Por Ingrid Bachmann
Pese al rechazo de los trabajadores —que han llegado hasta la justicia para revertir la decisión— todo parece indicar que el gobierno chileno terminará por deshacerse de lo que queda del diario La Nación, que es 69% propiedad del Estado.
Si bien la junta de accionistas del periódico postergó la contratación de una empresa que se encargue de la enajenación de los bienes del diario —incluidas sus oficinas en un edificio al frente de La Moneda, la sede del gobierno— la decisión de vender y efectivamente cerrar el medio sigue en pie, explicó Radio BíoBío.
Fundada en 1917, La Nación es exclusivamente digital desde diciembre de 2010, cuando las autoridades cancelaron la edición impresa alegando problemas económicos.
El sindicato del área periodística de La Nación urgió en un comunicado a detener el proceso de venta y pidió al presidente Sebastián Piñera y a la junta de accionistas que escuchen la propuesta de continuidad para el medio. “No concebimos que un diario de 96 años, testigo de la historia del país, sea tratado igual que un escritorio, una silla, un computador o un edificio y sea vendido al mejor postor”, dice el comunicado, citado por El Mostrador.
Según los empleados de La Nación, éste es un diario sustentable y viable, y que incluso podría autofinanciarse. Actualmente, el gobierno “no tiene razones para deshacerse del diario (…) y vender solo acentúa la concentración de medios”, dijo Nancy Arancibia, la presidenta del sindicato. La prensa chilena está dominada por dos grandes grupos que controlan la mayoría de los periódicos nacionales y locales.
Más allá de argumentos económicos y políticos, el debate sobre el futuro de La Nación ha obviado la discusión sobre el rol y la necesidad de un periódico público. A diferencia del caso de la red de televisión estatal —Televisión Nacional (TVN), hasta hace poco, líder de sintonía en el país— no existe norma que garantice la pluralidad de los medios impresos o la importancia de contar con un periódico de servicio público. TVN, en cambio, es un canal estatal pero autónomo, que no recibe financiamiento público y que por ley debe autofinanciarse, en un afán por asegurar la independencia, imparcialidad y representatividad de su programación.
En ese sentido, la propuesta de financiamiento mixto del sindicato de La Nación plantea que sin recursos estatales para un presupuesto base, el periódico no podría conservar su sentido público ni su independencia, pero que hoy el Estado tiene una oportunidad única para regular su funcionamiento y asegurar un medio plural y transparente como lo es el canal estatal.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
