Por Lorenzo Holt, Teresa Mioli y Silvia Higuera
El periodista David Romero podría enfrentar hasta ocho años y cuatro meses de prisión tras haber sido declarado culpable de los delitos de injuria y calumnia. Durante el curso del procedimiento judicial, no obstante, el director de Radio Globo ha repetido acusaciones de prejuicios y represalias en su contra debido a su trabajo periodístico.
Romero fue acusado de difamación por la ex fiscal Sonia Gálvez, esposa de Rigoberto Cuéllar, Fiscal General Adjunto.
La Prensa informó anteriormente que la acusación contra Romero señala que el periodista “habría proferido una serie de difamaciones en perjuicio de Gálvez por ser una de las dos fiscales que hace diez años lograron que fuera condenado por violación en perjuicio de su hija”. Romero, ex diputado del Partido Liberal, fue condenado a 10 años de prisión por ese caso.
Este 13 de noviembre, el tribunal encontró culpable a Romero de seis de los 15 cargos en su contra, según el diario La Prensa. La pena que tendrá que pagar el reportero se conocerá el 6 de enero de 2016, día para el que se programó la audiencia. También se dictó una medida cautelar que le prohibe hablar de Gálvez o de su marido en programas de radio o televisión.
Tras la condena, Romero dijo que iba a agotar todos las instancias legales, informó La Prensa.
Según el periódico, le dijo a los reporteros fuera de la corte “lo que ellos quieren es callarme, me callan hoy y mañana los van a callar a ustedes”.
El 23 de julio, Romero se refugió en la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos después de que sus partidarios rompieron puertas y portones de la corte, lo sacaron a la fuerza y lo entregaron a la Comisión. El periodista estaba en el tribunal para dar testimonio por el caso de difamación en su contra, según la agencia AFP.
De acuerdo con la misma historia de AFP, Romero dijo que el presidente hondureño Juan Orlando Hernández había dado instrucciones a los jueces en este juicio para que el periodista fuera enviado a la cárcel para ser asesinado. Romero afirmó que esto se debía a una represalia conectada con sus reportajes sobre una presunta corrupción en la administración del instituto de seguridad social del país.
A principios de mayo, Romero dijo que había recibido amenazas después de informar sobre la presunta malversación de fondos que puede implicar al presidente, según Reporteros Sin Fronteras (RSF).
El gobierno ha señalado no estar involucrado en el caso contra Romero.
Romero ha denunciado múltiples presuntas irregularidades judiciales y supuestos perjuicios en su caso. Por ejemplo, Romero publicó una entrevista del ex presidente del Tribunal de Sentencia quien dijo que había sido presionado por el vicepresidente del Consejo de la Judicatura, por orden del presidente Hernández, para que condenara al periodista, según la organización de defensa de la libertad de expresión C-Libre.
Utilizando redes sociales y Radio y TV Globo, miembros de la sociedad civil y de la oposición política convocaron a una movilización hasta la Corte Suprema el 13 de noviembre, de acuerdo con C-Libre.
Los periodistas de Radio Globo y Globo TV han sido blanco de amenazas, acosos e incluso asesinatos en los últimos años. Cinco periodistas de las agencias de noticias han sido asesinados desde 2011, según RSF.
La difamación sigue siendo un delito penal en Honduras. Se han hecho esfuerzos en toda América Latina y el Caribe para despenalizar los delitos de difamación, incluyendo llamados de la Organización de los Estados Americanos para reemplazar las leyes de difamación penales por leyes civiles.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
