Por Giovana Sanchez
Un tribunal colombiano condenó a un hombre a prisión por el asesinato del periodista Luis Carlos Cervantes ocurrido en agosto de 2014 en Tarazá, departamento de Antioquia.
Cervantes estaba bajo el esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP), una entidad gubernamental responsable de proteger a periodistas y otras personas en riesgo, desde el 2012 hasta julio de 2014. El periodista, director de la emisora comunitaria Morena FM, había recibido amenazas de muerte desde 2010, según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según Noticias RCN, Cervantes había recibido varias amenazas de muerte tras denunciar públicamente casos de corrupción.
La protección que daba el Estado al periodista fue retirada apenas unas semanas antes de que lo mataran. El gobierno dijo que la decisión se tomó con base en información que señalaba que no había relación entre las amenazas y el trabajo periodístico de Cervantes, según la Relatoría Especial.
La Oficina dijo en su Informe Anual 2014 que la última amenaza fue recibida 21 días antes de morir, después de que Cervantes presuntamente se hubiera negado a transmitir una información sobre grupos criminales en la radio.
Javier Vega Osorio, también conocido como ‘Morroco’, fue condenado a 31 años de prisión por el asesinato de Cervantes, y por los homicidios de un exalcalde de Tarazá y de un contratista, de acuerdo con Noticias Caracol.
Los investigadores dijeron que los miembros del grupo criminal Clan Úsuga, al que Vega Osorio presuntamente pertenece, se reunieron en 2013 para planificar el asesinato de Cervantes, según Noticias RCN. La Fiscalía General de la Nación informó que la banda que mató a Cervantes se refirió a él como “sapo”, pero en su comunicado no informó sobre los posibles motivos.
La impunidad en los asesinatos de periodistas ha sido un problema en Colombia. Sin embargo, las recientes condenas, la disminución de la violencia política y un programa gubernamental de protección hicieron que el país saliera del Índice Global de Impunidad 2015 del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), según la organización. La lista clasifica a los países en donde los asesinatos de periodistas quedan impunes. Para hacer el índice, el CPJ sólo consideró asesinatos sin resolver que se produjeron en la década anterior y en los que “se ha confirmado que el ejercicio del periodismo fue el móvil del crimen”.
En el caso de Cervantes, el CPJ no ha determinado si el asesinato ocurrió debido al trabajo periodístico.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
