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Gobierno cubano impone más limitaciones al periodismo independiente censurando contenidos en redes sociales durante pandemia

El periodismo independiente en Cuba, desde hace décadas, tiene que lidiar con un código penal que los criminaliza cuando no trabajan para un medio estatal, entre otras disposiciones que coartan su libertad. Desde que llegó el nuevo coronavirus a la isla, el periodismo independiente tiene que enfrentar las cada vez más comunes multas del Decreto 370, que penaliza las opiniones que los cubanos publican en redes sociales y plataformas digitales.

De acuerdo con Maykel González, director de Tremenda Nota, desde que empezó la pandemia, la persecución a periodistas y el ciberacoso se han agudizado. “Todos estamos más amordazados que nunca”, dijo González al Centro Knight.

“En medio de la epidemia [de COVID-19] la policía está citando a la mayoría de los periodistas [a causa del Decreto 370]. Esta ley no es la única contra el periodismo, [pero] es solo la única que puede aplicarse sin necesidad de un proceso penal. El decreto 370 tiene un carácter menor [jurídicamente]. Pero ahí está su peligro. No hay modo de defenderse en un tribunal”, comentó.

Desde que comenzó la crisis de COVID-19, al menos siete activistas y periodistas han recibido multas a causa del Decreto 370, que permaneció “medio engavetado” hasta hace poco, dijo Hugo Landa, director del sitio Cubanet, al Centro Knight.

El decreto, creado en 2018, fue aprobado en mayo de 2019 sin pasar por la Asamblea Nacional del Poder Popular, de acuerdo con Periodismo de Barrio.

El Decreto 370, Art. 68, inciso “i” señala como una de las violaciones asociadas a las tecnologías de la información y la comunicación, el “difundir, a través de redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”.

“Sabíamos que el inciso i serviría para reprimir, silenciar, castigar, etc. la expresión pública en los espacios online”, dijo Elaine Díaz del sitio cubano Periodismo de Barrio sobre el Artículo 68 del Decreto 370,  al Centro Knight. “El inciso i era la legalización de la censura en internet”, agregó. Pero sobre todo se censura lo que se publica en redes sociales, de acuerdo con una nota que Periodismo de Barrio publicó en 2019.

La multa que impone este decreto a personas naturales es de 3.000 pesos cubanos (cerca de US $120), y si no se paga en el plazo indicado, las penalidades por no pagar la multa y la amenaza de ir a la cárcel son mayores. Otras de las sanciones de este decreto para quienes violan el artículo 68, es el decomiso por parte del Ministerio de Comunicaciones, de los equipos y medios utilizados con los que se cometieron los delitos.

“La única manera de evitar esta multa, en específico, es no teniendo redes sociales o no publicando nada crítico hacia el gobierno. En Cuba no hay separación de poderes”, dijo la periodista cubana Mónica Baró, al Centro Knight. “No tienes ningún recurso legal para defender tus derechos; en primer lugar, no tienes derechos civiles y políticos”, señaló.

Baró fue multada el 17 de abril tras ser citada a un interrogatorio conducido por un agente del Ministerio del Interior. De acuerdo con la periodista, el interrogatorio no se trató sobre sus publicaciones en redes sociales, sino de las fuentes de financiamiento de los proyectos periodísticos de la revista El Estornudo y el sitio Periodismo de Barrio, medios para los cuales colabora.

Ante la multa, las dos opciones que le quedan, según Baró, es reclamar o que la lleven a los tribunales y la encarcelen. “Yo no tengo credenciales, yo no soy reconocida, mi trabajo no existe. De hecho, en un momento cuando me pusieron la multa me preguntaron ‘¿en qué trabajas?’, yo dije que en la revista El Estornudo, y me pusieron ‘bueno, pues, no trabaja’. Mi trabajo en Cuba es ilegal”, dijo Baró.

Según comentó Díaz, de Periodismo de Barrio, no es casual que estén aplicando el decreto con mayor ahínco en esta coyuntura de la pandemia. “Que haya periodistas independientes que hagan la denuncia pública y otros que prefieren callar implica que no sabemos exactamente a cuántos se está amenazando; pero sabemos que se está amenazando y que no son casos aislados”, expresó.

González de Tremenda Nota dijo que agentes policiales le exigieron telefónicamente que “no denigre al gobierno cubano” en sus publicaciones mientras dure la epidemia. “Les dije que nunca lo he hecho, que ese no es el propósito de mi trabajo. Amenazaron con usar el 370. En las últimas semanas me han citado dos veces. Me citaron hoy mismo (24 de abril), pero quedaron en confirmar por teléfono y no lo hicieron”, contó.

La periodista Camila Acosta de Cubanet también fue multada, a fines de marzo, por publicar información sobre el nuevo coronavirus en Cuba en su perfil de Facebook, de acuerdo con Cubanet. Además de la multa de 3.000 pesos, a Acosta le decomisaron el celular. Durante el interrogatorio, la acusaron además de estar ilegalmente en La Habana, dándole un acta de advertencia por violación de domicilio, según contó Acosta durante una entrevista publicada en el canal de YouTube de Radio Martí. Ella es de la Isla de la Juventud, una isla cubana al sur de La Habana. “El mayor Alejandro, el represor, ya me lo advirtió, me van a montar una causa común para sancionarme y condenarme a prisión”, dijo en la entrevista.

Hugo Landa, director de Cubanet, con sede en Miami, dijo al Centro Knight que el gobierno cubano ha “desempolvado” nuevos decretos para “legalizar” la represión. Además del Decreto 370, Landa mencionó el Decreto 349 que regula el quehacer de los artistas, la Ley 88, conocida como la “ley mordaza”, y la figura legal de “usurpación de funciones”. Esta última, según Landa, ha sido aplicada contra periodistas que no tienen título universitario y que no son miembros de la oficialista Unión de Periodistas de Cuba.

“El Gobierno cubano debe modificar urgentemente el Decreto Ley 370, el cual, tal como el CPJ advirtió cuando fue aprobado, se ha convertido en una herramienta más a disposición del régimen para reprimir a las voces críticas y silenciar a la prensa”, dijo Natalie Southwick, coordinadora del programa para Centroamérica y Sudamérica del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

“No solo están censurando individuos, están censurando otra narrativa sobre el impacto de una pandemia en el país. Están censurando a los únicos que pueden desafiar la historia oficial. Por eso tantos, por eso ahora”, dijo Díaz. “Dejemos de verlos como casos aislados porque no lo son. Son, juntos, la red de voces alternativas que están contando lo que pasa con la COVID-19 en Cuba”.

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