Esta es la segunda entrega de una serie sobre la cobertura de conflictos violentos en América Latina.*
Ningún reporteo es igual a otro cuando se trata de una cobertura sobre conflictos violentos o de zonas violentas. Cada situación parece tener un componente impredecible.
(Illustration: Pablo Pérez "Altais")
Ese es el testimonio de varios de los periodistas y expertos de México, Brasil, El Salvador, Venezuela, Ecuador y Colombia que LatAm Journalism Review (LJR) entrevistó, y que han experimentado ese factor impredecible en la cotidianeidad de la violencia de algunas zonas de sus países.
Las historias sobre pandillas y organizaciones criminales, las zonas de frontera con la ambigüedad de sus límites y jurisdicciones, los pueblos urbanos marginales o una simple plaza central de una ciudad tomada por cárteles del narcotráfico son algunos de los temas y escenarios latinoamericanos en donde los periodistas de la región pueden encontrar sus mejores reportajes o una situación de vida o muerte. Aunque no se trate de una guerra en su concepto tradicional, las condiciones y preparativos no son tan diferentes para los periodistas.
Cubriendo situaciones violentas en zonas de riesgo
El antropólogo, cronista y columnista salvadoreño Juan Martínez d’Aubuisson, cuyos textos son publicados por El Faro, Insight Crime, Revista Factum, Gatopardo, entre otros, documenta la violencia social en el norte centroamericano.
Desde hace años, Martínez va con frecuencia al barrio Rivera Hernández, de San Pedro de Sula, en Honduras, en donde conviven diversas pandillas como Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, una de las estructuras criminales más grandes de Honduras.
A la izquierda y de camisa azul, el cronista salvadoreño Juan Martínez d'Aubuisson en El Salvador, junto a expandilleros de la MS13 y Barrio 18. (Cortesía)
“La violencia es tan intensa [ahí] que las pandillas, a veces las nuevas pandillas, son exterminadas con relativa facilidad. Entonces estaba tratando de documentar y de describir cómo es el nacimiento de una pandilla dentro de ese barrio”, contó Martínez.
En uno de sus viajes a Rivera Hernández, hacia finales de 2018, y tras convivir varias semanas con una de las nuevas pandillas, de miembros jóvenes, Martínez fue testigo de un enfrentamiento del nuevo grupo con miembros de la Mara Salvatrucha.
Los encuentros entre pandillas en general son muy fuertes, dijo Martínez, pero lo distinto de esa vez fue que a la banda de jóvenes se le acabó las municiones y empezó a usar bombas molotov desde un techo. Es decir, botellas con gasolina y un trapo encendido como mecha. En ese momento de tanta incertidumbre, “yo estaba absolutamente convencido de que iba a morir”, confesó Martínez.
Afortunadamente pudo vivir para contarlo, y no fue la última vez que visitó ese barrio, ni esa región convulsa de Honduras.
Martínez reconoce que esa no es la forma más tradicional de cubrir la violencia, por eso no le recomienda a nadie la manera como él trabaja. “Una vez que empieza la violencia, no existen protocolos fijos de protección”.
En su opinión, para ese tipo de coberturas, es bueno tener algún tipo de preparación física. Una muy buena opción de protección es saber algún tipo de técnica de defensa personal o artes marciales, “como el gran maestro [y periodista peruano, Gustavo] Gorriti”. También sirve, durante enfrentamientos armados, vestir ropa oscura, mantenerse siempre en movimiento y estar bien identificado por el grupo que acompaña. Otro de los aspectos imprescindibles es mantener la comunicación con un contacto de confianza, o monitor, que sepa en qué lugar está y cuál es su situación.
Cubriendo eventos ordinarios en zonas violentas
En algunas ciudades de México, como Nuevo Laredo en Tamaulipas, cerca de la frontera norte con Estados Unidos, hasta los eventos más ordinarios, como los del ayuntamiento en la plaza pública, no dejan de ser escenarios de potencial violencia.
Alberto Carrasco, jefe de informaciones del diario El Mañana, de Nuevo Laredo, desde hace seis años, cubre como reportero diversos temas, como seguridad, política, medio ambiente, etc. Él vive a diario esa violencia latente de Nuevo Laredo, como periodista y como ciudadano.
Periodista Alberto Carrasco del diario "El Mañana" de Nuevo Laredo, México. (Cortesía)
“Cualquier reportero que tenga unos diez años reporteando aquí, ha ido al menos a uno o dos cursos de capacitación que incluye [técnicas para] algún entrenamiento” de cómo protegerse, dijo Carrasco a LJR, como los que a veces ofrece el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés).
El 25 de enero de 2018, Carrasco tuvo que poner en práctica todos sus conocimientos de autoprotección cuando cubría un acto oficial del entonces alcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, al que asistieron más de 150 invitados, entre ellos muchos niños, que terminaron en el suelo, según Telemundo.
Cuando el alcalde estaba inaugurando un mural de la ciudad, empezó un fuego cruzado entre bandas criminales a pocos metros de allí que hizo que todos los presentes se agachen y busquen guarecerse donde sea: detrás de estatuas, bancas de parque, en jardines, etc., contó Carrasco. La seguridad del alcalde y los agentes del Ejército activaron sus defensas.
Los periodistas están ya más acostumbrados a este tipo de eventos, dijo Carrasco, y lo primero que hay que hacer en esos casos es protegerse.
En ciudades como Nuevo Laredo, o en las zonas rurales de Tamaulipas, cualquier cobertura implica un riesgo moderado si no se toman las precauciones debidas.
También es bueno ir en el auto con los vidrios abajo para escuchar los tiroteos, que son frecuentes, y así saber qué ruta tomar, sostuvo Carrasco.
Los periodistas de Nuevo Laredo no suelen cubrir temas que pueden poner en peligro su integridad física.
Para la organización defensora de la libertad de expresión, Artículo 19 México, las coberturas que consideran de riesgo son las relacionadas con temas de corrupción y política, derechos humanos, seguridad y justicia, protestas, elecciones y temas sobre la defensa de tierra y territorio, dijo a LJR Itzia Miravete, coordinadora de prevención de la organización.
“Es importante que el gobierno [de Andrés Manuel López Obrador] emprenda una campaña permanente de reconocimiento a la labor de periodistas para mejorar la percepción de la ciudadanía hacia la prensa”, señaló Miravete. “Por otro lado, esto debe ir acompañado de frenar los discursos estigmatizantes que se generan desde los tres órdenes de gobierno en contra de la prensa”.
En zonas de ‘milicias’ no se entra (en favelas sí)
Mauro Pimentel es un fotoperiodista brasileño y corresponsal de Agence France Presse (AFP) en Río de Janeiro, Brasil. La mayoría de sus coberturas documentan la vida de los pobladores de las favelas de Río, que muchos prefieren llamar comunidades o barrios.
Pimentel dijo a LJR que siempre evita ser el primer reportero en el terreno cuando se trata de la cobertura de hechos violentos, como enfrentamientos entre bandas o con la policía.
Fotoperiodista brasileño, Mauro Pimentel, corresponsal de AFP en Rio de Janeiro. (Crédito: Douglas Shineidr)
“En Río, hay bastante comunicación entre fotógrafos, por ejemplo, e incluso entre reporteros. Entonces, siempre que tienes que cubrir ‘breaking news’, nunca estás solo”, dijo.
Cuando se trata de reportear en favelas que Pimentel visita frecuentemente, sí se atreve a tomar más riesgos porque ya tiene contactos conocidos, fuentes. Pero igual siempre depende de qué situación tiene que cubrir y lo mejor es entrar a la zona con otros reporteros.
“Siempre trato de contactar a alguien local. Pero si ya estoy en el sitio, lo primero que hago es conversar con alguien que esté en la calle, para tratar de entender el escenario. Creo que es la manera que encuentro de ser amigable, accesible, para explicar qué estoy haciendo en el lugar y tener la ayuda de la gente de la zona para lograr acceso. Además de ayudarles a entender por qué este chico vino con esta cámara grande”.
Pimentel trata siempre de mantener comunicación constante, compartiendo su ubicación vía telefónica, con su editor y con el conductor que le acompaña y le espera en un punto seguro. Lo bueno de cubrir eventos dentro de la ciudad es que siempre cuenta con señal telefónica para comunicarse.
Hace unos días, tuvo que cubrir un tiroteo en la favela Vila Cruzeiro, en donde murieron ocho personas. La policía hizo una redada en el barrio, alegando que buscaban a narcotraficantes de la favela vecina.
A principios de febrero, la Corte Suprema brasileña votó para que el gobierno de Río creara un plan para reducir la letalidad de la violencia policial en las favelas de la ciudad.
Reportear sólo mientras haya luz de día es otra de las premisas de Pimentel. Una mañana, cuando él cubría una procesión por Corpus Christi en la favela Rocinha, antes de que empezaran a caminar y mientras la gente se preparaba para el rito, empezó una balacera entre bandas. Él se guareció en la casa de uno de los pobladores, que lo recibió. Todos esperaron a que pase la balacera y luego continuaron con la procesión. “Una vez que entras a las favelas, ya todos saben que tú estás ahí. Se corren la voz”.
Un lugar en donde Pimentel nunca cubre historias es en las zonas o favelas controladas por milicias, que las conforman bandas de expolicías e incluso a veces hay entre sus miembros policías que aún siguen sirviendo.
“En esos lugares [controlados por milicias], no hay negociación. Los medios no están permitidos, y punto”, explicó Pimentel.
LJR contactó a la Policía Militar del Estado de Río de Janeiro, pero no obtuvo respuesta antes del cierre de esta nota.
Cuando las autoridades no son el mejor contacto
Como una práctica habitual, los periodistas que se alistan a viajar por primera vez a una zona rural o fronteriza para hacer un reportaje, por lo general, contactan y se presentan con los líderes locales de la comunidad, los pastores de iglesias locales, los maestros de escuelas que tienen influencia en el pueblo, las autoridades y las fuerzas del orden.
A fines de marzo de 2021, el equipo de periodistas del medio colombiano NTN24 descubrió en Venezuela la excepción a la regla, al ser detenidos tras identificarse con los puestos de mando de la zona a la que fueron a reportear.
El periodista venezolano Luis Gonzalo Pérez, corresponsal internacional de NTN24, fue en ese entonces con su colega Rafael Hernández a hacer un reportaje de una semana al estado venezolano oriental de Apure, que colinda con el departamento colombiano de Arauca. La idea, según contó Pérez a LJR, era cubrir el desplazamiento de miles venezolanos hacia el lado colombiano debido a la violencia desatada por los enfrentamientos entre militares venezolanos y facciones de la guerrilla colombiana.
Periodista venezolano Luis Gonzalo Pérez, corresponsal de NTN24 de Colombia. (Cortesía)
Fueron desde Caracas hasta Apure, en un viaje de doce horas por carretera, porque debido a la pandemia de la COVID-19 los viajes en avión no estaban autorizados. Lograron cruzar al lado colombiano para entrevistar a familias que migraron huyendo de la violencia, y luego regresaron otra vez al lado venezolano para continuar con su reportaje. Cuando fueron a solicitar la autorización del comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de la zona para realizar su reportaje, fueron detenidos, contó Pérez.
Nos identificamos y “les mostramos nuestras credenciales de prensa a los comandos”, dijo Pérez, pero igual terminaron en un cuarto de detención del comando de la GNB por casi 48 horas, en donde, según dijo Pérez, durmieron en el piso, estuvieron incomunicados y solo les dieron de comer una vez, una arepa y un café. Les quitaron sus pertenencias, celulares, dinero y sus equipos con todo el material periodístico que habían hecho hasta el momento.
Antes de quitarles sus celulares, dijo Pérez, él logró comunicarse con su editora en Caracas y contarle que la situación estaba muy sospechosa porque les estaban tomando fotos y pidiendo mucha información. Pérez y Hernández iban acompañados de un conductor y dos personas de la organización Fundaredes.
“Nos pusieron custodios armados afuera del cuarto de detención y de ahí en adelante fue que comenzó la tortura mental (…) Ignoraron todos nuestros pedidos de comunicación”, contó Pérez. “Pasó toda la noche (…) y escuchamos como 70 detonaciones de mortero fuera del comando, haciendo temblar el lugar”, añadió.
En esos días, Diosdado Cabello, diputado venezolano y número dos del chavismo en Venezuela, llamó “enemigos” a todos los periodistas que cubren el conflicto fronterizo en Apure. Durante su programa en señal abierta dijo que los periodistas que van a esa zona de conflicto no van a cubrir la noticia sino a “sembrar el odio”.
En Twitter, el presidente colombiano Iván Duque rechazó la detención de los periodistas por “fuerzas de la dictadura venezolana”, y pidió la intervención de organizaciones internacionales. Los periodistas fueron liberados la tarde siguiente, de acuerdo con Pérez, saliendo del comando de la GNB solo con las ropas que vestían.
“Fue un acto de intimidación, de amedrentamiento y robo. Fue un delito”, dijo Pérez.
En un comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sobre los enfrentamientos del 31 de marzo de 2021 en la zona fronteriza del estado venezolano de Apure con el departamento colombiano de Arauca, se menciona la presencia de la prensa en el lugar.
“Cabe destacar, que mientras los residentes de La Victoria [en Apure] regresan desde Arauquita [ciudad colombiana] a sus hogares, se observa cómo los operadores de la canalla mediática despliegan sus sucias manipulaciones para atizar la violencia en el Alto Apure”, señala el comunicado.
LJR intentó contactarse con la Guardia Nacional Bolivariana, pero no obtuvo respuesta antes del cierre de esta nota.
Entre fronteras, sin ley
El 26 de marzo de 2018, el periodista Javier Ortega, el fotoperiodista Paúl Rivas y el conductor de prensa Efraín Segarra del diario El Comercio de Ecuador fueron secuestrados entre la frontera de Ecuador y Colombia por el grupo disidente de la guerrilla colombiana de las FARC, Frente Oliver Sinisterra.
El líder de ese grupo disidente, Walter Patricio Arizala Vernaza, alias “Guacho”, habría ordenado el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico, luego de las fallidas negociaciones que sostuvo con los gobiernos de Colombia y Ecuador para liberar a los periodistas.
Los periodistas habían ido a reportear en la zona de Mataje, en la provincia Esmeralda que colinda con la frontera con Colombia, en el norte de Ecuador, para investigar sobre el atentado armado que mató a tres infantes de la Marina ecuatoriana el 20 de marzo de 2018.
Desde fines de 2017, y en el marco de los acuerdos de paz del gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC, la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia estaba siendo afectada por atentados armados, según señala el informe del Equipo Especial de Seguimiento (EES) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que tuvo a cargo la investigación del secuestro y asesinato de los periodistas ecuatorianos.
“Javier era de mis reporteros más experimentados”, dijo a LJR Geovanny Tipanluisa, el entonces editor de seguridad y justicia del diario El Comercio de Ecuador.
Javier Ortega (segundo de la izquierda) y Geovanny Tipanluisa (sentado a la derecha) acompañados de sus colegas de la sección Seguridad y Justicia en la redacción de El Comercio de Ecuador. (Cortesía)
Según dijo Tipanluisa, Ortega había hecho reportajes en la zona fronteriza de la provincia de Esmeraldas desde 2013, incluyendo la cobertura de la última convención armada de las FARC en las montañas de Colombia, en 2016.
Cuando el jueves 22 de marzo de 2018 tuvieron la reunión editorial para determinar qué reportajes se hacían, se decidió que Ortega se iría a Mataje. “Javier saltó y dijo: ‘¡Bien!¡Me voy a la frontera!’”, contó Tipanluisa. Antes de despedirse ese día, comentó el editor, Ortega le dijo que ese sería el mejor reportaje de su vida.
“Nosotros levantábamos historias humanas de los pueblos, y cómo estaban viviendo esa situación de violencia. Siempre nos preparábamos”, dijo Tipanluisa. “Una de las medidas de seguridad era, primero, tomar contacto con los líderes de los pueblos, con la iglesia, con los profesores, con los militares o con los policías, para que nos resguarden. Entonces eso es lo que nosotros siempre, siempre, aplicábamos cuando los chicos se iban; y estar en comunicación permanente, por llamada o por WhatsApp”.
Por eso, el 26 de marzo de 2018, cuando ni Ortega ni Rivas contestaban las llamadas ni los mensajes, Tipanluisa y su equipo editorial empezaron a preocuparse. Tipanluisa también había ido en esos días a hacer una cobertura en el norte del país, cerca de la frontera, en la provincia de Sucumbíos. Cuando se comunicó con el director del diario, este le dijo que parecía que se trataba de un secuestro.
El 13 de abril de 2018, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno confirmó la muerte del equipo periodístico de El Comercio. Lo que “Guacho” había pedido durante las negociaciones con los gobiernos de Ecuador y Colombia para liberar a los periodistas era canjearlos por tres presos y que se terminara el convenio antidrogas binacional.
“La sensación de insolencia, podría decir, por parte de los Estados [de Ecuador y Colombia] frente a la situación, era algo que nos iba produciendo desaliento y alimentaba la idea de que el desenlace podía ser el que finalmente fue”, dijo a LJR Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia.
Bock señaló que a nivel oficial no existe aún una investigación satisfactoria sobre el secuestro y asesinato de los periodistas. “Es un caso que no ha avanzado en términos de justicia”, dijo. El reportaje Frontera Cautiva, de periodistas colombianos y ecuatorianos sobre lo que pasó en la frontera es una de las investigaciones más fehacientes de los hechos, señaló Bock.
El hecho “contundente” del secuestro y asesinato de los periodistas de El Comercio “nos enfrentó con la realidad de que en el Ecuador se vive una crisis de seguridad tremenda” por el crimen organizado, dijo a LJR César Ricaurte, director de Fundamedios, de Ecuador.
El asesinato de los periodistas ha sido un constante motivo de lucha de Fundamedios para que se activen en el país mecanismos de seguridad y protección para periodistas, dijo Ricaurte, y para que se establezcan parámetros de acción de la fuerza pública. Ricaurte lamentó que actualmente no exista por parte del Estado ninguna respuesta ante los constantes ataques y amenazas de funcionarios, fuerzas públicas y del crimen organizado contra periodistas en Ecuador.
La pandemia ha hecho más difícil entablar un diálogo con las autoridades e instituciones del gobierno, como la Secretaría de Comunicación, sostuvo Ricaurte, a la cual Fundamedios viene proponiendo una capacitación para los servidores públicos en temas de libertad de expresión, que sigue sin concretarse.
Los periodistas en América Latina que hacen reportajes sobre conflictos violentos, ya sea que involucren al crimen organizado, bandas de narcotraficantes o miembros de las fuerzas armadas, deben estar preparados para lo impredecible, como lo han demostrado estos casos de México, Brasil, El Salvador, Venezuela, Ecuador y Colombia. En la siguiente entrega de esta serie, veremos consejos y sugerencias de periodistas y expertos en seguridad con experiencia en estas situaciones.
Crédito de foto abridora/banner: Mauro Pimentel/AFP*
*Este es el cuarto artículo de un proyecto sobre la seguridad de los periodistas en América Latina y el Caribe. Este proyecto de LatAm Journalism Review es financiado por el Fondo Mundial de Defensa de los Medios de la UNESCO.
Lee otros artículos del proyecto en este enlace.
