El Pleno del Congreso peruano aprobaría esta semana una cuestionada ley que prohíbe la contratación de publicidad estatal en medios de comunicación privados.
Congreso de la República del Perú, Lima, Perú. [CC BY 2.0 (creativecommons.org/licenses/by/2.0), vía Wikimedia Commons.
La Ley 2133, también conocida como “Ley Mulder” por ser su autor el congresista por el partido aprista Mauricio Mulder, fue propuesta desde noviembre de 2017 con el objetivo de controlar el gasto del Ejecutivo en cuanto a publicidad oficial.
Diversas organizaciones de la sociedad civil, como el Consejo de la Prensa Peruana, Transparencia, Proética, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión invocaron al Congreso a archivar el proyecto de ley sobre publicidad estatal, informó el Instituto Prensa y Sociedad peruano (IPYS). En un comunicado conjunto, dichas organizaciones aseguraron que la norma es inconstitucional y que representa un grave atentando contra la libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento. “De aprobarse la norma, se estaría configurando un supuesto de censura indirecta, proscrito por el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos”, indicó el escrito.
De acuerdo con el diario El Comercio, el presidente peruano Martín Vizcarra tampoco está de acuerdo con el proceder del Congreso respecto de esta polémica norma.
“El Estado debe tener la facilidad comunicar a la población todo lo que requiere de ella para cumplir los objetivos. El trabajo del Gobierno requiere del compromiso de la población, y ¿cómo llegamos a la población si no es a través de los medios de comunicación?”, enfatizó el presidente, según El Comercio.
Vizcarra destacó como ejemplos temas importantes de salud, educación y seguridad ciudadana que deben darse a conocer a la población sin limitaciones, informó El Comercio. Citó como uno de los objetivos de su gobierno combatir la anemia y la desnutrición infantil, y que desde las instituciones del Estado harán todos los esfuerzos necesarios para lograrlo, pero que eso debe ser comunicado a la población, “para que la población sepa de estas campañas y se involucre y participe”.
La vicepresidente de la república, Mercedes Aráoz, dijo al diario El Comercio que el Gobierno debe presentar una demanda de inconstitucionalidad en contra de la “Ley Mulder”, si la norma es promulgada por el pleno del Congreso sin considerar las observaciones del Ejecutivo.
Roberto Pereira, asesor legal asociado de IPYS y abogado especialista en libertad de información, dijo al Centro Knight que hay suficiente sustento legal para que el Tribunal Constitucional declare fundada una eventual demanda de inconstitucionalidad que pueda presentar el Ejecutivo, el Defensor del Pueblo o alguna entidad colegiada si la ley en cuestión es promulgada por el Congreso.
“El trámite parlamentario de este proyecto también ha incurrido en varios vicios de inconstitucionalidad”, afirmó Pereira respecto al proceso parlamentario que debió seguir esta ley de acuerdo con la Constitución.
Con esta ley hay una doble afectación, explicó Pereira. “En primer lugar, se afecta el derecho de la gente a acceder a la información oficial, porque estás restringiendo la posibilidad de acceder a esa información, y en segundo lugar la obligación del Estado de proporcionar esa información, que tiene obligaciones convencionales por derecho internacional, como por la Constitución de proveer información, de actuar de manera transparente, de funcionar conforme al principio de máxima divulgación, y no de mínima divulgación, como es lo que esta norma pretende”, sostuvo.
Aráoz, quien además fue la presidente del Consejo de Ministros hasta marzo de este año, declaró a El Comercio que el proyecto de ley fue observado por el Ejecutivo tras un análisis técnico porque desde el principio partía de supuestos equivocados. Según la vicepresidente, en ningún país democrático una ley prohíbe a los gobernantes cumplir con su obligación de informar a la ciudadanía a través de medios masivos sobre las acciones del Gobierno, informó El Comercio.
“El Ejecutivo debe defender sus fueros y dentro de estos está realizar una comunicación estatal adecuada. Imagino que tomarán decisiones en defensa del Estado y del derecho”, dijo Aráoz a El Comercio. “Aquí estamos protegiendo el derecho de los ciudadanos a ser informados y del propio Estado de comunicar”, alegó.
Por otro lado, Pereira afirmó que la contratación de publicidad del Estado es un ingreso lícito y legítimo para los medios de comunicación privados. El intento de aprobación de esta ley se trata de un “caso de utilización de potestad de regulación del Estado, para sancionar a un grupo de medios de comunicación. Es una censura indirecta”, definió Pereira.
Gustavo Mohme, director del diario peruano La República y presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), dijo vía correo electrónico al Centro Knight que esta ley es un claro ejemplo de cómo la mayoría parlamentaria del Congreso, liderada por el partido de Keiko Fujimori y el APRA, usa su facultad de legislar para castigar o premiar a los medios.
Asimismo, Mohme explicó que esta “iniciativa chavista” violenta los principios de libertad de expresión de la Declaración de Chapultepec y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, entre otros documentos internacionales, que condenan la concesión o supresión de publicidad estatal como instrumento para beneficiar o perjudicar a medios y periodistas.
Además, “establecer que la publicidad oficial circule solo en medios públicos y redes sociales, cuya matriz empresarial está en el extranjero, es discriminatorio contra los medios privados peruanos y afecta su sustentabilidad”, declaró el presidente de la SIP. Para Mohme lo que correspondería hacer es que el Estado establezca criterios técnicos transparentes, efectivos y justos que sean aplicados al contratar espacios publicitarios.
“A nivel internacional, los medios de comunicación cumplen un rol central para la democracia, y esta actitud del Congreso, cuando toda la doctrina internacional indica que prohibir totalmente a los medios privados los ingresos por publicidad oficial es discriminatorio y va a afectar su sustentabilidad, pone al Perú como Estado en una situación peligrosa y de retroceso a nivel de las libertades fundamentales en la región”, subrayó el Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, en entrevista con la emisora peruana RPP Noticias.
Para el Relator, esta ley es un ataque a los medios de comunicación independientes que son los que cumplen un papel de control en la sociedad. Asimismo, dijo Lanza a RPP, esto afecta los derechos de la gente, que puede perder sus fuentes naturales de información que son los medios de comunicación. “Por lo tanto, creo que se puede interpretar, que este grupo de legisladores lo que quiere es un periodismo dócil, un periodismo súbdito de ellos”, acotó.
Lo que propone el congresista Mulder no es regular el gasto de la publicidad estatal, sino prohibir la publicidad estatal en medios privados, declaró el director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, Rodrigo Villarán, al Centro Knight.
“Esta es una propuesta muy peligrosa porque por un lado oculta la intención de castigar a los medios y a los periodistas que han sido particularmente críticos durante los últimos meses, como un mecanismo de censura indirecta, escondido bajo el argumento de que lo que se busca es cuidar el buen uso de los recursos públicos, cuando es evidente que no es así”, dijo Villarán.
En este contexto, el Consejo propone como alternativa que se reglamente la legislación sobre publicidad oficial que está vigente desde 2006. De acuerdo con Villarán, la Ley 28874 cumple con los estándares básicos sobre la materia.
“Nosotros no nos oponemos a la regulación, porque consideramos que la regulación es el mejor antídoto contra el uso discrecional de la publicidad estatal para premiar o castigar a medios en función a su línea editorial. Esto ya está contemplado en la ley del 2006”, acotó Villarán.
