Por Giovana Sanchez
Un informe recientemente publicado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) documentó una reducción en amenazas a la libertad de expresión en Uruguay. El reporte también mostró que la mayoría de los casos se dieron en su capital, Montevideo, y fueron catalogados como obstrucción del trabajo periodístico.
El reporte “Periodismo y libertad de expresión en Uruguay” documentó un total de 28 incidentes de restricciones a la libertad de expresión en el país, 22 por ciento menos que el año anterior.
La organización aseguró que “en la última década Uruguay ha sido reconocido en la región por sus avances en materia de libertad de expresión, principalmente a partir de las reformas legales que permitieron la despenalización de los delitos de comunicación, la regulación de la radiodifusión comunitaria, la protección del derecho de acceso a la información pública y la regulación de los servicios de comunicación audiovisual”.
Sin embargo, según el informe, el país aún enfrenta retos en el área. A pesar de amplias garantías constitucionales, la organización dijo que la libertad de expresión no se monitorea en el país.
En 2015, Cainfo creó una plataforma digital para recibir denuncias, documentos y difundir amenazas. Junto con la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) e IFEX, Cainfo publicó su primer reporte que monitorea las amenazas en 2015 como parte del Primer Monitoreo Nacional de Amenazas a la Libertad de Expresión.
Entre el 1 de abril de 2015 y el 31 de marzo de 2016, Cainfo registró 28 casos de amenazas a la libertad de expresión relacionadas al ejercicio del periodismo en el país, de los cuales 10 fueron categorizados como nivel “medio” y 18 como “leve” de gravedad. La mayoría de los casos tuvieron lugar en la capital del país, Montevideo. Diez casos fueron catalogados como obstrucción del trabajo periodístico—por ejemplo la negativa de responder preguntas durante conferencias de prensa, prohibiciones en el acceso a espacios públicos para los trabajadores de los medios o la obstrucción de la operación del equipo del periodista.
Cinco otros casos fueron catalogados como amenazas. En uno, un empleado de El País recibió una amenaza de muerte tras la publicación de un reportaje sobre el equipo de fútbol Peñarol. Cinco casos fueron documentados como intimidación en el lugar de trabajo, cuatro como intimidación en el sistema de justicia, dos como denegación a peticiones para tener acceso a información, uno como intimidación física y otro como censura.
Entre los casos documentados que fueron considerados como nivel alto de gravedad por la organización está la declaración del partido gobernante que acusó a los medios en general de “debilitar la institucionalidad democrática del país”. Entre sus recomendaciones, el reporte reiteró la importancia de las demandas públicas ante restricciones a la libertad de prensa y recomendó a todos los poderes y actores públicos a evitar la práctica de impedir preguntas durante las conferencias de prensa.
Uruguay se encuentra en el lugar número 20 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2016 de Reporteros Sin Fronteras, y, según la organización, “se han registrado recientemente claros progresos en los ámbitos económico, social y democrático”.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
