Por Eva Hershaw
El periodista paraguayo Pablo Medina Velázquez, quien fue asesinado mientras trabajaba en el departamento de Canindeyú, al noreste del país, es el tercer periodista asesinado en Paraguay este año y el más reciente de una serie de periodistas que han sido asesinados en la región en los últimos años. Su muerte resalta las arduas y peligrosas condiciones para los periodistas que trabajan a lo largo de la frontera con Brasil.
Trece años atrás su hermano y colega, Salvador Medina, fue asesinado en la misma región, la cual es controlada por narcotraficantes. Salvador tenía 27 años cuando fue asesinado por las denuncias que hizo en Ñemity FM, la emisora de radio donde trabajaba en ese momento. Al igual que su hermano Pablo, Salvador también informaba sobre la actividad regional del narcotráfico.
El pasado jueves, Pablo Medina, quien trabajó como corresponsal regional de ABC Color, el diario con mayor circulación en el país, regresaba de una cobertura periodística de la comunidad indígena Ko'ê Porã, cuando dos hombres con vestimenta de camuflaje detuvieron su vehículo. Según los informes de ABC Color, los hombres pidieron que Medina se identificara antes de dispararle varias veces en el pecho y la cabeza.
Una de las dos asistentes que viajaban con él, Antonia Almada, de 19 años de edad, también murió en el ataque.
Medina había sido blanco de reiteradas amenazas por su cobertura sobre la producción de marihuana y la actividad de tráfico de drogas en la región oriental del Paraguay. Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Nelson Zapata, editor de Medina en ABC Color, declaró en el programa de radio local que Medina había recibido amenazas "casi desde el comienzo de su carrera periodística".
Aunque Medina había trabajado bajo protección policial, ordenada por el Estado en años anteriores, el servicio fue suspendido en septiembre del 2013. La policía presume que los narcotraficantes son responsables de la muerte y actualmente han detenido a cuatro sospechosos en el caso.
El presidente paraguayo Horacio Cartes denunció el asesinato en un comunicado emitido el jueves por la tarde: “Nuestro Gobierno lamenta y condena enérgicamente este asesinato que no solo atenta contra la paz de nuestro país, sino que también es una violación directa a los derechos humanos y un ataque a la libertad de expresión”.
No obstante, muchos aseguran que el Estado debe asumir una mayor responsabilidad si desea evitar más crímenes contra periodistas en Paraguay, un país que actualmente ocupa el puesto 105 de 180 países en el índice de libertad de prensa publicado por Reporteros sin Fronteras este año.
"Las autoridades deben explicar la razón por la cual Medina ya no estaba bajo protección policial, ya que él era el blanco de constantes amenazas", dijo Lucie Morillon, la directora de programa de Reporteros sin Fronteras. “Todo periodista amenazado debe recibir protección. Un Estado tiene el deber de proteger a los periodistas que trabajan en su territorio y la vez combatir la impunidad de delitos violentos en contra de estos".
Su opinión fue compartida por el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), el cual se reunió el pasado lunes 20 de octubre con el Ministro del Interior Francisco de Vargas, para exigir mayor protección para los periodistas en el nordeste del país.
“Hoy por hoy estamos viviendo la narcopolítica”, dijo Santiago Ortíz, Secretario General del SPP. Advirtió que si el Ministerio del Interior no toma medidas para abordar el problema de inmediato, "destruirá toda la base social del país".
La muerte de Medina ocurre en medio de un aumento de la violencia contra los periodistas en todo el país. Otros dos periodistas fueron asesinados en Paraguay este año. En mayo, Fausto Gabriel Alcaraz fue asesinado después de informar sobre el comercio de drogas del país y por otra parte, Edgar Pantaleón Fernández Fleitas, un locutor de radio que denunció la corrupción judicial, fue asesinado en su casa en junio.
En un comunicado emitido el viernes, la Organización de Estados Americanos (OEA), declaró que "es fundamental que el Estado aclare el motivo detrás de este crimen, exija a las autoridades a investigar a fondo la suposición de que el crimen pudo haber sido asociado con el trabajo del periodista y sancione a sus autores".
En el mismo sentido Carlos Lauría, Coordinador del Programa Américas del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), emitió una declaración instando a las autoridades a "investigar y enjuiciar este crimen de manera rápida y completa y no permitir que el ciclo de impunidad se acelere".
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
