Desde la publicación de un reportaje de la Revista Factum sobre la presunta existencia de un escuadrón de la muerte al interior de la Policía salvadoreña, los periodistas de la publicación están siendo víctimas de amenazas de muerte y de una campaña de desprestigio en redes sociales. También han intentado atacar su servidor web. Asimismo, el sitio de periodismo independiente El Faro, que anteriormente también ha reportado sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales de la policía, ha recibido amenazas recientemente.
“La persona que nos administra el servidor nos dijo que cada madrugada hay 150 mil intentos, a través de bots, de entrar al sitio y bajarlo. Todo esto implica la vulneración de otro derecho, el derecho al libre ejercicio del periodismo. Los recursos que podríamos estar utilizando para hacer periodismo los estamos utilizando para intentar protegernos”, dijo Héctor Silva, codirector y fundador de la Revista Factum, al Centro Knight.
El reportaje de la Revista Factum “En la intimidad del escuadrón de la muerte de la Policía”, publicado el 22 de agosto, reveló que cuatro agentes de las Fuerzas Especiales de Reacción de El Salvador (FES), una unidad especializada de la Policía Nacional Civil (PNC), presuntamente asesinaron a pandilleros simulando un enfrentamiento.
Los cuatro policías denunciados en el artículo de la Revista Factum fueron detenidos por 72 horas y están siendo procesados administrativamente, no penalmente, por la policía, según informó el director de la PNC, Howard Cotto. De acuerdo con la Revista Factum, estos policías integran un grupo de exterminio que comete asesinatos, agresiones sexuales a menores y extorsión. Actualmente se encuentran en libertad, operativos y haciendo “trabajo de escritorio”, según Silva.
Silva dijo al Centro Knight que el tema de los grupos de exterminio dentro de la policía es un tema muy grave. “Nosotros - un medio de siete personas, con recursos escasos y medidas de seguridad muy precarias - hemos logrado determinar que hay exterminio desde una célula de un grupo élite. Esto solo termina de abrir la ventana de lo que ya El Faro y La Prensa Gráfica habían dicho sobre homicidios atribuidos a policías en El Salvador”, afirmó Silva.
Factum también reveló en sus reportajes cómo decenas de miembros de la PNC, a través de conversaciones de Whatsapp, presuntamente intercambian información sobre venta ilegal de armas, coordinan ejecuciones de pandilleros, comparten pornografía, y comentan otros actos de sicariato que se cometen al interior del cuerpo policial. Según la revista, el monitoreo de los chat de Whatsapp lo hicieron durante tres meses, gracias a un colaborador activo de la FES que participó en varios delitos.
Todo esto se da en el marco en que la clase política, empezando por el partido en el gobierno, ha negociado múltiples aspectos con las pandillas, explicó Silva. “Entonces, con una mano le están dando cintura política al negociar con ellos, y con la otra mano están vendiendo esta política de mano dura, represión, ataque frontal, de guerra abierta”, acotó.
El 23 de agosto, un día después de la publicación del reportaje de la revista, Cotto sostuvo en una entrevista televisiva en donde dijo que “se han aplicado medidas preventivas [a los oficiales] a raíz de la publicación de este artículo (...) nuestra obligación es implementar de inmediato, a de acuerdo a la Ley Disciplinaria, una medida preventiva que incluso ha conllevado a una detención preventiva”. Asimismo, aseguró que le habían comunicado a la Fiscalía General de la República sobre estas medidas.
Sin embargo, Factum informó que la unidad especializada contra el crimen organizado de la Fiscalía no había avanzado en el caso. Hasta hubo una llamada de atención de la fiscal asignada contra el colaborador que delató los crímenes de sus excompañeros y que informó de todo esto a los periodistas, de acuerdo con Factum.
Silva sostuvo que el lunes 28 de agosto, el Fiscal General dijo que ellos “están investigando el caso; pero ellos tienen los mismos testimonios que nosotros (Factum) tuvimos desde hace tres meses, y no han hecho nada. No hay ninguna decisión de investigarlos”. Y, añadió, “si a eso le sumas que muchas de las amenazas que reciben los periodistas que investigan estos temas vienen de cuentas de redes sociales que se manejan desde la policía, entonces, seguís entiendo que aquí hay un problema sistémico de tolerancia”.
El Faro informó que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha ordenado medidas cautelares para proteger a los periodistas de Factum. El Faro también denunció que ni el Ejecutivo ni ninguna autoridad de Seguridad Pública han tomado una posición oficial ni se han comunicado al respecto con los periodistas. Óscar Ortiz, vicepresidente de la República, dijo públicamente el 28 de agosto, como única mención al tema, que “había que tocar madera para que no pase algo con un periodista”, según La Prensa Gráfica.
Luego de la resolución de medidas cautelares emitida por la Procuraduría de Derechos Humanos, los periodistas de Factum se reunieron con el comisionado Mauricio Arriaza Chicas, subdirector de áreas especializadas de la policía, responsable de la FES - la unidad élite donde estaría el presunto grupo de exterminio.
“Arriaza nos ofreció seguridad a través de elementos de la policía, ponernos guardaespaldas. Nosotros le dijimos que no porque no confiábamos en la policía. Sobre todo porque 36 horas después de publicado el artículo, llegaron a nuestras instalaciones gente de la policía, algunos sin identificarse, y otros identificándose y tratando de entrar, también a las instalaciones de El Faro, que están al lado”, contó Silva.
A raíz del reciente reportaje sobre el presunto escuadrón de la muerte de la Policía que publicó Factum, cuatro personas sin identificación oficial visible llegaron en un microbus azul hasta la puerta de las oficinas de Factum, y dijeron ser de la Procuraduría, según El Faro. Estos preguntaron sobre los horarios de entrada y salida de los periodistas. Consultados por Factum, la Procuraduría negó haber enviado a ninguno de sus delegados.
Dos días después, El Faro también informó que varios hombres dentro de un auto sedán verde se presentaron en sus oficinas identificándose como fuentes periodísticas de la Policía. Poco después, otra persona se presentó e intentó ingresar.
Ya en 2015, El Faro había reportado sobre los presuntos abusos de la PNC durante una detención masiva a jóvenes menores de 30 años, a quienes tomaron como sospechosos de pandillaje y golpearon y torturaron brutalmente. También reportaron sobre las ejecuciones extrajudiciales presuntamente realizadas por policías ese año a ocho personas de una finca llamada San Blas, a quienes la policía había señalado como miembros de una “estructura criminal”. El Faro esclareció en su reportaje, mediante consultas a especialistas basados en los análisis forenses y en las evidencias, que estas personas fueron asesinadas frontalmente, sin que haya existido ningún intercambio de disparos, como había informado la Policía.
En consecuencia, los periodistas y un accionista de El Faro fueron víctimas de amenazas, seguimientos y actos de intimidación, los cuales fueron denunciaron ante la Fiscalía y la Policía. Hasta la fecha, estos actos siguen sin esclarecerse por parte de las autoridades, denunció el mismo medio.
Desde hace dos semanas, los periodistas de Factum se han visto obligados, por su seguridad, a trabajar desde cafés y no desde su oficina. Asimismo, lograron con ayuda de organizaciones amigas sacar temporalmente del país a dos de los periodistas que trabajaron directamente en los reportajes sobre las presuntas ejecuciones extrajudiciales en la policía. “Estamos buscando cómo mejorar la seguridad de nuestras instalaciones, tratando de conseguir fondos para ello. (...) También hemos tomado la decisión de limitar nuestra movilidad”, comentó Silva.
Desde la publicación de Factum, sobre el grupo de ejecuciones extrajudiciales de la policía, diversas cuentas de Twitter y Facebook han empezado a lanzar serias amenazas contra los medios.
Según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la cuenta de Twitter “Defensores Azules”, presuntamente proveniente de un grupo dentro de la Policía, publicó el tuit: “Los tengo que ver como Christian Poveda @RevistaFactum @ElFaro muertos en mano de sus protegidos..”. Poveda fue un documentalista franco español que murió asesinado por la Mara 18 en 2009, en El Salvador, tras filmar con consentimiento de sus miembros un documental sobre la violencia entre pandillas.
En el editorial publicado el 28 de agosto por El Faro, Culpar al Mensajero, el medio lamentó que la sociedad civil y el gobierno respondan a las denuncias sobre violaciones de derechos humanos al interior de la policía, hechas por ellos y otros medios como Factum, acusándolos de estar en campaña contra el Ejecutivo, contra las fuerzas del orden y contra la sociedad en general.
“En un grave ejercicio de cinismo e irresponsabilidad, a los periodistas de El Faro y de otros medios se nos ha acusado una vez tras otra de exagerar, de mentir, de responder a agendas partidarias, de pertenecer a supuestos ejes empresariales hiperideologizados, de proteger delincuentes o incluso de estar aliados con las pandillas para desacreditar a la Policía”, enfatizó dicho editorial.
Todo este discurso del Gobierno, de “ellos (los periodistas) son los enemigos”, tomando en consideración los acuerdos que el mismo gobierno ha pactado en los últimos años con los líderes de las pandillas “es de un cinismo intolerable”, dijo Silva.
En términos más formales, contó Silva, Factum está evaluando la posibilidad de pedirle medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que este organismo le exija al gobierno de El Salvador que investigue este tema de las ejecuciones extrajudiciales más a fondo. “Específicamente los tres homicidios, las dos agresiones sexuales a menores y los actos de extorsión cometidos por estos cuatro agentes de la policía” que mencionan en su reportaje, dijo Silva.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
