El asesinato de una reportera mexicana en el estado oriental de Veracruz despertó indignación y protestas para exigir que se investigue y castigue a los responsables. La periodista Regina Martínez, corresponsal de la revista mexicana Proceso, fue encontrada muerta en su domicilio el sábado 28 de abril, informó el periódico Excélsior.
A través de una llamada anónima, la policía de la ciudad Xalapa halló el cadáver de la reportera en el baño de su domicilio con signos de golpes y estrangulamiento, informó el periódico El Economista. Martínez tenía más de 30 años de experiencia como periodista y los últimos 10 años fue corresponsal de la revista Proceso, uno de los semanarios políticos más importantes de México, de acuerdo con El Informador.
Su asesinato ocurrió en la capital del estado de Veracruz, considerado uno de los 10 lugares más peligrosos del mundo para los periodistas por la organización Reporteros Sin Fronteras luego de que tres periodistas fueron asesinados en ese estado durante 2011. La organización Artículo 19 señaló que se trata del quinto asesinato de un periodista en Veracruz, durante el mandato del actual gobernador estatal Javier Duarte, quien asumió a su cargo en diciembre de 2010, y que desde entonces, ese estado de la costa oriental mexicana registra el mayor número de los ataques contra la prensa en México.
A las pocas horas del crimen, un centenar de comunicadores y organizaciones periodísticas se manifestaron en la Ciudad de México para exigir el esclarecimiento del asesinato así como protestar por la impunidad de 74 asesinatos de periodistas en México cometidos desde 2000, reportó la revista Proceso.
Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, el Comité de Protección a Periodistas, Periodistas de a Pie, corresponsales extranjeros y la Escuela de Periodismo Carlos Septién firmaron un comunicado en el que condenaron el más reciente asesinato de una periodista en México. “De nada han valido los compromisos de palabra, ni la creación de fiscalías o leyes para la protección de los periodistas. México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para los informadores”, dice el comunicado.
Las organizaciones también expresaron que: “no se trata de un crimen aislado sino resultado de un contexto reiterado de abusos, impunidad y amenazas contra la libertad de expresión y el derecho a la información en México”.
Por su parte, la revista Proceso, la cual mantiene una línea crítica contra el gobierno, señaló que constantemente han tenido que mantener en el anonimato el nombre de sus reporteros, enviados especiales y corresponsales que cubren temas de seguridad y crimen organizado. La publicación también ha denunciado en varias ocasiones la compra masiva de ejemplares con el fin de impedir la circulación de la revista en algunas ciudades de México, según el Centro de Periodismo y Ética Pública.
El actual gobernador Javier Duarte, aseguró a los directivos de la revista que las autoridades estatales investigarían el crimen hasta las últimas consecuencias, pero los periodistas expresaron su incredulidad, por lo que decidieron colaborar en la investigación y solicitar la intervención de la Procuraduría General de la República, de acuerdo con la misma publicación y la agencia de noticias EFE.
Dos años antes de su muerte, la periodista había denunciado amenazas en su contra de parte del ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, de acuerdo con la organización Cencos.
Vea aquí el mapa sobre los ataques contra la prensa en México elaborado por el Centro Knight para el Periodismo en las Américas.
