Los medios de comunicación públicos del sur de Argentina tendrán nuevo directorio, además de un órgano fiscalizador de sus contenidos para impedir cualquier “impacto negativo” de sus contenidos en la sociedad.
La gobernadora de la provincia argentina de Santa Cruz, Alicia Kirchner, impulsó la nueva ley de medios públicos que crea el Sistema Integral de Medios y Contenidos Públicos. Este sistema está conformado por una Agencia de Medios y Contenidos Audiovisuales, un Consejo Asesor de Medios Públicos y un Observatorio Provincial de Medios.
El Observatorio analizará contenidos de casos vinculados con temas sensibles según la normativa vigente y propondrá criterios básicos para tratar esos contenidos, de modo que las producciones mediáticas no tengan impactos negativos en la sociedad, informó el Foro de Periodismo Argentino (Fopea). No obstante, la ley no especifica cuáles son esos temas sensibles.
Fopea advirtió la “peligrosa ambigüedad” de los criterios del observatorio para monitorear los contenidos de los medios, los cuales, de acuerdo con Fopea, podrían afectar la pluralidad de voces y las líneas editoriales.
“Lo que nos preocupa a nosotros de la nueva ley que hicieron en la provincia Santa Cruz, es que es un gobierno que tiene una concepción del periodismo muy estigmatizante”, dijo Fernando Ruiz, presidente de Fopea, a LatAm Journalism Review (LJR). “Es una herramienta que puede usarse para perseguir a los medios de comunicación y, sobretodo, al periodismo crítico”.
De acuerdo con el diario La Nación, la nueva estructura de este sistema estará dirigida por una sola persona que será elegida por la gobernadora. Con este esquema se afecta la independencia de LU85 TV Canal 9, cuyo directorio tenía una representación gremial de los trabajadores y de las minorías políticas, y LU14 Radio Provincia queda bajo este directorio único.
La ONG Libertad de Expresión + Democracia (LED), alertó sobre la rápida aprobación de la ley de Santa Cruz y la interferencia de su observatorio provincial con la normativa vigente a nivel federal.
“La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos parte de la consideración de que ‘la libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental’”, señaló el comunicado de Fundación LED.
Otra organización que expresó su preocupación ante la creación del observatorio fue la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa).
Adepa señaló que este organismo fiscalizador de Santa Cruz está yendo en la misma línea del proyecto original del Observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica (NODIO), lanzado a nivel federal en octubre de 2020. El objetivo de este observatorio era “proteger a la ciudadanía de las noticias falsas, maliciosas y falacias”.
Daniel Dessein, presidente de la comisión de libertad de prensa de Adepa, dijo a LJR que el observatorio de Santa Cruz genera un “claro riesgo a la libertad de expresión, en la medida en que pueda ser usado por el poder de turno o por alguna facción política para interferir en las líneas editoriales”.
La sola existencia de este espacio de vigilancia y de fiscalización sobre la actividad periodística, señaló Dessein, es en sí mismo un condicionante que puede generar autocensura, inhibición, temor entre los periodistas y en su actividad, independientemente de cómo sea utilizado.
“Es un precedente que puede ser repetido en otras provincias y eso nos pone de alguna forma en alerta. Por ahora no se ha avanzado nada, pero ya está aprobado, así que en algún momento va a empezar a funcionar”, dijo Ruiz.
“Este tipo de institutos y de creaciones generan un clima adverso para el periodismo y la libertad de expresión”, enfatizó Dessein.
LJR intentó sin éxito comunicarse con las oficinas del Gobierno de Santa Cruz.
Recientemente, el senador Óscar Parrilli, sugirió al gobierno del actual presidente argentino Alberto Fernández, repensar una nueva ley de medios de comunicación, publicó La Nación.
De acuerdo con Dessein, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que fue aprobada en 2009 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), fue una de las figuras más emblemáticas dentro de la serie de medidas hostiles de su gobierno contra los medios de comunicación.
Durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) se anularon ciertos artículos de la ley de 2009 que afectaban la propiedad privada y la libertad de expresión, y algunos organismos creados por la ley fueron cambiados, dijo Dessein. “Parrilli sostiene que hay que recuperar ese espíritu original de la ley”.
Sin embargo, Dessein consideró que en los últimos años ha habido un aprendizaje de la clase política en general y de la industria periodística que hace que existan “anticuerpos o reflejos instalados” ante cualquier retroceso en términos de libertad de expresión. Puso como ejemplo de ello el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata a favor del periodista de investigación Daniel Santoro.
Santoro, editor del equipo de judiciales del diario El Clarín, estaba siendo procesado judicialmente por supuestos cargos de espionaje, extorsión y coacción, como presunto cómplice de Marcelo D’Alessio, una de sus fuentes.
