Por Maira Magro
Casi dos años después de la promulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública (o Ley 18.381) en Uruguay, el Ejecutivo publicó un decreto que reglamenta su aplicación y uso. Con el fin de incentivar a los periodistas de todo el país a usar esta herramienta legal, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAInfo) lanzó esta semana la campaña “Haz tu propio pedido”.
Según el decreto, cada vez que las instituciones públicas consideren una información como “reservada” deberán explicar la decisión a través de una resolución fundada, añade El País. Tal resolución tendrá “elementos objetivos que permitan determinar la expectativa razonable” de que la divulgación de la información acarrearía “daños al interés público protegido”. La Unidad de Acceso a la Información Pública —el organismo garante de la ley— podrá desclasificar las informaciones si considera que la reserva de los datos no se justifica.
El decreto también determina que los organismos públicos deberán designar a al menos un funcionario a cargo de las solicitudes de acceso a informaciones, explica El País. Edison Lanza, de CAInfo, valoró que la normativa también amplíe las obligaciones de las oficinas públicas respecto de la información que deben divulgar en sus sitios web, la que tendrá que ser actualizada mensualmente.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
