La Nación, un periódico que reportó denuncias de acoso sexual contra el expresidente Rodrigo Chaves, enfrentó un constante escrutinio por parte del mandatario y sus subalternos.
Lo prometió en campaña e hizo todo lo posible para hacerlo realidad.
Cuando era candidato, en 2022, el ahora expresidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, aseguró que provocaría la “destrucción de las estructuras corruptas” de varios medios independientes, entre ellos La Nación, el diario más longevo y de mayor circulación en el país.
Con la presidencia de Chaves inició una serie de ataques verbales y actos de intimidación, no solo hacia La Nación, sino a varios periodistas y dueños de medios, los cuales han sido incluso calificados en tribunales como violaciones a la libertad de prensa.
El golpe más reciente a La Nación, el 8 de mayo, apenas unos días antes de terminar la presidencia de Chaves, fue la revocación de las visas de Estados Unidos de cinco de los siete miembros de la junta directiva de La Nación. Aunque no hay evidencia, periodistas y organizaciones ven en la medida indicios que podrían apuntar a algún tipo de participación del gobierno de Chaves.
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— La Nación (@nacion) May 3, 2026
La Presidencia de Costa Rica no respondió a la solicitud de información de LatAm Journalism Review (LJR) sobre la revocación de las visas y la situadción de la libertad de prensa en el país.
El Departamento de Estado de Estados Unidos declinó comentar sobre el caso, pero un portavoz dijo a LJR que el departamento tiene amplia discrecionalidad para cancelar visas cuando considere que ello responde a intereses estadounidenses.
“Bajo la presidencia de Trump, el Departamento de Estado ha utilizado plenamente su capacidad para revocar visas con el fin de apoyar la seguridad nacional y la seguridad pública, hacer cumplir la ley de inmigración estadounidense y promover intereses clave de política exterior”, respondió a LJR vía email.
Reporteros sin Fronteras (RSF) ha registrado una caída significativa de Costa Rica en su índice mundial de libertad de prensa desde que Chaves asumió el poder. El país pasó del octavo lugar en 2022 al 38 en 2026.
En su informe de este año, RSF atribuyó esa caída en parte al tono confrontativo del gobierno contra la prensa crítica y a restricciones al acceso a información.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) documentó en abril el crecimiento en el país de medidas de acoso judicial contra periodistas y medios sobre temas ajenos a la profesión, pero que causan afectaciones al ejercicio de ésta, como lavado de dinero y malversación de fondos.
“Se está cumpliendo la norma de los gobiernos de corte autoritario de ahorcar a los medios de comunicación que son medianamente críticos al ejercicio del gobierno”, dijo a LJR Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP. “Todas esas medidas sí preocupan. Evidentemente sí hay un retroceso”.
El domingo 3 de mayo, fecha en que se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, La Nación publicó en su primera plana una carta de su junta directiva en la que condenaban la revocación de las visas. Los firmantes calificaron la medida como inédita en Costa Rica, pero aseguraron que ésta no afectaría el ejercicio periodístico del medio, que en octubre cumplirá 80 años.
Al día siguiente, en un editorial, La Nación describió los hechos como “un serio ataque a la libertad de expresión” y dijo tener “razones sólidas” para suponer que se trataba de un ataque desde El Zapote, sede de la Casa Presidencial costarricense, en represalia a su trabajo crítico.
Periodistas y defensores de la libertad de prensa comparten esa hipótesis. Fabrice Le Lous, actual director del diario, señaló como indicio que fueron medios afines al gobierno, como Trivisión y Repretel, los que dieron a conocer la información el 2 de mayo, con nombres completos y fechas de expiración de los documentos, antes de que los afectados fueran notificados oficialmente.
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, y la presidenta electa Laura Fernández Delgado participan en la cumbre Escudo de las Américas, convocada en Miami por el mandatario estadounidense Donald Trump. pic.twitter.com/BhUfrSUArm
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“Eso es información consular, es información privada y personal”, dijo Le Lous a LJR. “Es atar los cabos. Resulta obvio [...] porque únicamente se le ha revocado visas a personas que han sido señaladas previamente como enemigos del poder”.
Desde febrero de 2025, Estados Unidos ha revocado las visas de más de 15 funcionarios y ciudadanos de alto perfil costarricenses. La ola de cancelaciones inició poco después de la visita a Costa Rica de Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos, quien públicamente dijo que su país ayudaría a Costa Rica a castigar a individuos que se han vuelto cómplices “de actores malintencionados”. Esto, en el contexto de un decreto de Chaves que excluía a empresas chinas de licitaciones para redes 5G.
Días después, fueron revocadas las visas de dos diputadas críticas del decreto. A éstas siguieron cancelaciones de visas a figuras críticas del gobierno, como el expresidente y Nobel de la Paz Óscar Arias, su hermano y presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias; y dos magistrados de la Corte Suprema.
En países como México y Brasil, el gobierno de Trump ha revocado visas de funcionarios señalados por presuntos vínculos criminales. Sin embargo, no existen indicios de que los directivos de La Nación tengan algún tipo de acusación en su contra, dijo Yanancy Noguera, presidenta del Colegio de Periodistas de Costa Rica (Colper).
“Entonces hay señales de que esto no es algo que podamos atribuir exclusivamente al gobierno de Estados Unidos”, dijo Noguera a LJR.
La animadversión de Chaves contra La Nación viene desde antes de su presidencia. En agosto de 2021, el diario publicó un reportaje sobre una investigación del Banco Mundial que señalaba que Chaves había mostrado un patrón de acoso sexual cuando trabajó en ese organismo. El expresidente ha negado los hechos.
“Desde entonces, la verdad, lo que hemos visto es que él ha hecho de La Nación un enemigo casi personal”, dijo Le Lous.
Dos meses después de que Chaves llegó a la presidencia, el Parque Viva, un recinto de espectáculos propiedad del grupo dueño de La Nación, fue clausurado por el gobierno alegando razones de seguridad y acceso vial.
Tras un recurso de amparo interpuesto por el medio, la Sala Constitucional revocó la medida y determinó que ésta constituyó una “violación indirecta” a la libertad de expresión, toda vez que el recinto es una forma de financiamiento de la actividad periodística de La Nación.
“Esto marcó un punto importante porque demostró que el gobierno estaba dispuesto a tener una actitud confrontativa en relación con el que sigue siendo, aunque cada vez menos, el principal medio de comunicación de Costa Rica”, dijo a LJR Eduardo Ulibarri, columnista y exdirector de La Nación. “Y que estaba dispuesto a utilizar el poder administrativo del Estado para hacerlo”.
A esos hechos siguieron años de confrontación pública que incluyeron cuestionamientos sobre las finanzas del diario y descalificaciones en conferencias de prensa por parte del hoy expresidente y otros funcionarios.
Chaves entregó la presidencia el 8 de mayo a Laura Fernández, de su mismo partido. La nueva presidenta nombró a Chaves ministro de la Presidencia y de Hacienda, lo que, según expertos, sugiere la continuidad de las políticas de la administración anterior, incluida la relación con la prensa.
Si bien no existen pruebas sobre alguna injerencia del gobierno de Chaves en la cancelación de las visas de los directivos de La Nación, tampoco hay constancia pública de que el expresidente haya solicitado explicación al gobierno estadounidense. Para Ulibarri, este silencio es un indicio más de una posible responsabilidad.
Rodrigo Chaves, actual presidente de la República, será ministro de Presidencia y Hacienda durante el mandato de Laura Fernández.
Foto: Jose Cordero pic.twitter.com/sVH6evaYXb
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“Ahí surge una gran presunción –yo diría– bien fundada de que puede haber de por medio un arreglo”, dijo Ulibarri.
El periodista dijo que esto podría generar temor entre propietarios y directivos de otros medios que mantienen todavía una línea de independencia.
“Ya eso en sí”, concluyó Ulibarri, “reduce el ámbito de libertad para expresarse públicamente sobre asuntos de interés público”.
