A lo largo de más de 40 libros, el periodista y escritor argentino Martín Caparrós ha relatado las contradicciones que definen a naciones e individuos. Ahora, frente a un diagnóstico de una enfermedad degenerativa, mira hacia su interior para explorar la memoria, la identidad y una vida dedicada al relato de historias.
Claudia Duque lleva dos décadas luchando por la justicia tras ser perseguida y amenazada por agentes del gobierno. Ahora que el Estado planea ofrecer una disculpa, ¿por qué se niega a aceptarla?
Cada vez más programas de periodismo en América Latina están incorporando cursos sobre emprendimiento. Sin embargo, persisten retos como la dificultad para actualizar al profesorado y la burocracia institucional.
El periodismo independiente en Venezuela enfrenta una grave crisis debido a la censura, persecución y falta de financiamiento, situación que ha motivado iniciativas solidarias como la Vaca Mediática. Esta actividad busca no solo financiar el trabajo periodístico, sino también enviar un mensaje de unidad y resistencia frente a la represión.
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El periodismo venezolano está en crisis. Por años organizaciones no gubernamentales han denunciado el cierre y el bloqueo sistemático de portales informativos. Sin embargo, luego de las elecciones presidenciales de 2024, la persecución y criminalización de la profesión sumado al corte de fuentes de financiamiento internacional han llevado al periodismo independiente al borde del abismo.
Como una forma de salvar al periodismo que aún resiste dentro del país, la plataforma de medios en Latinoamérica Connectas organizó, el pasado 17 de mayo, un teletón para recaudar fondos.
El evento llevó por nombre la Vaca Mediática. En el español de Venezuela, la palabra vaca, además de ser el nombre del mamífero hembra que proporciona carne y leche, hace referencia a la recaudación de fondos que suele organizarse en torno a una fiesta para que todos los asistentes puedan colaborar.
Con el dinero recaudado, según dice Connectas en su página web, se pretende garantizar el sueldo de los trabajadores involucrados en el funcionamiento diario de los medios independientes, resguardar la seguridad de periodistas y equipos de trabajo, modernizar herramientas tecnológicas y narrativas y capacitar al personal para seguir innovando en la región.
Por Katherine Pennacchio
Foto: captura de pantalla
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El periodismo venezolano está en crisis. Por años organizaciones no gubernamentales han denunciado el cierre y el bloqueo sistemático de portales informativos. Sin embargo, luego de las elecciones presidenciales de 2024, la persecución y criminalización de la profesión sumado al corte de fuentes de financiamiento internacional han llevado al periodismo independiente al borde del abismo.
Como una forma de salvar al periodismo que aún resiste dentro del país, la plataforma de medios en Latinoamérica Connectas organizó, el pasado 17 de mayo, un teletón para recaudar fondos.
El evento llevó por nombre la Vaca Mediática. En el español de Venezuela, la palabra vaca, además de ser el nombre del mamífero hembra que proporciona carne y leche, hace referencia a la recaudación de fondos que suele organizarse en torno a una fiesta para que todos los asistentes puedan colaborar.
Con el dinero recaudado, según dice Connectas en su página web, se pretende garantizar el sueldo de los trabajadores involucrados en el funcionamiento diario de los medios independientes, resguardar la seguridad de periodistas y equipos de trabajo, modernizar herramientas tecnológicas y narrativas y capacitar al personal para seguir innovando en la región.
Por Katherine Pennacchio
Foto: captura de pantalla
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O Projor - Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo lançou a segunda fase do Fundo de Inovação para o Combate à Desinformação (Codesinfo), focada na divulgação e disseminação de cinco ferramentas digitais de código aberto criadas para reforçar o combate à desinformação online. Desenvolvidas por veículos brasileiros no final de 2024, as soluções estão disponíveis gratuitamente para qualquer organização jornalística do Brasil e do exterior.
Para alcançar veículos internacionais, Francisco Belda, diretor de Operações do Projor e coordenador do Codesinfo, disse que o site do Codesinfo está sendo traduzido para o inglês e o espanhol, e os veículos parceiros que criaram as ferramentas estão recebendo apoio em atividades de network para divulgar as soluções.
"Acreditamos que as cinco ferramentas fortalecem o jornalismo cívico de forma geral," disse Belda à LatAm Journalism Review (LJR). "Isso acontece por seu papel na valorização do conceito de autoria (ferramenta Quem Disse?), da checagem de fatos (Check-up), de evidências científicas nas coberturas do meio-ambiente e mudanças climáticas (chatbot Capí), produção de vídeos curtos a partir de reportagens textuais (Mosaico) e do fornecimento de informações contextuais atualizadas (Xarta).”
Por Marta Szpacenkopf
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O Projor - Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo lançou a segunda fase do Fundo de Inovação para o Combate à Desinformação (Codesinfo), focada na divulgação e disseminação de cinco ferramentas digitais de código aberto criadas para reforçar o combate à desinformação online. Desenvolvidas por veículos brasileiros no final de 2024, as soluções estão disponíveis gratuitamente para qualquer organização jornalística do Brasil e do exterior.
Para alcançar veículos internacionais, Francisco Belda, diretor de Operações do Projor e coordenador do Codesinfo, disse que o site do Codesinfo está sendo traduzido para o inglês e o espanhol, e os veículos parceiros que criaram as ferramentas estão recebendo apoio em atividades de network para divulgar as soluções.
"Acreditamos que as cinco ferramentas fortalecem o jornalismo cívico de forma geral," disse Belda à LatAm Journalism Review (LJR). "Isso acontece por seu papel na valorização do conceito de autoria (ferramenta Quem Disse?), da checagem de fatos (Check-up), de evidências científicas nas coberturas do meio-ambiente e mudanças climáticas (chatbot Capí), produção de vídeos curtos a partir de reportagens textuais (Mosaico) e do fornecimento de informações contextuais atualizadas (Xarta).”
Por Marta Szpacenkopf
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Ante el riesgo que enfrentan muchos periodistas al ejercer su profesión en México, dos estados están avanzando propuestas legislativas para proteger – o, según los críticos, en un caso, restringir – el trabajo de la prensa.
En Michoacán, una propuesta conocida como “Ley Mauricio”, nacida del esfuerzo colectivo de reporteros y activistas tras el asesinato del periodista Mauricio Cruz Solís, en octubre de 2024, busca criminalizar el discurso de odio contra la prensa y fortalecer los mecanismos de protección. En Puebla, una iniciativa de ley presentada por un legislador sin consulta previa a los profesionales de la prensa ha provocado una reacción negativa de periodistas y expertos.
Los dos proyectos, nacidos de forma independiente, exponen diferentes respuestas a un mismo problema nacional: ¿cuál es la mejor manera de garantizar la seguridad y la libertad de los periodistas en un país donde, sólo en 2025, cuatro periodistas ya han sido asesinados – y donde, el año pasado, fueron ocho? Los diferentes contextos entre Michoacán y Puebla revelan desafíos comunes en la construcción de una legislación efectiva y en cómo aprobarla y cumplirla. El caso de Puebla también revela el riesgo de instrumentalización política de la agenda, utilizando la amenaza de protección como excusa para el control político, según dicen críticos de la iniciativa.
En Michoacán, la iniciativa es liderada por periodistas locales organizados en el colectivo Ni Uno Más. La Ley Mauricio prevé cambios al Código Penal estatal y a la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de Michoacán. Uno de los puntos principales es la inclusión del discurso de odio contra periodistas como agravante de los delitos de discriminación. También se propone eliminar disposiciones legales utilizadas para perseguir a periodistas, como el delito de “atentados al honor”, aún vigente en el estado.
Por Katherine Pennacchio and André Duchiade
Foto: Ni Uno Más Michoacán
Ante el riesgo que enfrentan muchos periodistas al ejercer su profesión en México, dos estados están avanzando propuestas legislativas para proteger – o, según los críticos, en un caso, restringir – el trabajo de la prensa.
En Michoacán, una propuesta conocida como “Ley Mauricio”, nacida del esfuerzo colectivo de reporteros y activistas tras el asesinato del periodista Mauricio Cruz Solís, en octubre de 2024, busca criminalizar el discurso de odio contra la prensa y fortalecer los mecanismos de protección. En Puebla, una iniciativa de ley presentada por un legislador sin consulta previa a los profesionales de la prensa ha provocado una reacción negativa de periodistas y expertos.
Los dos proyectos, nacidos de forma independiente, exponen diferentes respuestas a un mismo problema nacional: ¿cuál es la mejor manera de garantizar la seguridad y la libertad de los periodistas en un país donde, sólo en 2025, cuatro periodistas ya han sido asesinados – y donde, el año pasado, fueron ocho? Los diferentes contextos entre Michoacán y Puebla revelan desafíos comunes en la construcción de una legislación efectiva y en cómo aprobarla y cumplirla. El caso de Puebla también revela el riesgo de instrumentalización política de la agenda, utilizando la amenaza de protección como excusa para el control político, según dicen críticos de la iniciativa.
En Michoacán, la iniciativa es liderada por periodistas locales organizados en el colectivo Ni Uno Más. La Ley Mauricio prevé cambios al Código Penal estatal y a la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de Michoacán. Uno de los puntos principales es la inclusión del discurso de odio contra periodistas como agravante de los delitos de discriminación. También se propone eliminar disposiciones legales utilizadas para perseguir a periodistas, como el delito de “atentados al honor”, aún vigente en el estado.
Por Katherine Pennacchio and André Duchiade
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Este año se cumplen ocho años del asesinato del periodista mexicano Javier Valdez, reconocido internacionalmente por su valiente cobertura del crimen organizado, la violencia y la corrupción en el estado de Sinaloa, uno de los epicentros del narcotráfico en México.
Valdez fue ultimado a tiros a plena luz del día el 15 de mayo de 2017 en la ciudad de Culiacán, a unas cuadras de la redacción de Ríodoce, el semanario que cofundó en 2003. Desde entonces, la situación para el periodismo en Sinaloa ha ido de mal en peor.
La violencia en ese estado escaló significativamente en julio de 2024, luego de que autoridades de Estados Unidos detuvieron a Ismael “El Mayo” Zambada, líder histórico del Cártel de Sinaloa. La captura generó una fractura interna en el cártel entre la facción ligada a Zambada y el bando liderado por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Esta ruptura desató una ola de enfrentamientos armados, ejecuciones y episodios de violencia en la vía pública que han convertido a Sinaloa en un campo de batalla entre los grupos rivales. El endurecimiento de la estrategia de seguridad implementado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras tomar el poder y ante presiones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, ha incrementado la tensión en el estado.
En este contexto de violencia recrudecida y amenazas constantes, ejercer el periodismo en Sinaloa es más que nunca una labor de muy alto riesgo. El colega y amigo de Valdez, y también cofundador de Ríodoce, Ismael Bojórquez, reflexionó en entrevista con LatAm Journalism Review (LJR) sobre cómo el legado de Valdez sigue marcando el trabajo del semanario en condiciones para informar cada vez más adversas.
Bojórquez habla del impacto que ha tenido la reciente ola de violencia sobre la libertad de prensa en el estado, de la autocensura y de otros desafíos que enfrenta hoy el periodismo local ante el poder del crimen organizado y la insuficiente acción de las autoridades.
Por César López Linares
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Este año se cumplen ocho años del asesinato del periodista mexicano Javier Valdez, reconocido internacionalmente por su valiente cobertura del crimen organizado, la violencia y la corrupción en el estado de Sinaloa, uno de los epicentros del narcotráfico en México.
Valdez fue ultimado a tiros a plena luz del día el 15 de mayo de 2017 en la ciudad de Culiacán, a unas cuadras de la redacción de Ríodoce, el semanario que cofundó en 2003. Desde entonces, la situación para el periodismo en Sinaloa ha ido de mal en peor.
La violencia en ese estado escaló significativamente en julio de 2024, luego de que autoridades de Estados Unidos detuvieron a Ismael “El Mayo” Zambada, líder histórico del Cártel de Sinaloa. La captura generó una fractura interna en el cártel entre la facción ligada a Zambada y el bando liderado por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Esta ruptura desató una ola de enfrentamientos armados, ejecuciones y episodios de violencia en la vía pública que han convertido a Sinaloa en un campo de batalla entre los grupos rivales. El endurecimiento de la estrategia de seguridad implementado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras tomar el poder y ante presiones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, ha incrementado la tensión en el estado.
En este contexto de violencia recrudecida y amenazas constantes, ejercer el periodismo en Sinaloa es más que nunca una labor de muy alto riesgo. El colega y amigo de Valdez, y también cofundador de Ríodoce, Ismael Bojórquez, reflexionó en entrevista con LatAm Journalism Review (LJR) sobre cómo el legado de Valdez sigue marcando el trabajo del semanario en condiciones para informar cada vez más adversas.
Bojórquez habla del impacto que ha tenido la reciente ola de violencia sobre la libertad de prensa en el estado, de la autocensura y de otros desafíos que enfrenta hoy el periodismo local ante el poder del crimen organizado y la insuficiente acción de las autoridades.
Por César López Linares
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Um dos principais jornalistas investigativos ambientais do Brasil é Hyury Potter, um repórter freelancer que recentemente ganhou o Prêmio Breakthrough Journalism do Pulitzer Center.
O prêmio reconheceu aqueles que se dedicam ao jornalismo investigativo e reportagens aprofundadas sobre “temas frequentemente esquecidos em regiões frequentemente negligenciadas pela grande mídia”.
Nascido e criado na Amazônia, Potter passou sua carreira cobrindo desmatamento ilegal, mineração, má conduta corporativa em terras indígenas e violações de direitos humanos. Graduado pela Universidade Federal do Pará (UFPA), ele trabalhou na redação da Deutsche Welle na cidade alemã de Bonn, em jornais nos estados brasileiros de Santa Catarina e Pará, e teve trabalhos publicados pela Repórter Brasil, BBC Brasil, NBC News, The Intercept, InfoAmazonia e Mongabay.
Entre seus projetos de maior impacto está o Amazônia Minada, um mapa em tempo real que rastreia continuamente solicitações de mineração ilegal em terras indígenas e zonas de conservação, lançando luz sobre ameaças ambientais na região.
Nesta sessão de perguntas e respostas, parte da série da GIJN de entrevistas com importantes jornalistas investigativos, Potter compartilha suas experiências de reportagem na Amazônia, junto com lições e conselhos que ele reuniu ao longo de sua carreira.
Por Andrea Arzaba
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Um dos principais jornalistas investigativos ambientais do Brasil é Hyury Potter, um repórter freelancer que recentemente ganhou o Prêmio Breakthrough Journalism do Pulitzer Center.
O prêmio reconheceu aqueles que se dedicam ao jornalismo investigativo e reportagens aprofundadas sobre “temas frequentemente esquecidos em regiões frequentemente negligenciadas pela grande mídia”.
Nascido e criado na Amazônia, Potter passou sua carreira cobrindo desmatamento ilegal, mineração, má conduta corporativa em terras indígenas e violações de direitos humanos. Graduado pela Universidade Federal do Pará (UFPA), ele trabalhou na redação da Deutsche Welle na cidade alemã de Bonn, em jornais nos estados brasileiros de Santa Catarina e Pará, e teve trabalhos publicados pela Repórter Brasil, BBC Brasil, NBC News, The Intercept, InfoAmazonia e Mongabay.
Entre seus projetos de maior impacto está o Amazônia Minada, um mapa em tempo real que rastreia continuamente solicitações de mineração ilegal em terras indígenas e zonas de conservação, lançando luz sobre ameaças ambientais na região.
Nesta sessão de perguntas e respostas, parte da série da GIJN de entrevistas com importantes jornalistas investigativos, Potter compartilha suas experiências de reportagem na Amazônia, junto com lições e conselhos que ele reuniu ao longo de sua carreira.
Por Andrea Arzaba
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Una encuesta realizada por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) ha revelado un escenario preocupante en la profesión: las mujeres periodistas en Argentina enfrentan diversas formas de violencia en el ejercicio del periodismo, con impactos significativos en su salud mental, su desarrollo profesional e incluso la libertad de expresión en el país.
Los investigadores del estudio "Periodistas Amenazadas: investigar para protegerlas" entrevistaron a 215 periodistas de todas las provincias argentinas y descubrieron que el 70 por ciento de las participantes declararon haber sido víctimas de violencia psicológica dentro de la profesión.
Las cifras también son alarmantes en otros tipos de violencia: 115 participantes dijeron haber sufrido violencia institucional y económica, 88 informaron haber sido víctimas de violencia en línea, 84 mencionaron violencia sexual, 31 dijeron haber enfrentado violencia laboral y 25 dijeron haber sufrido violencia física.
"El estudio indica que las mujeres periodistas se enfrentan a varios tipos de violencia, siendo la violencia psicológica la más común. Hablamos de cosas como el acoso, la violencia institucional, económica y en línea. Un patrón realmente preocupante es que esta violencia no es aislada. Muchas mujeres experimentan estas diferentes formas de violencia al mismo tiempo", dijo Cecilia Bazán, coordinadora de la investigación, a LatAm Journalism Review (LJR).
El primer paso para desarrollar el proyecto, según Bazán, fue planificar cómo cubrir las 23 provincias argentinas. A través de un equipo repartido por las principales regiones del país (Norte, Litoral, Centro, Patagonia y Buenos Aires), se recogieron datos de periodistas y se creó una base de datos con representantes de todas las provincias. Luego, se envió un cuestionario anónimo a esta base de datos y los investigadores se aseguraron de que cada zona geográfica fuera representativa. También se realizaron veinte entrevistas en profundidad a profesionales seleccionados por su experiencia y casos relevantes en cada región.
Por Marta Szpacenkopf
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Una encuesta realizada por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) ha revelado un escenario preocupante en la profesión: las mujeres periodistas en Argentina enfrentan diversas formas de violencia en el ejercicio del periodismo, con impactos significativos en su salud mental, su desarrollo profesional e incluso la libertad de expresión en el país.
Los investigadores del estudio "Periodistas Amenazadas: investigar para protegerlas" entrevistaron a 215 periodistas de todas las provincias argentinas y descubrieron que el 70 por ciento de las participantes declararon haber sido víctimas de violencia psicológica dentro de la profesión.
Las cifras también son alarmantes en otros tipos de violencia: 115 participantes dijeron haber sufrido violencia institucional y económica, 88 informaron haber sido víctimas de violencia en línea, 84 mencionaron violencia sexual, 31 dijeron haber enfrentado violencia laboral y 25 dijeron haber sufrido violencia física.
"El estudio indica que las mujeres periodistas se enfrentan a varios tipos de violencia, siendo la violencia psicológica la más común. Hablamos de cosas como el acoso, la violencia institucional, económica y en línea. Un patrón realmente preocupante es que esta violencia no es aislada. Muchas mujeres experimentan estas diferentes formas de violencia al mismo tiempo", dijo Cecilia Bazán, coordinadora de la investigación, a LatAm Journalism Review (LJR).
El primer paso para desarrollar el proyecto, según Bazán, fue planificar cómo cubrir las 23 provincias argentinas. A través de un equipo repartido por las principales regiones del país (Norte, Litoral, Centro, Patagonia y Buenos Aires), se recogieron datos de periodistas y se creó una base de datos con representantes de todas las provincias. Luego, se envió un cuestionario anónimo a esta base de datos y los investigadores se aseguraron de que cada zona geográfica fuera representativa. También se realizaron veinte entrevistas en profundidad a profesionales seleccionados por su experiencia y casos relevantes en cada región.
Por Marta Szpacenkopf
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Las instalaciones del periódico nicaragüense La Prensa han sido allanadas y confiscadas, sus directores encarcelados y sus periodistas obligados a exiliarse. Sin embargo, en el más reciente ataque del Gobierno de Nicaragua al diario, su gerente general, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, ve pruebas de que su periodismo todavía incide en el país.
“Cada vez que nosotros hacemos una denuncia, un señalamiento, destapamos algún acto de corrupción o alguna violación a los derechos humanos es una estocada para la dictadura, una estocada que les duele”, dijo Holmann a LatAm Journalism Review (LJR). “Cada vez que nosotros desmentimos una de sus mentiras, ellos se retuercen”.
El 3 de mayo, el periódico de 99 años fue reconocido con el Premio Mundial a la Libertad de Prensa UNESCO/Guillermo Cano 2025 en el marco de las celebraciones por el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Ese mismo día, el Gobierno de Nicaragua anunció que se retiraba de la UNESCO en respuesta al premio.
El régimen del Presidente Daniel Ortega y la Copresidenta Rosario Murillo dijo que La Prensa era un “engendro diabólico de antipatria” que representa “la traición a la patria” por supuestamente haber promovido y respaldado “la violencia, injerencia, crímenes de odio, crueldad, anticultura y antivalores”.
Para Holmann, esa reacción reafirma la relevancia y el merecimiento del premio de la UNESCO.
“Cuando reaccionan así, más bien es un aliciente más. Es un reforzamiento del mérito que nos está dando la UNESCO al reconocernos como nos reconocen”, dijo.
El premio fue entregado formalmente a los editores de La Prensa Dora Luz Romero y Fabián Medina el 7 de mayo durante una ceremonia en Bruselas, Bélgica. Miembros del equipo y directivos, incluido Holmann, se hicieron presentes a través de una videoconferencia. El gerente general no pudo asistir por complicaciones migratorias a causa del exilio en el que vive.
Por César López Linares
Foto: Cortesía La Prensa
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Las instalaciones del periódico nicaragüense La Prensa han sido allanadas y confiscadas, sus directores encarcelados y sus periodistas obligados a exiliarse. Sin embargo, en el más reciente ataque del Gobierno de Nicaragua al diario, su gerente general, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, ve pruebas de que su periodismo todavía incide en el país.
“Cada vez que nosotros hacemos una denuncia, un señalamiento, destapamos algún acto de corrupción o alguna violación a los derechos humanos es una estocada para la dictadura, una estocada que les duele”, dijo Holmann a LatAm Journalism Review (LJR). “Cada vez que nosotros desmentimos una de sus mentiras, ellos se retuercen”.
El 3 de mayo, el periódico de 99 años fue reconocido con el Premio Mundial a la Libertad de Prensa UNESCO/Guillermo Cano 2025 en el marco de las celebraciones por el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Ese mismo día, el Gobierno de Nicaragua anunció que se retiraba de la UNESCO en respuesta al premio.
El régimen del Presidente Daniel Ortega y la Copresidenta Rosario Murillo dijo que La Prensa era un “engendro diabólico de antipatria” que representa “la traición a la patria” por supuestamente haber promovido y respaldado “la violencia, injerencia, crímenes de odio, crueldad, anticultura y antivalores”.
Para Holmann, esa reacción reafirma la relevancia y el merecimiento del premio de la UNESCO.
“Cuando reaccionan así, más bien es un aliciente más. Es un reforzamiento del mérito que nos está dando la UNESCO al reconocernos como nos reconocen”, dijo.
El premio fue entregado formalmente a los editores de La Prensa Dora Luz Romero y Fabián Medina el 7 de mayo durante una ceremonia en Bruselas, Bélgica. Miembros del equipo y directivos, incluido Holmann, se hicieron presentes a través de una videoconferencia. El gerente general no pudo asistir por complicaciones migratorias a causa del exilio en el que vive.
Por César López Linares
Foto: Cortesía La Prensa
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En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo, el director y fundador del medio digital salvadoreño El Faro recurrió a las redes sociales para denunciar una amenaza potencial y grave por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele.
Carlos Dada dijo que una fuente informó a El Faro que la Fiscalía General de la República está preparando al menos siete órdenes de arresto contra sus periodistas tras la publicación de entrevistas que revelan presuntos pactos entre el gobierno y pandillas criminales.
La crisis actual fue provocada por la publicación, el 1 de mayo, de una entrevista en tres partes con Carlos Cartagena, alias “Charlie”, exlíder de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios, y con “Liro Man”, un líder de menor rango del mismo grupo criminal. Detallan varios acuerdos entre el gobierno de Bukele y organizaciones criminales. Según las entrevistas, estos pactos datan de cuando Bukele era alcalde de San Salvador en 2015 y continuaron durante su ascenso a la presidencia.
Cartagena, quien según El Faro alcanzó una posición poderosa en el crimen a los 16 años y ahora es buscado por el gobierno, dijo que el grupo recolectó votos para las campañas de Bukele para alcalde de San Salvador y presidente del país.
“Las indicaciones de él era que se tenía que apoyar y se dio la instrucción que se votara por Bukele", dijo Cartagena. "Fuimos parte del apoyo que él necesitó en ese momento. Él no tenía ni partido político".
Desde hace tiempo existen sospechas y rumores sobre un acuerdo entre Bukele y las pandillas, y el propio El Faro ha publicado varios informes al respecto. Esta vez, presentó una declaración de un líder pandillero buscado que dice haber salido de El Salvador con la cooperación del gobierno.
Por André Duchiade
Foto: Casa Presidencial, El Salvador
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En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo, el director y fundador del medio digital salvadoreño El Faro recurrió a las redes sociales para denunciar una amenaza potencial y grave por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele.
Carlos Dada dijo que una fuente informó a El Faro que la Fiscalía General de la República está preparando al menos siete órdenes de arresto contra sus periodistas tras la publicación de entrevistas que revelan presuntos pactos entre el gobierno y pandillas criminales.
La crisis actual fue provocada por la publicación, el 1 de mayo, de una entrevista en tres partes con Carlos Cartagena, alias “Charlie”, exlíder de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios, y con “Liro Man”, un líder de menor rango del mismo grupo criminal. Detallan varios acuerdos entre el gobierno de Bukele y organizaciones criminales. Según las entrevistas, estos pactos datan de cuando Bukele era alcalde de San Salvador en 2015 y continuaron durante su ascenso a la presidencia.
Cartagena, quien según El Faro alcanzó una posición poderosa en el crimen a los 16 años y ahora es buscado por el gobierno, dijo que el grupo recolectó votos para las campañas de Bukele para alcalde de San Salvador y presidente del país.
“Las indicaciones de él era que se tenía que apoyar y se dio la instrucción que se votara por Bukele", dijo Cartagena. "Fuimos parte del apoyo que él necesitó en ese momento. Él no tenía ni partido político".
Desde hace tiempo existen sospechas y rumores sobre un acuerdo entre Bukele y las pandillas, y el propio El Faro ha publicado varios informes al respecto. Esta vez, presentó una declaración de un líder pandillero buscado que dice haber salido de El Salvador con la cooperación del gobierno.
Por André Duchiade
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