Setenta historias y contando. Ese es el principal resultado de una lucha iniciada en 2016, y que sigue su curso, por la divulgación de la totalidad de los datos de jubilaciones y pensiones del Gobierno brasileño. En la línea de batalla está Fiquem Sabendo, una agencia de periodismo especializada en la Ley de Acceso a la Información (LAI).
“Nuestro principal objetivo es mostrar que la LAI puede ser usada en el periodismo diario. La LAI toma tiempo. Para trabajar con la LAI, tienes que hacer centenas de solicitudes constantes y estar insistiendo”, dijo a LAtAm Journalism Review (LJR) Maria Vitória Ramos, cofundadora y directora de Fiquem Sabendo.
La ley brasileña de acceso a la información entró en vigor en 2011, promulgada por la entonces presidenta Dilma Rousseff, para regular un artículo de la constitución de 1988 que asegura el derecho de acceso a la información del gobierno federal y de las entidades federativas. No obstante, aunque los salarios de servidores públicos activos está disponible en el Portal de Transparencia, eso no ocurría con los inactivos.
“El caso de los [jubilados] y pensionados comenzó en 2017 con la primera denuncia que hicimos al TCU [Tribunal de Cuentas de la Unión] mostrando que no se sabía quién estaba recibiendo pensiones o cuánto estaba gastando el gobierno. Era un área totalmente oscura”, recuerda Ramos.
En septiembre de 2019, una decisión del TCU obligó al gobierno a divulgar los datos, lo que sucedió dos meses después. Fiquem Sabendo anunció el hecho en el boletín informativo Don’t LAI to Me de enero de 2020, pero al poco tiempo fue necesario hacer una serie de correcciones.
Maria Vitória Ramos, cofundadora de Fiquem Sabendo: las pensiones eran un área totalmente desconocida. (Foto: cortesía)
“No solo con glorias se logra una gran historia. El gobierno había dicho que esas eran todas las pensiones del gobierno federal. Y luego cuando nuestra primera newsletter salió, empezamos a recibir DMs en Twitter de ‘oye, busqué y no pude encontrar a mi pariente que recibe pensión’. Y entonces nos dimos cuenta que el gobierno no había publicado la totalidad del gobierno federal”, dijo Ramos.
A pesar de que el gobierno anunció que los datos cubrían todas las pensiones, dicha información estaba incompleta: faltaban los datos referentes a servidores de la Agencia Brasileña de Información (Abin), del Banco Central (BC) y de las Fuerzas Armadas.
Inclusive, la prensa brasileña ya estaba aprovechando esa primera ola de datos para hacer diversos reportajes que por primera vez sacaban a la luz información que hacía mucho tiempo debía ser pública. Así, la revista piauí mostró, por ejemplo, que los herederos de un auditor de la Reserva Federal recibieron un tipo de pensión por 107 años. Fallecido en 1912 (en la época, su cargo se denominaba tesorero de aduanas), la última pensión había sido pagada a sus descendientes en 2019.
El gobierno tampoco había publicado una serie histórica de pagos a servidores civiles, y solo había divulgado los más recientes. Es decir, la lucha continuó en dos frentes: por información histórica y por los datos de Abin, BC y Fuerzas Armadas.
Nuevas solicitudes vía la LAI vinieron hasta que en mayo de 2020, el historial de pagos a servidores civiles retirados y pensionados desde 1994 se dio a conocer en línea, en una de las mayores bases de datos jamás obtenida a través de la LAI de Brasil.
“Eran 27 archivos, con más de 100 millones de líneas de datos. El total eran 60 gigabytes en formato CSV. No podíamos abrir el archivo [en un programa común, como Excel]”, dijo Ramos.
Fiquem Sabendo llamó a dos especialistas en ciencias de datos para limpiar los datos y crear una visualización que pudiera ser explorada por gente inexperta, como los periodistas.
Fernando Barbalho: maneja, identifica errores y prepara visualización de 60 gigabytes de datos, con más de 100 millones de líneas. (Foto: cortesía)
“Era una base de datos muy grande. 1994-2020, 27 años de datos. Tuve que procesar, identificar errores, preparar visualizaciones. Los datos eran difíciles de trabajar. Encontramos varias anomalías en esos datos”, dijo a LJR Fernando Barbalho, uno de los dos científicos de datos que enfrentaron la misión.
Al también científico de datos Álvaro Justen le tocó transformar el caos inaccesible de archivos separados en una herramienta en línea dinámica y de fácil acceso para reporteros, investigadores y ciudadanos. Con eso fue posible identificar una serie de fallas que al final de cuentas contribuyeron para que el gobierno mejorara y actualizara sus propios datos.
En cuentas de Fiquem Sabendo, las anomalías detectadas ascendían a BRL 4.9 billones, o el equivalente a USD $945 millones.
“Hicimos las hojas de cálculo con pagos por encima de BRL 100 mil. Observamos cada uno de los pagos. En los 15 casos más serios, Recursos Humanos había ingresado datos erróneos. Y el grueso de los errores que identificamos radicaban en la extracción de los datos [del propio sistema del gobierno]”, explicó Ramos.
De acuerdo con la directora de Fiquem Sabendo, las fallas identificadas fueron pasadas al gobierno y corregidas en el banco de datos posteriormente: “encontramos un sector técnico interesado en saber lo que estaba pasando”.
“Justamente a la hora en que la sociedad civil se apodera de esos datos, una de las ganancias para el gobierno es la mejora en la calidad de los datos. Hay una posibilidad de mejores evidencias para políticas públicas, ganancia de legitimidad, disminución de la asimetría de la información”, dijo Barbalho, quien también es investigador en el área de transparencia y datos públicos.
Paralelamente al tratamiento de los datos, Fiquem Sabendo coordinó una fuerza de tarea colaborativa con cuatro periodistas para producir reportajes a partir de la base de datos.
“Sabíamos que nosotros como Fiquem Sabendo no teníamos brazos para hacer reportajes sobre esos datos. Estamos enfocados en la LAI”, dijo Ramos.
Uno de los colaboradores fue el reportero Lúcio Vaz, de Gazeta do Povo. “Hago reportajes sobre pensiones civiles y militares, principalmente militares, continuamente desde hace cuatro años, pero había tenido dificultades. Pude avanzar un poco [por mí mismo], pero no era suficiente”, dijo Vaz a LJR.
Lúcio Vaz: datos utilizados en 15 reportajes sobre pensiones de servidores públicos. (Foto: cortesía)
En sucesivas solicitudes vía LAI, Vaz había logrado descubrir el valor total de jubilaciones y pensiones militares y algunos datos demográficos, como grupos etarios, pero el Ministerio de la Defensa rechazó las solicitudes de detalles, como nombres, valores individualizados, etcétera.
“Fiquem Sabendo tuvo este papel super importante [en la liberación de los datos]. Ellos tienen un soporte jurídico que yo no tengo”, dijo Vaz, quien ya escribió 15 reportajes a partir de los datos divulgados por Fiquem Sabendo. Uno de ellos muestra que la pensión más antigua es para la hija soltera de un empleado federal. Esta pensión cumplió 100 años en 2021.
En la más reciente victoria, el gobierno liberó los datos de pensionados militares y también del Banco Central a principios de julio. Esta vez, los datos fueron agregados al Portal de Transparencia en un formato en que cualquier usuario puede explorarlos. Los datos sobre Abin, sin embargo, todavía se mantienen ocultos.
El reportero Bruno Fonseca, de Agência Pública, usó los datos de las pensiones y jubilaciones de las Fuerzas Armadas para mostrar que herederos de militares acusados de crímenes en la dictadura reciben BRL 1.2 millones por mes del gobierno brasileño.
Bruno Fonseca: pensiones para herederos de militares acusados de delitos durante la dictadura. (Foto: cortesía)
“Los reportajes solo fueron posibles gracias a las victorias judiciales obtenidas por Fiquem Sabendo contra la negativa del gobierno federal de divulgar las bases de datos”, dijo Fonseca a LJR. “Yo ya había hecho una solicitud de información que fue negada, al igual que otros periodistas. Hasta hoy, la base de datos no sería conocida por el público si no fuese por la victoria judicial de Fiquem Sabendo”.
Con un equipo de diez personas, de las cuales solo una trabaja de tiempo completo, Fiquem Sabendo tuvo un presupuesto anual de BRL 288 mil (USD $55.000) en 2021. La agencia realiza y da seguimiento a entre dos mil y tres mil solicitudes via LAI al año para el gobierno federal, los otros poderes y entidades federativas.
LJR buscó a la Contraloría General de la Unión, órgano responsable de la transparencia en el gobierno federal, pero la solicitud de entrevista no fue atendida.
*Este artículo fue escrito originalmente en portugués y fue traducido por César López Linares.
