Por Marissa Galicia* y César López Linares
El 15 de mayo de 2022, la Asamblea Nacional de Cuba aprobó reformas al Código Penal que, según los expertos, podrían criminalizar aún más el trabajo de los periodistas independientes en la isla y permitir que el gobierno cubano continúe atacando la cobertura de noticias que es desfavorable al Estado.
La aprobación de estas reformas, que también prohíben que los grupos de medios independientes reciban financiamiento extranjero, pone a los periodistas en peligro inminente y los deja buscando opciones sobre cómo continuar.
Los medios independientes y el periodismo dependen de la financiación extranjera porque Cuba sólo financia medios administrados por el gobierno que no los retrata negativamente. La financiación extranjera incluye ayuda de organizaciones fuera de Cuba que apoyan a medios y periodistas independientes.
Las reformas fueron aprobadas en la Asamblea Nacional de Cuba el 15 de mayo, y se espera que entren en vigor 90 días después. (Foto: Instagram de la Asamblea Nacional de Cuba)
“La mayoría de los sitios de noticias comienzan en Cuba, pero luego se editan fuera de Cuba debido a problemas gubernamentales y de internet”, dijo Circles Robinson, editor de Havana Times, a LatAm Journalism Review (LJR). Havana Times ahora se edita en Nicaragua, pero la mayoría de sus periodistas y colaboradores viven en Cuba.
La plataforma multimedia de periodismo independiente elTOQUE es otro ejemplo del tipo de medios que se verían afectados por estas reformas. El sitio funciona a través de subvenciones y fondos de iniciativas internacionales como Fondo Velocidad, MEEDAN y la International Fact-checking Network.
De igual manera, la revista digital Periodismo de Barrio recibe financiamiento de embajadas extranjeras de países como Holanda, Noruega y Suecia a cambio de realizar proyectos editoriales, tal como consta en su informe de transparencia financiera.
La conectividad a internet es otro problema al que se enfrentan los periodistas. Debido a que el único proveedor de internet en Cuba está a cargo del gobierno, la mayoría de los sitios están bloqueados. Esto significa que los sitios de noticias independientes no son de fácil acceso para los ciudadanos cubanos. Para acceder a los medios cubanos independientes, los ciudadanos deben usar VPN (Red Privada Virtual, por sus siglas en inglés), que eluden las restricciones.
“Por ahora, las personas que usan VPN pueden ver lo que se escribe en los medios alternativos e independientes. Sin embargo, [el gobierno y el ejército] tienen muy buena vigilancia”, dijo Robinson.
Una alternativa a las VPN son los “paquetes”, un terabyte de contenido semanal que puede incluir contenidos de noticias, películas, series de televisión, libros, etcétera, que se distribuye mano a mano a través de discos duros externos por todo el país. Debido a que menos del 5 por ciento de los hogares cubanos tienen conexión a internet, los paquetes son una opción accesible.
“Todas las semanas, curadores no identificados compilan una selección de contenido y lo entregan a través de una red compleja de cientos de distribuidores que, al igual que los repartidores de periódicos a la antigua, llevan el paquete a la puerta de sus suscriptores”, escribió Emilio San Pedro de BBC News.
Havana Times no ha sido restringido por el gobierno, lo que significa que los cubanos pueden acceder y leer libremente sus artículos. La razón principal por la que no ha sido bloqueado es porque el gobierno no ha podido rastrear de dónde provienen sus fondos, dijo Robinson. De esta manera, el gobierno no tiene forma de saber si recibe financiamiento externo.
Además de que los sitios de noticias independientes son de difícil acceso, los ciudadanos cubanos apenas usan su muy limitado tiempo de internet para leer artículos de noticias. “El tiempo de internet es limitado, por lo que la gente lo usa para encontrar medicamentos en la dark web, como aspirinas, o para comunicarse con la familia”, dijo Robinson.
Entre los artículos del código penal que podrían afectar la libertad de prensa en Cuba se encuentra el artículo 143, que tipifica específicamente como delito cualquier valor monetario que se utilice contra el Estado.
Según dicho artículo, toda persona u organización, nacional o extranjera, que “apoye, aliente, financie, proporcione, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el fin de sufragar actividades contrarias al Estado y su orden constitucional, incurre en sanción de privación de libertad de cuatro a diez años”.
“Este artículo que ataca directamente el financiamiento está muy relacionado con algo de lo que ellos siempre nos han acusado, de que somos mercenarios. En el código anterior, el mercenarismo estaba descrito como un delito relacionado con acciones bélicas, de guerrilla, que por supuesto no se aplicaba a nosotros”, dijo a LJR Camila Acosta, corresponsal en Cuba del periódico español ABC. “Ahora sí, ahora esto habla específicamente de acciones que son financiadas para contrarrestar el orden constitucional. Y para ellos ya sabemos que cualquier cosa, una crítica, ya es considerada algo que va en contra del orden constitucional”.
El artículo 185.1 establece las penas de prisión y multa a “quien amenace, calumnie, difame, injurie o de cualquier forma afrente u ofenda, de palabra o por escrito, en su dignidad o decoro, a un funcionario o autoridad pública o a sus agentes o auxiliares, en el ejercicio de sus funciones o con ocasión o con motivo de ellas”.
El medio digital Havana Times no ha sido restringido por el gobierno porque este no ha podido rastrear el origen de su financiamiento. (Foto: Captura de pantalla)
Asimismo, según el artículo 263.3, existe una pena de tres a ocho años de prisión por “desorden público”, que incluye la obstrucción de vías públicas o puntos de acceso y la invasión de instalaciones o edificios.
Bajo estos preceptos, decenas de periodistas han sido detenidos en los últimos años mientras cubrían manifestaciones o protestas contra el gobierno cubano. Uno de ellos es Acosta, quien fue imputada el año pasado por “desorden público e instigación a delinquir”, tras cubrir las manifestaciones del 11 de julio en La Habana.
Acosta y muchos otros periodistas estuvieron varios meses bajo arresto domiciliario, vigilados de cerca por miembros de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).
“Creo que hay artículos, y este es uno de ellos, que responden directamente a sucesos de relevancia, de estallido social o de protestas sociales que han tenido lugar en Cuba en los últimos dos años”, dijo Acosta. “Enfrento cargos por desorden público por la protesta del 11 de julio, pero ahora se eleva el marco sancionador y se explicita más lo que se entiende como un delito de desorden público”.
Según periodistas cubanos, el objetivo del gobierno con las reformas aprobadas el 15 de mayo es acabar con los medios no gubernamentales. No quieren que se escriba nada negativo sobre ellos. Sin embargo, los periodistas cubanos siempre se han enfrentado al rechazo del régimen.
“Los medios siempre han sido ilegales (en Cuba)”, dijo Robinson.
Agregó que el gobierno cubano nunca ha sido afín a ningún tipo de medio o periodismo, por lo que la aprobación de este código penal no sorprendió a muchos. Por lo tanto, las consecuencias de que los periodistas escriban sobre el gobierno son amplias.
“[El gobierno] funciona como la mafia. Te arrestarán un día para interrogarte y ser el tipo bueno, y al día siguiente te amenazan”, dijo Robinson.
Además de la detención, otra consecuencia de que los periodistas hagan su trabajo es el destierro.
La periodista Camila Acosta fue imputada con cargos de desorden público e instigación a delinquir el año pasado, tras cubrir las manifestaciones del 11 de julio. (Foto: Captura de pantalla de una transmisión de Facebook Live)
“Se les da la opción de destierro, con un viaje al aeropuerto”, dijo Robinson. “El gobierno cubano está tan en contra de cualquier tipo de prensa o información negativa, que expulsan a la gente de su propio país”.
El gobierno cubano incluso allana las sedes de los periódicos para detener a los periodistas que hablan en contra del gobierno.
Esta es solo una de las muchas tácticas de miedo utilizadas por el gobierno para advertir a los periodistas y medios de comunicación que no produzcan trabajos que los retraten negativamente.
Otra táctica de miedo que usa el gobierno cubano es no permitir que los periodistas salgan del país.
“El gobierno decide si yo salgo o no. Obviamente, he pedido permiso varias veces y me han dicho que no a todas, y en otras ocasiones ni siquiera me han respondido”, dijo a LJR en 2020 el periodista Abraham Jiménez Enoa.
Muchos periodistas dejan el periodismo y encuentran un trabajo más tradicional para protegerse a sí mismos y a su familia. Otros dejarán el país para siempre mientras continúan informando, dijo Robinson.
“Muchos de nuestros periodistas en Havana Times han sido activistas en el mundo del periodismo y la presión que reciben hace que se vayan del país y usen seudónimos”, agregó.
Aunque el periodismo independiente siempre ha sido considerado ilegal en Cuba, esto no estaba explícitamente establecido en la ley. La severidad de la nueva ley penal es que el régimen ahora tiene las herramientas legales para legitimar los ataques a la prensa independiente.
“Hasta ahora, los periodistas independientes y los activistas habían sido sancionados por otros delitos tipificados en el código penal, como desorden público, resistencia o desacato”, dijo Acosta. “Hasta este momento nosotros habíamos funcionado al margen de la ley, pero no existía una ley explícita que nos declarara ilegales [...] Ahorita el régimen está contando con la herramienta que hacía tiempo necesitaba para justificar el ir en contra de todos nosotros. Por supuesto que estoy preocupada porque se trata de un recrudecimiento de la represión”.
Tras la aprobación de la reforma al Código Penal cubano, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) condenó la decisión de la Asamblea Nacional cubana y expresó gran preocupación.
“Con el nuevo Código Penal, las autoridades cubanas continúan construyendo un complejo y perverso régimen jurídico de censura y asestan un duro golpe a los periodistas y medios independientes”, dijo Ana Cristina Núñez, investigadora sénior del Programa de Latinoamérica y el Caribe del CPJ en un comunicado emitido el 16 de mayo.
Se espera que el nuevo código penal entre en vigor en 90 días.
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Esta historia fue producida como parte de la clase “Periodismo y libertad de prensa en América Latina”, de la Escuela de Periodismo y Medios en la Universidad de Texas en Austin.
* Marissa Galicia es estudiante de la Universidad de Texas en Austin, donde estudia Relaciones Internacionales y Estudios Globales, así como Estudios Latinoamericanos. Aunque no es estudiante de periodismo, Marissa eligió su especialidad debido a su enfoque en la cultura y las noticias mundiales.
