Después de 25 años, el periódico más aclamado de El Salvador dejó de tener su sede legal en el país desde hace un mes. Bajo acoso judicial, con decenas de sus periodistas espiados electrónicamente por el gobierno, sin ninguna esperanza en los tribunales para defenderse de los abusos, El Faro anunció que había trasladado sus oficinas administrativas y jurídicas a Costa Rica el 1 de abril.
Que la estructura jurídica y burocrática de la publicación esté ahora en otro país no significa, sin embargo, que el gobierno cada vez más autoritario de Nayib Bukele haya conseguido deshacerse de su diligente perro guardián. Los periodistas de este multipremiado medio de comunicación, especializado en reportajes de investigación sobre la corrupción y el abuso de poder, siguen en el país, y su enfoque editorial sigue siendo el mismo.
“Es una paradoja. Salimos de El Salvador para poder continuar en El Salvador”, dijo Carlos Dada, cofundador y director del medio, a LatAm Journalism Review (LJR). “Hemos sacado la estructura del periódico para poder seguir haciendo periodismo en El Salvador mientras se pueda. Mientras no empiecen también a criminalizar periodistas como ya hemos visto en Guatemala y por supuesto en Nicaragua. Esto va a pasar también en El Salvador”.
La medida pone de manifiesto el temor que experimentan los fiscales del poder y los defensores del Estado de derecho y los derechos humanos en El Salvador. El 27 de marzo se cumplió un año del estado de emergencia permanente en el país, impuesto en nombre de la lucha contra sus poderosas bandas de narcotraficantes. Abundan las denuncias de abuso de poder por parte del gobierno, desde detenciones arbitrarias hasta campañas coordinadas de difamación y hostigamiento contra opositores y voces independientes.
Dada, que habló con LJR por videollamada desde los Países Bajos, donde se encontraba de viaje tras ganar el premio World Press Freedom Hero en 2022, no alberga muchas esperanzas políticas para el futuro próximo. Considera que el autoritarismo en su país es cada vez más poderoso y aún está lejos de alcanzar su punto álgido. Además, atribuye el populismo autoritario no sólo a lo que ocurre dentro de El Salvador, sino también a una situación regional y mundial.
Ante este panorama, el periodista tiene una respuesta sencilla de por qué insistir en el oficio de informar frente a tantas adversidades.
“El Faro tiene un proyecto muy colectivo, y hemos llegado varias respuestas a esta pregunta”, dijo Dada. “Me gusta mucho la del redactor jefe Óscar Martínez. Él dice que lo que hacemos contribuye a hacerles la vida más difícil a los corruptos, a los ladrones y a los asesinos”.
Incluso antes de asumir el cargo en junio de 2019, Bukele dio señales de que considera que el periodismo es una molestia, con mensajes hostiles como “no hay medios de noticias independientes en El Salvador”. El Faro, mientras tanto, siguió haciendo su trabajo, entregando primicias impactantes, como su noticia publicada el 3 de septiembre de 2020, sobre que el gobierno estaba negociando con las pandillas para reducir los homicidios a cambio de beneficios dentro y fuera de las cárceles.
Esta noticia fue especialmente incómoda para el presidente. Tres semanas después de su publicación, Bukele utilizó la cadena nacional de radio y televisión para informar que El Faro era objeto de una investigación por supuesta “evasión fiscal y lavado de dinero”. La investigación – condenada por actores independientes como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que consideró que los periodistas de El Faro se encontraban “en una situación grave y urgente” – exigía que El Faro les entregara información no tributaria, como los datos personales de todos sus suscriptores.
“Algunos periodistas dicen que este gobierno ataca a la prensa; nosotros estamos comprometidos con la libertad de expresión, pero algunos pasan publicando una sarta de mentiras y lo que nosotros hacemos es desmentirlos. Eso no es violar la libertad”, declaró también Bukele durante la emisión.
El acoso no había hecho más que empezar. En abril de 2021, con el supuesto propósito de evitar generar “zozobra y pánico”, el Congreso aprobó una “ley mordaza” que prevé hasta 15 años para quienes “reproduzcan mensajes presuntamente originarios o provenientes de pandillas”.
En enero de 2022, se supo que los teléfonos de al menos 22 empleados de El Faro, desde periodistas a miembros del consejo de administración y personal administrativo, fueron espiados al menos entre junio de 2020 y noviembre de 2021 utilizando el software Pegasus, que la empresa israelí NSO Group vende únicamente a gobiernos.
Paralelamente, Bukele y sus aliados han desmantelado otras instituciones que podrían garantizar el funcionamiento de un sistema de controles y equilibrios. En abril de 2021, el Congreso, donde el partido de Bukele tiene una supermayoría capaz de promover cambios constitucionales, destituyó a jueces de la Corte Suprema de El Salvador y los sustituyó por aliados.
En conjunto, este escenario llevó al equipo de El Faro a decidir que su permanencia legal en El Salvador era insostenible.
“No hubo una sola causa. [Fue] el acoso judicial, el espionaje. Sobre todo, y esta es la principal razón, el darnos cuenta que en El Salvador ya no hay acceso a la Justicia, y que por tanto, si el gobierno nos acusa de lo que le da la gana, no tenemos cómo defendernos”, dijo Dada a LJR. “Porque, incluso probando que no es cierto la acusación, él tiene el control de la Fiscalía, del sistema de jueces, del Ministerio de Hacienda, de la policía. Controla todo el aparato judicial, entonces ya no teníamos derecho a la legítima defensa”.
Anunciada el pasado 13 de abril, la decisión de trasladar su estructura a San José de Costa Rica empezó a pensarse, según Dada, hace año y medio, cuando el equipo se dio cuenta de que el gobierno salvadoreño podía, si quería, “embargar el periódico, congelar nuestras cuentas, quitarnos el periódico y paralizarnos”. Costa Rica, que tiene la democracia más sólida de Centroamérica (pero se enfrenta a sus propias tensiones autoritarias contra la prensa), se consideró la opción más conveniente.
El proceso de cambio no estuvo exento de dificultades. Anteriormente una empresa privada salvadoreña, El Faro está ahora dirigido por una organización costarricense sin ánimo de lucro llamada Fundación Periódica. Uno de los retos, según Dada, fue elaborar una estructura administrativa en dos países diferentes.
La mayoría de los periodistas de El Faro siguen en El Salvador, y continúan firmando sus propias historias. Por ahora, la mayoría de las acciones legales del gobierno se han dirigido contra el periódico como institución, pero los individuos también están expuestos. La mencionada Ley Mordaza, por ejemplo, deja margen para que los periodistas sean detenidos.
Por ahora, la estrategia del periódico ha sido tomar precauciones y adoptar medidas especiales de seguridad. “Hay periodistas que han estado saliendo durante algún tiempo, [y después] regresan. Mientras podamos, seguiremos en El Salvador”, dijo Dada. “No es que el periodista no esté en riesgo, pero mientras no den un paso más, que lo pueden dar en cualquier momento, nuestra intención es que la redacción siga estando en San Salvador”.
Además del acoso judicial, los periodistas también están expuestos a una intensa campaña de desinformación y promoción del resentimiento. En noviembre del año pasado, una investigación de Reuters reveló que el gobierno de Bukele financia una máquina de trolls y bots para desacreditar e intimidar a periodistas.
No sólo los periodistas de El Faro están en peligro. Otros medios de comunicación independientes, como las revistas Factum y Gato Encerrado, siguen trabajando en el país. Dada afirma que el equipo de El Faro, como publicación con mayor visibilidad internacional, siente una responsabilidad hacia estos colegas.
“Estamos en comunicación constante con otros medios. Hay periodistas de otros medios que tienen sobre sus cabezas las mismas amenazas que contra nosotros”, afirma Dada. “Contra nosotros, ha sido más obsesivo el acoso. Es decir, silenciarnos a nosotros sería una lección mayúscula para todos los demás medios que no tienen nuestra, digamos, proyección o nuestra reputación”.
Dada no tuvo palabras amables para referirse a la actual dirección de la Organización de los Estados Americanos (OEA), encargada de salvaguardar la democracia en la región. En 2020, en plena pandemia de coronavirus, el secretario general de la organización, Luis Almagro, tachó las críticas a Bukele de “voces histéricas recurrentes” y dijo que “no hay que inventar dictaduras donde no existen”.
También ha habido fricciones entre ambas partes, como la retirada de El Salvador de una comisión anticorrupción de la OEA, y Almagro llegó a decir que el país podría seguir el camino de “Venezuela, Cuba [y] Nicaragua”.
Incluso con las recientes críticas, Dada cree que Almagro es poco riguroso. “La Organización de los Estados Americanos ha demostrado una vez más que es un desastre. Durante los primeros años, el secretario general Almagro protegió a Bukele y llamó exagerados a todos aquellos que lo acusaban de autoritario”.
El cofundador de El Faro está satisfecho con el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero le gustaría ver más trabajo del Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca Villarreal.
“A mi gusto, ha sido demasiado silencioso, demasiado precavido. Ha preferido guardar silencio ante situaciones escandalosas”, dijo Dada. “No creo que sea una persona de mala fe. Simplemente creo que está jugando un papel como si viviéramos momentos ordinarios, en un momento que es realmente extraordinario. Necesitamos de una Relatoría con mucha más fuerza y con mucho más compromiso con la protección de valores fundamentales como la libertad de expresión y de prensa, que en Centroamérica”.
Por 15 años, El Faro ha afirmado tener una “misión centroamericana y universal”, y el personal del periódico espera que el traslado sea un paso en esa dirección. La carta abierta que anuncia la transición recuerda la situación en otros países centroamericanos, mostrando que los ataques contra la prensa son una tendencia.
En Guatemala, los periodistas se enfrentan a procesos judiciales, y el presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora, lleva nueve meses en la cárcel. Honduras ocupa el último lugar de la región en la clasificación de la libertad de prensa. En diciembre, la presidenta Xiomara Castro desmanteló el mecanismo de protección de periodistas y declaró también el estado de excepción.
Nicaragua, por su parte, se ha convertido ya en una dictadura indiscutible. El régimen de Daniel Ortega ha cerrado todos los medios de comunicación críticos y ha encarcelado, deportado y convertido en apátridas a periodistas.
Bukele tiene una diferencia con los líderes de los otros países: la población le apoya con entusiasmo. Su autoproclamada “guerra contra las pandillas”, que incluyó la inauguración de un megacentro de detención, hizo que su índice de popularidad rondara el 90%.
Esto supone un reto adicional para Dada y sus colegas salvadoreños: ¿por qué insistir en informar, si la mayoría de la gente prefiere no oír las incómodas verdades que ofrecen?
“Para nosotros es muy complicado. Tal vez debería empezar por decirte que nosotros nunca hemos entrado en un concurso de popularidad con ningún presidente, porque los perderíamos todos. Los presidentes llegan a esos cargos por elección popular, porque la mayoría de la gente les vota. Nuestro papel siempre será ser impopulares”.
Seguidamente, el periodista afirmó que, ante tantas adversidades, “eso ciertamente te lleva a preguntarte qué sentido tiene pagar el costo de hacer periodismo, que es cada vez más alto. Cuando a nuestras comunidades no les interesa lo que nosotros estamos reportando aparentemente, yo creo que eso nos ha obligado a plantearnos preguntas fundamentales en este oficio”.
Dada menciona la explicación de su redactor jefe, Oscar Martínez, de “hacer la vida más difícil a los corruptos, a los ladrones y a los asesinos”. Pero eso no es todo. El periodismo de El Faro, añade, también jugará un papel en el futuro, el día que Bukele ya no esté, cuando alguien quiera entender cómo el país, que vivió una sangrienta guerra civil entre 1980 y 1992 hasta convertirse en democrático, cayó en las garras del autoritarismo.
“La historia deja lecciones. Una de ellas es que todo periodo termina, y cuando todo el periodo termina y volteamos para atrás para tratar de entender qué nos pasó sobre este periodo, probablemente nuestros materiales serán importantes para encontrar respuestas a eso”, dijo Dada. “Creo que nosotros estamos dejando testimonio de la pérdida de nuestra democracia, la pérdida de nuestro Estado de Derecho y la consolidación de un régimen, que ahora es autoritario y que se encamina pronto a una dictadura”.
