* Este artículo fue actualizado para incluir declaraciones del Comité para la Protección de los Periodistas y la Sociedad Interamericana de Prensa.
El periodista Gabriel Hernández fue asesinado el 17 de marzo en el departamento de Valle, al sur de Honduras, según reportes de medios locales.
El periodista de televisión Gabriel Hernández fue asesinado en el sur de Honduras el 17 de marzo. (Facebook).
De acuerdo con el Comité para la Libertad de Expresión de Honduras (C-Libre), Hernández caminaba hacia su casa en el municipio de Nacaome alrededor del mediodía del domingo cuando fue atacado por una persona armada que le disparó seis veces.
La Red de Alertas y Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales de Honduras (RAPCOS) compartió en su página de Facebook lo que parece ser el reporte policíaco del asesinato de Hernández. De acuerdo con el reporte, testigos dijeron que “un individuo que andaba a pie lo interceptó y le realizó varios disparos dejando al ahora occiso herido de gravedad”.
El reporte indica que Hernández fue llevado por amigos a una clínica privada, donde murió como consecuencia de los disparos.
La persona que le disparó y el motivo del crimen no han sido identificados.
Gabriel Hernández tenía 54 años y trabajaba para el canal Valle TV, de acuerdo con EFE. Era director y presentador del programa “El Pueblo Habla”, “donde era crítico de la gestión del Alcalde municipal y de los diputados del departamento”, de acuerdo con C-Libre.
El Comité destacó que en 2015 ya había registrado amenazas, agresiones de policías e información negativa contra Hernández por parte de autoridades municipales, encabezadas por Víctor Flores, Alcalde de Nacaome.
RAPCOS en Nacaome dijo a C-Libre que Hernández había solicitado medidas del Mecanismo Nacional de Protección del Gobierno de Honduras, pero que la entidad respondió que estas medidas “no aplicaban” al caso del periodista. El Comité dijo que contactó al Mecanismo por teléfono, y le aseguraron “que Hernández ‘no era beneficiario del sistema de protección’”. Al cuestionarle sobre si las medidas le habían sido negadas al periodista, la persona que respondió “aseguró desconocer el tema e indicó que el área de recepción de casos tendría dicha información”.
El Centro Knight intentó contactar a la Secretaría de Derechos Humanos, de la cual depende la Dirección General del Sistema de Protección, pero no recibió respuesta. Tampoco fue posible encontrar a ningún contacto del Sistema Nacional de Protección.
C-Libre dijo que había registrado varios casos de agresiones contra periodistas en los departamentos de Valle, donde Hernández vivía, y en el barrio Choluteca, incluyendo una condena judicial, agresiones policiales y campañas de desprestigio contra profesionales.
En una nota oficial, C-Libre exigió una investigación sobre el asesinato de Hernández y dijo que “el Estado no ha cumplido con la obligación de prevención de la violencia contra la prensa en la zona sur aunque desde hace tiempo se ha puesto en conocimiento del Sistema Nacional de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas sobre la situación de riesgo real que enfrentan las y los periodistas en los departamentos de Valle y Choluteca”.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) también solicitó una investigación del asesinato.
“Las autoridades deben actuar para garantizar que el nombre de Hernández no se sume a la larga lista de periodistas hondureños cuyos asesinatos fueron cometidos con absoluta impunidad”, dijo Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, según un comunicado de la organización.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también señaló los problemas de la impunidad y la “ineficacia de los mecanismos de protección existentes”.
Hernández “es la primera persona, vinculada a los medios de comunicación, que pierde la vida en circunstancias violentas, en lo que va del 2019 y el número 77 desde octubre de 2001”, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras (CONADEH). La comisión agregó: “92% de los crímenes contra periodistas, comunicadores sociales, camarógrafos, fotógrafos y dueños de medios, se mantienen impunes por falta de investigación”.
