Como si la pandemia global de COVID-19 y la crisis económica y humanitaria en Venezuela no fueran suficientes, los periodistas del país atraviesan un nuevo calvario desde principios de 2021. En enero y lo que va de febrero se han registrado varias violaciones contra medios independientes venezolanos, en la que la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) denominó una “nueva ola de censura” contra la prensa crítica.
En los primeros meses del año, periodistas y medios de comunicación fueron víctimas de campañas de estigmatización, ataques y bloqueos en sitios web, así como incautación de bienes y equipos.
Periodistas y expertos consultados por LatAm Journalism Review (LJR) atribuyen el incremento de ataques a un patrón represivo del gobierno y al momento político de Venezuela, la retoma de la Asamblea Nacional por parte del chavismo. También temen la aprobación de leyes que tengan como objetivo criminalizar el periodismo y sofocar económicamente a los medios independientes. Al mismo tiempo, se preparan para una nueva ola de agresiones por lo que refuerzan los protocolos de seguridad.
“Con el comienzo del año 2021 y la instalación de la Asamblea Nacional el 5 de enero, se dio inicio a una orquestada campaña de estigmatización y hostigamiento contra periodistas, medios de comunicación y organizaciones [...], en la que han participado activamente medios de comunicación privados con una línea editorial progubernamental, medios de comunicación oficiales y estatales, activistas en las redes sociales y altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, incluyendo al propio mandatario, y a su canciller, Jorge Arreaza”, dijo la directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela, Marianela Balbi, a LJR.
Muchas de las violaciones ocurrieron de manera concentrada el 8 de enero. Ese día, el medio digital TalCual sufrió un ataque DDoS [denegación de servicio], que derribó el portal. El editor en jefe de TalCual, el periodista Víctor Amaya, dijo a LJR que el ataque fue realizado por servidores registrados en Suiza.
El editor en jefe de TalCual, Víctor Amaya. (Foto: Fabiola Ferrero)
“Eso no quiere decir que estén en Suiza, puede ser por VPN, lo que sea. Dio en un instante más de 30 mil visitas, pasó la 100 mil, 200 mil. Y evidentemente eso colapsó el servidor. Logramos, pasadas un par de horas, poner en línea un front-end del sitio, para tener la marca, pero no podíamos entrar a actualizar los contenidos”, explicó. El equipo no pudo editar el sitio durante unas horas más hasta que resolvieron el problema.
Amaya señala que los ataques contra TalCual son constantes, pero a menudo el sistema de protección es capaz de evitar mayores daños. Pocos días después del ataque del 8 de enero, TalCual volvió a ser blanco de una ofensiva.
“Este último fue de los servidores de CANTV [proveedor estatal de internet y telefonía]. Porque Cloudfare te dice de dónde están viniendo las visitas y estaban registrados como desde Caracas, como servidores de CANTV. Fueron 10 mil solicitudes en un segundo. Ralentizó el sitio, pero no nos sacó de línea”, dijo.
Los reportes de bloqueos por parte de CANTV son comunes en Venezuela. En febrero, el observatorio de internet VE Sin Filtro advirtió que la empresa estatal había bloqueado el sitio de periodismo InSight Crime, poco después de la publicación de un reportaje sobre homicidios en América Latina.
La directora editorial de Efecto Cocuyo, Laura Weffer, le dijo a LJR que su medio está constantemente bloqueado por la CANTV. “Yo me atrevería decir que todos los medios digitales más importantes han sufrido este bloqueo. A nosotros nos bloquean por una semana, paran, y nos vuelven a bloquear”, dijo.
Según un estudio del IPYS Venezuela, lanzado a principios de febrero, de 30 portales y plataformas evaluados, incluidos 25 sitios informativos, dos sitios institucionales y las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook, todos fueron bloqueados por proveedores públicos y privados, CANTV, Movilnet, Digitel. y Movistar entre los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021.
Además de las restricciones digitales, el 8 de enero las autoridades venezolanas incautaron cámaras, computadores, equipos de transmisión y documentos del canal de televisión digital VPITV sede Caracas. El medio, cuya sede principal está en Miami (Estados Unidos), emplea a unas 150 personas en Venezuela. Según un comunicado del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), las autoridades también ordenaron al canal poner fin a sus operaciones en el país.
Ese mismo día, en el estado Zulia, el diario Panorama, distribuido hace más de 106 años, tuvo que cerrar su sede por cinco días, luego de una inspección del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), que alegó violación de las normas tributarias.
Estas medidas fueron tomadas mientras, en la misma semana, medios alineados con el chavismo y funcionarios del gobierno acusaron a medios independientes, como Efecto Cocuyo, Caraota Digital, El Pitazo y Radio Fe y Alegría, de ser “mercenarios del periodismo” – en ese momento, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch condenaron las campañas de estigmatización en un comunicado conjunto.
Pocos días después de las acusaciones, sujetos encapuchados invadieron y robaron la sede de Radio Fe y Alegría, también el 8 de enero, según la organización Espacio Público.
Sobre todos los ataques, Amaya afirmó que, ya sea una acción coordinada o una coincidencia, “manda un mensaje al inicio del año de cómo puede ser la actitud ahora del gobierno”.
La ofensiva contra Efecto Cocuyo continuó en febrero. El día 10, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo, sugirió al Ministerio Público abrir una investigación contra el sitio, por hacer eco de un reportaje de la revista colombiana Semana.
Todavía en enero, la campaña contra el medio alcanzó su punto álgido cuando cuentas oficiales de Twitter difundieron un video, con símbolos de la Aviación Nacional Bolivariana (brazo de las Fuerzas Armadas), que acusó a Efecto Cocuyo y otros de ser “info-mercenarios” y de recibir dinero del Reino Unido para “contribuir con el derrocamiento del gobierno venezolano”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un comunicado condenando los ataques, dijo que “toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
Directora editorial de Efecto Cocuyo, Laura Weffer.
Efecto Cocuyo también emitió un comunicado enfatizando en que “ninguna institución o ente condicionan o intervienen en la línea editorial”. Weffer, directora editorial del medio, dijo que estos ataques son “recurrentes y sistemáticos”, pero que este caso fue diferente porque involucró a instituciones del Estado. “Es de notar que no es la cuenta del Ministerio de Agricultura, es muy distinto cuando estás hablando de una cuenta de un organismo militar”.
La periodista dijo también que la campaña parecía coordinada. “No es la primera vez que altos funcionarios atacan los medios de comunicación, eso empezó el día uno con Hugo Chávez, llevamos 20 años en eso. Lo que pasa es que esta vez utilizaron Aviación y fue un ataque muy rápido y sistemático, organizado”.
Sobre la amenaza de Cabello, Weffer dijo que estas investigaciones no suelen seguir adelante, sino que sirven para intimidar a los periodistas. “Por supuesto, existe una especie de espada de Damocles que tienes encima de tu cabeza”.
Para Balbi, los primeros meses de 2021 trajeron “una nueva faceta de ataques, un nuevo patrón de criminalizar los medios independientes” que se suman a la “violencia, las detenciones arbitrarias, las limitaciones de acceso a la información y los procesos judiciales que ocurrieron en 2020”.
“Si bien en ocasiones anteriores algunos voceros del gobierno se han referido de esta manera de desacreditar a los medios por recibir fondos de la cooperación internacional, ahora lo vemos de manera sistemática y desde los altos voceros del poder”, agregó Balbi. “Estos mecanismos de control y opresión ejecutados por las autoridades estatales hacia los periodistas, medios de comunicación y ciudadanos, fueron los patrones de silenciamiento que más debilitaron las libertades fundamentales de expresión e información en Venezuela”.
Amaya, de TalCual, dijo que los ataques contra Efecto Cocuyo contribuyen a generar un clima de miedo entre todos los medios. “El ataque discursivo a Efecto Cocuyo con el tema del supuesto dinero que recibieron para derrocar el gobierno, eso puede extenderse a otros medios que reciban algún tipo de financiamiento internacional. Porque en Venezuela la mayoría de los medios digitales funcionan con fondos internacionales”.
Además, Amaya dijo haber recibido denuncias de amenazas a periodistas en el interior de Venezuela e incluye el discurso de Cabello como un ingrediente adicional en este escenario de intimidación.
“Una sugerencia de Diosdado Cabello se suele tomarse en serio en este país. Eso es una criminalización de la labor periodística [...]. Efectivamente creemos que puede venir una mayor arremetida y que hay que estar mucho más atentos”, aseguró.
Según Amaya, los medios están en alerta e intercambian información para mejorar los protocolos de seguridad. Él caracteriza estos momentos de tensión como olas.
“Hay momentos en que sube, luego se baja, pero no quiere decir que se acabe, sino que se tranquiliza para volver a tener otro momento más fuerte”.
Weffer coincide en que la represión llega en oleadas y por eso Efecto Cocuyo aumentó sus medidas de protección. Uno es dejar de firmar los reportajes. “Si entras en nuestra página ahora [los artículos] están firmados como Efecto Cocuyo en general”.
Algo parecido hizo en TalCual. Un documental del medio, que se estrenó en diciembre y tardó más de un año en realizarse, no venía con el nombre de casi ninguno de los autores. El documental “La república que tortura” tiene seis capítulos y es un orgullo para el equipo. Pero solo aparecen el narrador e ilustrador, que viven en Miami.
“El documental es sobre la tortura que aplican los organismos de seguridad de Venezuela. Y tiene guionista, editores, dirección y nada de eso salió firmado. Justamente para evitar alguna represalia”, dijo Amaya quien cuenta cómo la falta de identificación de los autores hace difícil registrar trabajos en premios. Además de los textos anónimos, el equipo desarrolló algunas medidas de protección extra, como tener una lista de contactos para llamar en caso de emergencia.
Vista aérea de la Asamblea Nacional. Caracas, Venezuela. (PAULINO MORAN, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons)
Los periodistas escuchados por LJR coinciden en que esta ola represiva está ligada a un nuevo momento político, en el que el chavismo recuperó el control de la Asamblea Nacional, que había perdido en 2015. Las elecciones legislativas, celebradas en diciembre, fueron polémicas, ya que en ella la oposición se negó a participar y hubo una abstención de más del 80%.
Para Weffer, de Efecto Cocuyo, al asumir una mayoría de más del 90% de la Asamblea, el gobierno ya no encuentra mucha resistencia para atacar a la prensa.
“Los regímenes como el que existe en Venezuela generalmente desmontan y desarticulan a los partidos políticos, las instituciones y luego van por la sociedad civil”, aseguró.
Amaya dijo que, luego de controlar todas las instituciones del poder, el gobierno centrará su atención en la prensa. “Ahora el gobierno puede ir a actuar contra lo único que le está haciendo oposición”.
Balbi, del IPYS, cree que la ola represiva “prepara el escenario” para la creación de leyes que limitan la libertad de asociación, así como el derecho a recibir recursos del exterior.
Amaya por su parte señaló que esto es un riesgo real. Teme la aprobación de leyes contra las ONG y la prensa, como ha sucedido en Nicaragua.
“Lo que se espera es que pudieran venir dos caminos legales de esta Asamblea, una es plantear la ley del ejercicio del periodismo, con reformas adicionales, y la otra es hacer una ley de agentes extranjeros, para registrar quienes reciben fondos internacionales y ahí se incluiría también a los medios”, aseguró.
*Este artículo fue escrito originalmente en portugués y fue traducido por Silvia Higuera.
