Organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (UNESCO), Amnistía Internacional (AI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) e incluso, el gobierno de Francia, condenaron el asesinato de la periodista mexicana María Elizabeth Macías y pidieron a las autoridades mexicanas medidas urgentes para detener la violencia contra los periodistas.
Macías trabajaba en el diario Primera Hora y denunciaba actividades del crimen organizado a través de las redes sociales, según las primeras indagaciones sobre su asesinato. Su cadáver decapitado apareció sábado 24 de septiembre en la fronteriza ciudad de Nuevo Laredo, la misma ciudad donde el 13 de septiembre aparecieron dos cadáveres aún sin identificar con un mensaje de advertencia contra sitios de internet que reportan la violencia del crimen organizado.
“Estos tres homicidios parecen representar una alarmante estrategia para intimidar a los usuarios de las redes sociales para que dejen de comunicar información relacionada con la violencia”, expresó el comunicado de Amnistía Internacional.
"La cifra de 80 periodistas asesinados en un decenio fue superada en este año 2011, con crímenes cada vez más abominables. No se vislumbra ninguna salida al terror mientras que el país se hunde en una guerra total, en la que tan sólo escribir las palabras ‘tráfico’ o ‘narcos’ puede costar la vida", declaró la organización Reporteros Sin Fronteras.
Debido a que los medios locales censuran información sobre el crimen organizado, ahora el objetivo de los criminales parece dirigirse contra los usuarios de las redes sociales. “Que (los criminales) hayan tenido la capacidad de encontrar físicamente a alguien que hacía denuncias (anónimas) en un portal, nos preocupa porque la neutralidad de las redes sociales se basaba en el anonimato”, dijo Darío Ramírez, director de la organización Artículo 19 en México, durante una entrevista radiofónica con Radio 13.
Por ello, Amnistía Internacional exigió a las autoridades mexicanas que aseguren “un clima en el que los medios de comunicación tradicionales y los usuarios de las redes sociales puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión sin temor de ser asesinados u hostigados”.
