 fue el año con “el mayor retroceso histórico” en cuanto al deterioro de la libertad de la información y de expresión en Venezuela, señaló el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela.
En medio del declive global de la libertad de expresión, Nicaragua es uno de los países que ha visto un sostenido y gran deterioro de la libertad de expresión, mientras que Cuba “lidera la carrera regional hacia el nivel más bajo” en las Américas.
El Secretario de Comunicación Social de la Presidencia de la República de Brasil, Fábio Wajngarten, acusó al diario Folha de S. Paulo de “defender una conspiración para la salida” del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, y de “predicar falta de respeto, mentiras e intentos frustrados de desmoralizarlo”, en un artículo publicado en el propio periódico este 2 de diciembre.