Venezuela ha sido sometida a un desmantelamiento de su ecosistema de medios de comunicación, en las últimas décadas. El debilitamiento en las condiciones para ejercer el periodismo ya sea en medios televisivos, digitales, impresos o radiales ha sido evidente e imparable bajo la actual administración gubernamental venezolana.
Durante el año 2022, el ataque ha estado dirigido a las emisoras de radio. Organizaciones en pro de la libertad de expresión en Venezuela han registrado el cierre de al menos 95 estaciones de radio; siendo los estados Zulia, Táchira, Sucre y Falcón los más afectados. En los meses de septiembre y octubre se ha denunciado el mayor número de cierres con más de 50 casos solo en ese periodo.
“Esta nueva ola de cierres de medios radiales demuestra que el gobierno persiste en su objetivo de adaptar el ecosistema de medios a sus intereses, agravando el déficit de información que existe el país”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) Daniela Alvarado Mejias, coordinadora de Libertades Informativas del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).
Para Daniela Alvarado Mejias, coordinadora de Libertades Informativas del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), los cierres arbitrarios de las emisoras de radio deterioran gravemente el derecho a saber de la ciudadanía. (Foto: Cortesía)
IPYS es una organización al servicio de los periodistas venezolanos que ha trabajado en la documentación de información sobre el cierre sistemático de medios desde 2005. “Estos cierres pueden influir de cara a unas posibles elecciones presidenciales [en 2024] donde solo habrá una cobertura sumisa… el no poder acceder a espacios de noticias libres, con pluralidad y diversidad de voces impide que la información esté al servicio de las personas y esto les niega el disfrute de otros derechos humanos”, explica Alvarado.
El ente venezolano a cargo de la decisión de los cierres de emisoras radiales es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel), quien actúa como el organismo del Estado venezolano que ejerce la regulación, supervisión y control sobre las telecomunicaciones.
Conatel es quien otorga las concesiones, asociada a una habilitación administrativa, para uso y explotación del espectro radioeléctrico venezolano que es un bien del dominio público. “Conatel no ofrece información pública ni actualizada sobre el estatus de las concesiones, que son negadas o eliminadas sin procedimientos que garanticen el debido proceso. Por lo general, estos cierres suceden cuando lo que informan las emisoras es crítico hacia quienes ejercen el poder político oficialista”, asegura la organización Espacio Público en su página web.
La emisora Radiolandia 103.3 FM estaba al aire, en el estado Zulia, al occidente de Venezuela, desde 2009. Su programación estaba enfocada a la difusión de música latina y gaitas [música tradicional en ese estado venezolano]. Esta estación abrió bajo el concepto de radio comunitaria [caracterizada por la participación activa de la comunidad en los procesos de creación de contenido] y contaba con un permiso provisional para funcionar.
Según su dueño, ya habían recibido tres visitas técnicas por parte de Conatel para evaluar los equipos, funcionamiento y programación de la emisora. Además, al ser una radio comunitaria, realizaban labores sociales en los alrededores de la estación que también fueron monitoreadas por el ente de telecomunicaciones. Por lo que estaban a la espera del otorgamiento definitivo de la concesión.
José Luis Vargas, director y propietario Radiolandia 103.3 FM en Maracaibo, dijo que no recibieron ningún documento oficial que justificara el cierre de la emisora. (Foto: Instagram Radiolandia 103.3 FM)
Sin embargo, el pasado 6 de septiembre fueron obligados a cortar la transmisión en vivo y amenazados con el decomiso de sus equipos de trabajo en caso de no acatar la orden. No recibieron ningún documento oficial avalando el cierre por lo que consideran fue una decisión arbitraria.
“La emisora contaba con tres operadores técnicos, un productor y un director. Además cada locutor o productor independiente dependía de pautas publicitarias. Un total de unas 18 personas se quedaron sin sus empleos con este cierre”, dijo a LJR José Luis Vargas, director y propietario Radiolandia 103.3 FM en Maracaibo. “Las pérdidas económicas son elevadas, solo por dar un ejemplo el costo de un transmisor sobrepasa los 2 mil dólares”, agregó Vargas.
Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP), en todos los casos de cierres reportados en 2022 se evidencia la ausencia del debido proceso y el derecho a la defensa. No hay documentos escritos, citaciones ni órdenes en las que se especifique la instrucción o se detallen la razones de cierre. Además, cuando algún funcionario visita las emisoras, lo hacen sin identificación dando órdenes verbales. Según un informe del SNTP, en el 80% de los cierres, Conatel gira instrucciones telefónicamente.
Zulia es el estado de Venezuela que acumula en 2022 la mayor cantidad de cierres de emisoras de radio en el país. Al menos 30 emisoras han sido cerradas en esta entidad. Algunas de ellas han sido: Sensacional Stereo 88.5 FM, Zulia Mía 91.3 FM, Kp 92.9 FM, Refugio 94.3 FM, Palabra 97.3 FM, High Class 98.1 FM, Destino 98.3 FM, Radiolandia 103.3 FM y Río Stereo 107.7 FM, entre otras.
Los cierres a estaciones radiales son medidas donde se ignora el compromiso que acordó el Estado venezolano de avanzar en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Según el plan de Desarrollo Económico y Social nacional, Venezuela se comprometía a “continuar impulsando una nueva política comunicacional en nuestra América, con especial énfasis en los nuevos sistemas y medios de información regionales y el impulso de nuevas herramientas comunicacionales”.
Aún así todas las emisoras radiales cerradas este año se encuentran en regiones fuera de la capital venezolana, y en muchos casos, en zonas en donde hay pocas fuentes de información.
Mientras tanto, representantes del gobierno venezolano han negado públicamente que las medidas administrativas de cierre ordenadas por Conatel representen una violación a libertad de expresión en Venezuela. Además, se mantienen en que el cierre de estas emisoras se debe a problemas con sus concesiones radioeléctricas.
Según Alvarado, en el otorgamiento de concesiones, la actuación de Conatel ha sido discrecional y opaca. “Ha causado que la mayoría de las empresas de radiodifusión tengan concesiones vencidas, a pesar de que se trata de emisoras que han entregado la documentación requerida. Aún así las emisoras no reciben respuestas sobre estas solicitudes y esto las ha colocado en una situación en las que están constantemente al riesgo de que se les revoque su licencia y su señal se suspenda de forma indefinida”.
Esto es lo que ha sucedido en la mayoría de los casos que se han denunciado este año. Por ejemplo, las emisoras 105.3 FM y Play Top 91.5 FM, ambas pertenecientes al circuito Unión Radio en Carabobo, al centro de país, fueron sacadas del aire el pasado 14 de octubre alegando extinción de la concesión.
“Estamos de luto por el cierre de las emisoras. En mi caso es la tercera vez que vivo la dolorosa experiencia: RCTV, El Carabobeño y ahora Unión Radio Noticias Valencia 105.3 FM donde hacía mi programa Lo de Hoy. No tengo palabras que me permitan expresar esta devastación”, dijo en Twitter la periodista Dhameliz Díaz quien, como explica en la publicación, ha sido obligada a dejar de trabajar en varios medios de comunicación debido a la censura: el cierre de la televisora RCTV en 2007, la cancelación de la versión impresa del diario El Carabobeño en 2016 y ahora el cierre de la emisora Unión Radio Noticias en Carabobo.
“Estas medidas arbitrarias deterioran gravemente el derecho a saber de la ciudadanía. Esto significa que la sociedad venezolana cuenta con menos espacios para la exigencia, el ejercicio pleno de derechos humanos”, dijo Alvarado sobre lo que significa el cierre de emisoras para la libertades informativas. “Los medios radiales son los de mayor alcance en el país. Estamos frente a una población que desconoce informaciones que les afectan, que son necesarias para la opinión pública y la toma de decisiones de manera consciente y responsable”.
