“Tolerados a regañadientes hace unos años, los reporteros cubanos ahora son detenidos regularmente, sus teléfonos y equipo de cómputo son confiscados, y su conexión a internet es interrumpida. El periodismo independiente en Cuba -generalmente apoyado por financiamiento extranjero- ha florecido desde 2018, año en que el Estado perforó su monopolio de la información al liberar el internet móvil relativamente sin censura.
[...]
Talentosos periodistas jóvenes han emigrado a nuevos medios privados, que en su inmensa mayoría adoptan una línea antigubernamental, donde pueden trabajar con más libertad. Se han abierto camino: ya sea cubriendo los efectos del envenenamiento por plomo en los niños de La Habana, realizando un seguimiento independiente de los resultados electorales, o informando sobre el exilio de destacados activistas. Todos ellos, temas tabú para los medios de comunicación estatales.
[...]
En diciembre [de 2022] entró en vigor un nuevo código penal, en virtud del cual los reporteros que reciban financiación extranjera se enfrentan a penas de hasta 10 años de prisión. Amnistía Internacional describió la legislación como ‘un panorama escalofriante para los periodistas independientes’. La nueva ley llega cuando la represión va en aumento: 670 cubanos siguen encarcelados tras las protestas masivas del año pasado, según Justicia 11J, un grupo local de derechos humanos.”
