Casi cuatro años después de que el periodista radial brasileño Gleydson Carvalho fuera asesinado dentro de la emisora en la que trabajaba, la justicia brasileña condenó a tres personas por su implicación en el crimen.
Thiago Lemos da Silva, Gisele Souza do Nascimento y Regina Rocha Lopes fueron condenados el pasado 10 de abril por los crímenes de homicidio calificado y participación en una organización criminal en el asesinato de Carvalho, ocurrido el 6 de agosto de 2015, informó el Ministerio Público de Ceará (MPCE).
Los tres fueron sentenciados por el juez de la Primera Cámara del Circuito del Condado de Camocim, a 350 kilómetros de Fortaleza, tras el veredicto del Tribunal del Jurado. Silva, señalado como el que disparó en contra Carvalho, fue condenado a 27 años de prisión, mientras que Nascimento y Lopes fueron sentenciadas a 23 años de prisión cada una por ayudar con “apoyo logístico” el crimen, informó el MPCE.
Según la denuncia presentada por el MPCE a la justicia, Lemos da Silva invadió el estudio de la radio en que Carvalho trabajaba, en Camocim, hacia las 12:30 del día 6 de agosto de 2015 y disparó tres veces contra el radialista, que murió en el camino al hospital.
Silva habría sido contratado por João Batista Pereira da Silva, tío del entonces alcalde del municipio de Martinópole, a 46 kilómetros de Camocim, de acuerdo con el MPCE. La motivación para el crimen sería la “no aceptación de constantes denuncias y críticas sobre supuestas irregularidades en el ámbito de la gestión municipal” hechas por Carvalho en su programa de radio en contra de James Bell, entonces alcalde de Martinópole y sobrino de Pereira da Silva, según sostiene el MPCE.
Gisele Souza do Nascimento dijo a la justicia que el valor pactado por el asesinato de Carvalho habría sido de R $9.000 (cerca de US $2.287), pero ella no supo detallar si este valor sería dividido entre todas las personas involucradas en la ejecución o sería pagado a cada una de ellas, informó el MPCE.
Un reportaje escrito en 2017 por el Programa Tim Lopes para la Protección de Periodistas, de la Asociación Brasileña para el Periodismo de Investigación (Abraji, por su acrónimo en protugués), dice que además de Lemos da Silva, Israel Marques Carneiro es el otro sicario que presuntamente participó en el asesinato de Carvalho. Según el informe del Programa Tim Lopes, Gisele Souza y Regina Rocha supuestamente son novias de Carneiro y Lemos da Silva, respectivamente, y supuestamente ayudaron a los dos sicarios a llevar a cabo el crimen.
Además, según el informe, Francisco Pereira da Silva, hermano de João Batista, presuntamente también sería autor intelectual del crimen. Los dos son tíos de Bell, quien fue alcalde de Martinópole entre 2012 y 2016 por el partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB).
En una entrevista realizada en marzo de 2016 por el sitio de noticias 180, Bell negó estar involucrado en el crimen. “No tengo nada que ver con el caso. No tengo ningún interés en la violencia”, afirmó en aquella ocasión el entonces alcalde.
Según el MPCE, el fiscal del caso destacó en su denuncia que “hay fuertes indicios de la implicación de otras personas no identificadas” en el asesinato de Carvalho, especialmente “en el financiamiento y creando el elaborado plan de ejecución del periodista radial”.
El fiscal Evano Pereira de Matos, responsable del caso, le dijo al Centro Knight que Israel Marques Carneiro, otro presunto sicario supuestamente involucrado en el crimen, y João Batista Pereira da Silva, uno de los supuestos autores intelectuales, están prófugos de la justicia y por eso no fueron citados en el proceso que culminó en las condenas del pasado día 10. El proceso relacionado con ellos permanece suspendido hasta que sean capturados, dijo el fiscal.
En el caso de Francisco Pereira da Silva y Valdir Arruda Lopes, también citado en el reportaje del Programa Tim Lopes como otra persona supuestamente involucrada en el crimen, apelaron la sentencia de pronunciación, que es la decisión del juez que envía el juicio al Tribunal del Jurado, explicó el fiscal. Desde la apelación, el proceso pasó al Tribunal de Justicia de Ceará (TJCE), que debe juzgar el recurso presentado por ellos para decidir si serán o no juzgados como inculpados en este caso por el Tribunal del Jurado.