Tres periodistas de Proclama Cauca y Valle, un medio local en la pequeña ciudad de Santander de Quilichao, al suroeste de Colombia, recibieron amenazas de muerte en julio de este año. Uno de ellos recibió un mensaje de texto amenazante, otro fue advertido a través de un familiar que estaba siendo vigilado y el tercero fue amenazado también por sujetos desconocidos mientras se trasladaba a un municipio cercano.
Estas amenazas ocurrieron tras la cobertura sobre grupos armados ilegales realizada por Proclama Cauca y Valle, una red de medios conformada por un periódico, una estación de radio y una plataforma digital que ha cubierto por largo tiempo el narcotráfico y el conflicto armado en esa región, en su mayoría rural, de acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia (FLIP). En lo que va del año, la organización ha reportado 37 amenazas relacionadas con la cobertura del conflicto armado de Colombia, de las cuales siete han ocurrido en la región de Cauca, de acuerdo con FLIP.
“La región donde llevamos más de 40 años haciendo periodismo es tal vez una de las más azotadas por la violencia permanente”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) Alfonso Luna, director de Proclama Cauca y Valle. “Esta área, por sus condiciones geopolíticas, fue escogida [por los criminales] por brindarles las mejores garantías para el mantenimiento de la guerra. En este escenario venimos ejerciendo bajo toda clase de amenazas y persecuciones”.
El estudio de la Defensoría del Pueblo de Colombia se llevó a cabo mediante una encuesta a más de 300 periodistas de todo el país. (Foto: Cortesía Defensoría del Pueblo de Colombia)
Periodistas que trabajan en ciudades pequeñas y regiones rurales como Cauca son los blancos principales de la violencia y la intimidación contra la prensa en Colombia. De acuerdo con un informe reciente de la Defensoría del Pueblo de ese país, los periodistas colombianos en general enfrentan amenazas a su integridad física, precarización de salarios y estigmatización por funcionarios públicos. Pero de acuerdo con representantes de organizaciones de defensa de la libertad de prensa, los periodistas fuera de las grandes ciudades son especialmente vulnerables.
La violencia no parece dar tregua. El mes pasado el periodista Frank Caro fue alcanzado por dos balas durante un ataque mientras conducía su automóvil en la ciudad de Caloto, también en Cauca, y fue llevado al hospital en condiciones críticas, de acuerdo con la Federación Internacional de Periodistas (IFJ, por sus siglas en inglés). Días antes, en el departamento de Magdalena, en la costa del Caribe, el director del medio digital Plato y la Región Noticias, Cristian Cabrales, logró escapar de un ataque a balazos tras saltar de su automóvil y esconderse en la vegetación.
Además, en lo que va del año al menos tres periodistas han sido asesinados en varios puntos de Colombia: Mardonio Mejía en enero en el departamento de Sucre, al norte del país; Jaime Vásquez en abril y Jorge Méndez en junio, estos dos últimos en el departamento Norte de Santander, al noroeste.
“El conflicto y la disputa de diferentes actores por territorios o por control social genera que los periodistas muchas veces sean el blanco”, dijo a LJR Jonathan Bock, director ejecutivo de la FLIP. “Hay una falta de garantías y unas presiones constantes [para los periodistas] por esta disputa de grupos armados”.
La Defensoría del Pueblo, una agencia gubernamental independiente encargada de velar por la protección de los Derechos Humanos en el país, publicó el mes pasado el informe sobre vulneraciones a los derechos de los periodistas, el cual reveló que 44 por ciento los periodistas colombianos ha sufrido algún tipo de transgresión a sus Derechos Humanos como resultado de su trabajo.
Grupos armados ilegales, organizaciones criminales y delincuencia común son los principales perpetradores, responsables del 47.7 por ciento de los ataques, de acuerdo con la encuesta. En segundo lugar, con 21.2 por ciento, se ubicaron los líderes políticos.
“Muchos de los periodistas básicamente se autocensuran justamente por ataques de diferentes actores”, dijo a LJR Julio Solano, uno de los autores del informe. “En muchos casos, por supuesto, grupos armados ilegales, pero también en algunos otros mencionaban a funcionarios públicos, políticos, a la institucionalidad del Estado en general, que también sienten que de una u otra manera les coarta la libertad de expresión”.
Colombia cuenta con la Unidad Nacional de Protección (UNP), creada en 2011 y considerada uno de los mecanismos de protección a periodistas pioneros en la región. Y desde 2022, la Defensoría del Pueblo ha ofrecido apoyo legal a periodistas a través de una oficina dedicada a la libertad de expresión en ambientes digitales.
No obstante, un estudio de 2022 realizado por Reporteros Sin Fronteras (RSF) sobre la eficiencia de los mecanismos de protección a periodistas en cuatro países de América Latina, incluida Colombia, encontró que las acciones de la UNP se reducen generalmente a medidas de seguridad física, y no una protección integral. Además, el estudio encontró que el personal asignado a la protección no está suficientemente capacitado ni sensibilizado con la temática de derechos humanos y con el contexto de los periodistas.
“Las instituciones a cargo de la protección a periodistas en riesgo no operan de la mejor manera, ya sea por temas burocráticos o administrativos, o bien por falta de lectura del contexto”, dijo Bock. “No están operando de manera urgente”.
El informe de la Defensoría encontró que si bien el 57 por ciento de los periodistas que han sufrido vulneraciones a sus Derechos Humanos acudieron a las autoridades, en varios de los casos “sus denuncias no fueron gestionadas de manera adecuada por las instancias judiciales”. El 43 por ciento restante ni siquiera interpuso una denuncia.
Los directivos de Proclama Cauca y Valle interpusieron denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y ante autoridades a nivel local por las amenazas recibidas en julio, dijo Luna. Sin embargo, aunque dijo que todos se han mostrado “solidarios”, no tiene altas expectativas de un buen resultado.
“El asunto con las entidades oficiales es que generalmente concurren, pero con unos complicados trámites burocráticos que nunca conducen a soluciones reales en contra del crimen organizado”, dijo Luna. “Las víctimas, a pesar de nuestras denuncias y demandas, seguimos siendo ‘objetivos militares’ permanentes de la delincuencia armada”.
El 17 por ciento de las violaciones a derechos humanos reportadas en la encuesta de la Defensoría del Pueblo corresponden a vulneraciones a la integridad psicológica, moral y al buen nombre. Esto incluye las declaraciones de funcionarios públicos que denostan o estigmatizan la labor periodística, dijo Solano.
El informe de la Defensoría del Pueblo arrojó que las vulneraciones a la integridad física y las que afectan la libertad de expresión fueron las más frecuentes entre los encuestados. (Foto: Cortesía Defensoría de Colombia)
Este tipo de declaraciones hostiles abonan al ambiente de violencia hacia la prensa, sobre todo porque hacen eco en figuras de los más altos niveles de gobierno, dijo Bock. Esto incluye al Presidente Gustavo Petro, quien desde que inició su administración ha emitido constantemente cuestionamientos y críticas a medios de comunicación y periodistas.
En julio, más de 180 periodistas firmaron una carta que fue publicada en el periódico de alcance nacional El Espectador, en la que reclaman que las acusaciones del presidente los estigmatizan. Petro respondió a través de su cuenta en X que él simplemente se defiende de “calumnias”.
“Esto es por supuesto un lenguaje que estigmatiza”, dijo Bock. “También lo vemos a diferentes niveles, en gobernadores, alcaldes, funcionarios, que se ven de alguna manera envalentonados por estos ejemplos que ven. Se va normalizando insultar periodistas”.
Con la intención de reducir la tensión entre Petro y el gremio periodístico, representantes de la FLIP y de RSF se reunieron con el presidente y otros funcionarios a finales del mes pasado. Durante el encuentro de cerca de 90 minutos, Petro insistió en que el trato por parte de algunos medios a veces llega a la injuria y la calumnia, de acuerdo con Bock, quien encabezó a la comitiva de la FLIP.
Funcionarios se comprometieron a implementar un canal directo para atender con urgencia los casos más graves de amenazas y ataques contra periodistas. Bock dijo que una segunda reunión con funcionarios de la administración de Petro se llevaría a cabo este mes para definir los detalles de estas acciones.
“Esperamos que esa sea no solamente una reacción institucional, sino que también haya un discurso por parte del gobierno de apoyo al periodismo, y particularmente al periodismo regional, que como ya lo hemos mencionado, en Colombia es el eslabón más débil”, dijo Bock.
Por su parte, Luna considera que los compromisos del presidente no son una esperanza real para los periodistas colombianos. Por el contrario, dijo, son “declaraciones oportunistas” como reacción a hechos trágicos específicos.
“Esos compromisos se adquieren regularmente como respuesta política a las situaciones graves o de emergencia que se van presentando”, dijo Luna. “[Deberían] descender a los escenarios del conflicto donde cotidianamente ejercemos el periodismo, venir a cubrir nuestro territorio para que se den cuenta que es muy distinta la teoría, las políticas diseñadas para víctimas sin tener en cuenta víctimas”.
Los periodistas de Colombia se enfrentan a otro factor: las precarias condiciones de trabajo, sobre todo en las regiones fuera de las grandes ciudades.
Periodistas del medio Proclama Cauca y Valle, ubicado en la pequeña ciudad Santander de Quilichao, fueron amenazados en al menos tres ocasiones en julio. (Foto: Cortesía Proclama Cauca y Valle)
El estudio de la Defensoría del Pueblo arrojó que 59.6 por ciento de los periodistas encuestados percibe ingresos inferiores a los 2 millones de pesos colombianos mensuales (cerca de US $480). Solo un 12 por ciento respondió que gana más de 4 millones de pesos (cerca de US $1.000). El 73.5 por ciento dijo vivir en los estratos 1, 2 o 3, los más bajos de los seis estratos del sistema oficial de clasificación económica del gobierno colombiano.
Solano dijo que la encuesta mostró una correlación entre los bajos ingresos de los periodistas colombianos y su formación profesional. Solo el 22 por ciento de los periodistas encuestados dijo tener algún tipo de especialización, mientras que el 54 por ciento dijo tener únicamente estudios de pregrado (licenciatura). El 11.3 por ciento apenas alcanzó el nivel de bachillerato, y el 2.1 por ciento no completó la formación básica.
Esos datos corroboran que los periodistas carecen de protección corporativa o institucional, dijo Solano. Los periodistas más afectados son los de las regiones alejadas de las ciudades, que en muchos casos son comunicadores con emprendimientos digitales propios, que no cuentan con ningún tipo de seguridad social.
“Un periodista que está en territorio sacando adelante una iniciativa empresarial que terminan consolidándose como medios independientes alternativos, medios pequeños que van creciendo con el paso del tiempo, de todas maneras quedan expuestos, porque no es que haya una ayuda real estatal para fortalecer estas iniciativas empresariales”, dijo Solano.
Para Bock, la precariedad laboral es una capa más de los tipos de violencia que viven los periodistas en Colombia. Esto tiene un impacto, no solo en la calidad de vida de los comunicadores, sino también en la independencia de su periodismo, agregó.
“Las fuentes económicas que están disponibles son muchas veces las fuentes que terminan cooptando la independencia de los medios, como la publicidad oficial o como los subsidios que pueden venir por parte de administraciones públicas. Hay empresas privadas que también ejercen control económico sobre los medios de comunicación”, dijo. “Aquí se debería estar pensando también en las fórmulas que sirvan para blindar ese periodismo. Pero desafortunadamente no estamos en ese punto”.
