Por Josefina Mancilla
El estado mexicano de Veracruz ha demostrado ser uno de los lugares más peligrosos del mundo para la prensa con 17 homicidios de periodistas en los últimos seis años. Solo este año, tres periodistas han muerto en el estado.
Con la reciente noticia de la renuncia del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y de la huida posterior de la justicia, los medios de comunicación han puesto de manifiesto los peligros en este estado no sólo para los ciudadanos, sino también para los periodistas y trabajadores de la comunicación. Duarte, quien enfrenta cargos de corrupción, tomó el poder en 2010. Desde entonces, 17 periodistas han muerto y cinco han desaparecido bajo su administración, según Artículo 19 México, una organización de derechos humanos con sede en Ciudad de México.
En agosto, el periodista Noé Zavaleta se vio obligado a abandonar Veracruz después de recibir hostigamientos y amenazas al publicar su libro “El Infierno de Javier Duarte: crónicas de un gobierno fatídico”. Sin embargo, existen organizaciones estatales, como la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP), que fueron creadas para proteger a los periodistas de este tipo de peligros.
Durante el Día Internacional para poner fin a la impunidad en los crímenes contra periodistas, el CEAPP exhortó a "todas las autoridades a continuar implementando medidas concretas para prevenir las agresiones contra los periodistas, asegurando que los responsables sean llevados ante la justicia y garantizando el derecho de las víctimas a una reparación integral”.
Sin embargo, Leopoldo Maldonado, director de protección y defensa de la organización sin fines de lucro Artículo 19 México, dijo al Centro Knight que a menudo los periodistas están amenazados si piden ayuda o temen represalias, y por lo tanto no se acercan a organizaciones como CEAPP. "Hay suma desconfianza", dijo Maldonado. Al ser CEAPP una comisión estatal para Veracruz, “carece de independencia al poder ejecutivo, en este caso, el gobernador”.
Afirmó que es necesario que “exista una comisión de derechos humanos con autonomía, independiente del gobierno”.
“No hay consecuencias legales, simplemente las investigaciones no avanzan”.
En algunos casos, Duarte acusó a los periodistas de colaborar con grupos delictivos “citando, en mayor parte evidencia circunstancial poco comprobable”, dijo Carlos Lauría, coordinador sénior del Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) al Centro Knight. Estas acusaciones “persistentes” a menudo conducen a que los asesinos queden en libertad. En los casos que sí tienen avances, parece haber irregularidades en el proceso judicial, dijo Lauría.
“La impunidad en Veracruz es moneda corriente”, explicó Lauría. “A pesar de las afirmaciones del exgobernador Duarte de que existía un sistema de justicia funcional, la realidad es que, Veracruz, con la cantidad de asesinatos de periodistas, desde que llegó la asunción de Javier Duarte, es uno de los lugares más letales para la prensa en toda las Américas”.
En un caso notable el año pasado, Rubén Espinosa, fotoperiodista que huyó de Veracruz, fue encontrado muerto en Ciudad de México junto con cuatro mujeres. Según Artículo 19, esta fue la primera vez que un periodista fue asesinado en el Distrito Federal, un lugar anteriormente asociado como refugio para los periodistas.
Más recientemente, en julio, Pedro Tamayo Rosas, corresponsal de El Piñero de la Cuenca y de otros medios de comunicación, fue baleado varias veces frente a su esposa e hijos en las afueras de su casa. Tamayo había estado bajo protección estatal desde enero.
En otro caso este año, la periodista Anabel Flores Salazar, fue hallada muerta el 9 de febrero en el estado de Puebla tras ser secuestrada el día anterior en su casa de Veracruz. Al igual que Tamayo Rosas, Flores Salazar informaba acerca del crimen organizado.
Pocos meses después de la muerte de Flores Salazar, el periodista Manuel Torres González fue asesinado el 14 de mayo en el norte de Veracruz. Torres no tenía antecedentes de haber pedido protección.
Maldonado señala que son casos como estos los que mantienen a los periodistas desconfiados de buscar protección.
“[Hay que] limpiar los cuerpos policiacos, limpiar y castigar’’, agregó Maldonado. “Prácticamente trabajan para las redes criminales, todo esto pasa por un proceso político”.
Muchos periodistas que se enfrentan a amenazas y agresiones, como Tamayo Rosas, cubrían fuentes relacionadas con el crimen o el gobierno, según Artículo 19. Tamayo Rosas escribía sobre desapariciones, secuestros, ejecuciones y noticias relacionadas con cárteles.
Dado que los periodistas no suelen acercarse a organizaciones como la CEAPP para pedir protección, Maldonado dijo que muchos han creado sus propias redes de protección entre colegas, sin embargo, hay desconfianza social, incluso entre los periodistas. “Lo que muchos han hecho es dejar de hablar de temas delicados, esto es trágico”, añadió.
Artículo 19 señala que desde el año 2000 al 3 de mayo de este año se han producido 93 muertes de periodistas en México, de las cuales 20 han ocurrido durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Además, en agosto informó que de enero a junio de este año hubo 218 ataques contra periodistas, y 28 de ellos ocurrieron en Veracruz.
Lauría agregó que aunque Peña Nieto ha hecho algunas reformas constitucionales en los procesos de investigación de agresiones contra periodistas, realmente no ha cambiado la situación.
“Más allá de la retórica del presidente que dice que el Gobierno mexicano es respetuoso de la libertad de expresión y que está comprometido con la libertad de expresión, para apoyar sus palabras con hechos, la distancia aún es grande”, dijo Lauría quien agregó que la situación en Veracruz pone en riesgo la democracia.
Nota del editor: Esta historia fue publicada originalmente en el blog Periodismo en las Américas del Centro Knight, el predecesor de LatAm Journalism Review.
