Tras 20 años cubriendo el área de seguridad pública, la periodista Cecília Olliveira afirma que el problema no es la información, sino la voluntad política.
La periodista Cecília Olliveira fue recientemente llamada a comparecer en una audiencia de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre Crimen Organizado, en el Senado de Brasil. El objetivo era escucharla hablar sobre estrategias para contener el avance de las facciones criminales y las milicias en el país.
Durante la audiencia ante los senadores, Olliveira explicó sus posturas sobre la integración de las fuerzas policiales, el combate a los brazos económico y político del crimen, así como la obligatoriedad del uso de cámaras corporales en operativos policiales.
Desde hace más de 20 años, Olliveira cubre seguridad pública en Brasil. Ha escrito reportajes de impacto, ha publicado libros —y colaborado con pesquisa para otros—, ha dado entrevistas en Brasil y en el extranjero, y ha contribuido a posicionar el tema en un país donde la seguridad es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.
Originaria del estado sureño de Minas Gerais y radicada en Río de Janeiro, la reportera también es cofundadora de The Intercept Brasil y fundadora del Instituto Fogo Cruzado, el cual mantiene una base de datos abiertos sobre violencia armada en América Latina.
Como parte de la serie 5 Preguntas, LatAm Journalism Review (LJR) conversó con Olliveira sobre su extensa cobertura de seguridad pública, sobre las limitaciones e idiosincrasias de su trabajo, de sus proyectos paralelos como Fogo Cruzado y de los vínculos entre crimen y poder que atraviesan Brasil. La entrevista fue editada por razones de concisión y claridad.
Estar en Brasilia para un debate como este refuerza algo que he venido mostrando tanto en mi trabajo periodístico como en el libro “Como Nasce um Miliciano” (Cómo nace un miliciano): no existe una separación real entre el crimen organizado y la política en Brasil —lo que existe es una relación estructural entre ambos. En el libro parto justamente de esa idea de que la línea entre Estado y crimen se va diluyendo con el tiempo, hasta el punto en que pasan a operar de forma entrelazada, en un nuevo modo de funcionamiento. Por eso destaqué que la milicia no es un “poder paralelo”. Es el propio Estado operando en beneficio de grupos criminales, muchas veces con participación directa de funcionarios públicos y de personas electas.
Y esto se traduce en una falta de acción que afecta a todo el país de manera muy trágica y dolorosa. La CPI reveló —una vez más— que no es falta de información sobre el crimen, sino la dificultad (o falta de interés) de convertir ese conocimiento en política pública lo que nos ha traído hasta aquí.
En mi intervención inicial en la sesión, subrayé que Brasil investiga desde hace décadas el crimen organizado, produce diagnósticos, recopila datos —pero no actúa sobre ellos. Señalé, incluso, que hoy estamos enfrentando las consecuencias de esas omisiones.
El desenlace deprimente de la CPI —que terminó en medio de maniobras políticas muy bajas, con cambios de integrantes y rechazo del informe final— deja claro que no hay interés en resolver el problema, sino en utilizarlo como plataforma política para ganar votos y negociar poder.
La centralización del periodismo en el sureste no es solo geográfica, también es epistemológica. La forma en que Brasil entiende el crimen y la seguridad pública sigue muy moldeada por las experiencias de Río de Janeiro y São Paulo, que terminan tratándose como estándar nacional. El problema es que eso invisibiliza dinámicas completamente distintas. El norte y el noreste, por ejemplo, tienen rutas internacionales, disputas territoriales y economías ilegales que operan bajo otra escala y lógica. Cuando esas regiones no cuentan con una cobertura estructurada, todo el país pierde capacidad para comprender el fenómeno.
Descentralizar pasa, primero, por redistribuir recursos: financiamiento, becas, convocatorias, redacciones regionales fortalecidas. Pero también implica reconocer que el conocimiento ya existe fuera de los grandes centros. No se trata de “llevar periodismo”, sino de dejar de ignorar a quienes ya lo están produciendo.
La plataforma Fogo Cruzado, al expandirse para monitorear otras ciudades, demuestra esto: cuando se crea infraestructura de datos, no solo se mejora la cobertura, sino que cambia quién puede producirla. Los datos abiertos son una herramienta de descentralización. Y, por último, hay una cuestión editorial. Mientras el periodismo siga reaccionando a crisis en lugar de estructurar coberturas continuas, seguirá concentrado. Aquí entra otro debate, sobre el deterioro de las redacciones y de la profesión, que impacta directamente el tipo de cobertura, especialmente fuera del sureste, muchas veces consideradas “demasiado costosas” o de “poca relevancia”.
Fogo Cruzado surge de una inquietud profundamente periodística: la percepción de que estábamos narrando la violencia sin poder dimensionarla.
En el periodismo tradicional, muchas veces se trabaja con casos —y los casos tienen una enorme potencia narrativa, pero también pueden distorsionar la percepción si no se contextualizan. Fogo Cruzado me dio escala. Me obligó a observar patrones, recurrencias, territorio y temporalidad.
Eso cambia completamente la forma de investigar y escribir. Dejas de preguntar solo “¿qué pasó?” y empiezas a preguntar “¿por qué esto sigue ocurriendo?” y “¿quién se beneficia de esa continuidad?”. Al mismo tiempo, el periodismo fue esencial para que Fogo Cruzado no se convirtiera solo en una plataforma de datos. Los datos no se traducen por sí solos. Necesitan ser interpretados, examinados, puestos en discusión.
Lo que hago es precisamente ese puente: transformar datos en narrativa pública. Y, al mismo tiempo, usar la narrativa para presionar por el uso de esos datos en políticas públicas. Es una relación de retroalimentación que se traduce en la mayor base de datos sobre violencia armada en América Latina, abierta para periodistas, investigadores, autoridades y cualquier persona interesada en entender mejor por qué las cosas son como son.
El primer paso es romper con la idea de que la seguridad pública es un tema técnico limitado a las fuerzas policiales. Eso no es cierto: la seguridad pública es, ante todo, una agenda de derechos. Cuando una escuela cierra por un operativo, eso es educación. Cuando una persona no puede circular por la ciudad porque las calles están cerradas por un tiroteo, eso es movilidad. Cuando una familia vive bajo amenaza constante, eso es salud mental. El crimen no es solo un evento: es una condición que reorganiza la vida de las personas.
El problema es que el periodismo sigue operando bajo la lógica del hecho: qué pasó, quién murió, quién fue detenido. Eso reduce el fenómeno y muchas veces reproduce la narrativa oficial. El “por qué” queda relegado, oculto en el simplismo que impone la urgencia.
Cambiar esto implica tres cosas: ampliar fuentes, cambiar el lenguaje y profundizar el contexto. Ampliar fuentes significa escuchar a quienes viven el impacto de la violencia —no solo a quienes la combaten. Cambiar el lenguaje implica dejar de tratar a ciertas poblaciones como sospechosas permanentes y evitar la revictimización. Y profundizar el contexto significa mostrar que el crimen está ligado a políticas públicas, economía, desigualdad y racismo. Esto no es simple. Exige debatir las prioridades del periodismo, su función social y su vínculo con modelos de negocio e intereses de propietarios de medios, que con frecuencia tienen cargos políticos o vínculos históricos con la política.
Fue un proceso —y, en realidad, una necesidad. Yo llevaba poco tiempo en la profesión cuando Twitter se consolidó en Brasil. Para mí, que me estaba mudando a Río, fue clave para construir fuentes. También era el principal espacio para que las historias alcanzaran mayor visibilidad y llegaran a una audiencia más amplia. Antes de convertirse en un entorno con tanto discurso extremista, Twitter fue una plataforma importante de debate e intercambio de ideas.
Durante mucho tiempo, el periodismo investigativo habló principalmente para audiencias ya convencidas o especializadas. Pero cuando trabajas con seguridad pública, entiendes que existe una fuerte disputa narrativa en el espacio público —y que muchas veces las explicaciones más simples ganan porque circulan con mayor facilidad.
Las redes sociales surgen como un espacio para intervenir en esa disputa. No para simplificar el contenido, sino para hacerlo accesible sin perder complejidad.
Los videos, por ejemplo, son un intento de traducir temas densos —como la política de seguridad— a un lenguaje directo, casi didáctico. Es un ejercicio constante de síntesis, pero no surgió de forma inmediata. Fue un aprendizaje de lenguaje, formato y ritmo. También implica entender que la exposición pública tiene costos: ataques, intentos de deslegitimación.
Hoy veo las redes como una extensión de mi trabajo periodístico. No sustituyen la investigación ni el reporteo, pero amplían el alcance y, sobre todo, permiten disputar interpretaciones y contribuir al debate.
Traducido por César López Linares
