Según un nuevo informe de Reporteros sin Fronteras, el año pasado la inestabilidad económica perjudicó a los medios de comunicación en la mayoría de los países de América Latina. Nicaragua, bajo una dictadura cada vez más represiva, superó a Cuba como el peor país de la región en materia de libertad de prensa.
Defensores de la prensa afirman que los tres poderes del gobierno peruano están atacando a periodistas con demandas, leyes y ataques verbales.
Aristegui Noticias de México publica una importante filtración que demuestra que la poderosa cadena Televisa llevó a cabo una operación secreta para manipular a la opinión pública y atacar a jueces, periodistas e incluso al multimillonario Carlos Slim.
Con tan solo un 4% de aprobación, la presidenta Dina Boluarte promulgó una ley que impone el control estatal sobre los medios de comunicación que reciben financiación internacional. Esta ley se compara con leyes similares de regímenes autoritarios, en un contexto de creciente deterioro democrático en Perú.
Periodistas de El Salvador, India, Hungría y Turquía cuentan cómo regímenes autocráticos en sus países han debilitado la libertad de expresión y dan una idea a periodistas estadounidenses de lo que puede venir.
Periodistas de Siria, Haití, Malawi, Venezuela y Rusia relataron las restricciones a la libertad de prensa y al periodismo en sus países de origen, que incluyen el arresto y el exilio.
Pace dijo a los participantes del 26º Simposio Internacional de Periodismo Online que la Associated Press está luchando contra la prohibición impuesta a sus reporteros de pertenecer al grupo de prensa y que todavía se presentan en la Casa Blanca todos los días, a pesar de haber sido rechazado repetidamente.
Periodistas de VOA demandaron a la administración Trump, argumentando que el cierre de la cadena es inconstitucional. También afirman que la medida perjudica la credibilidad de Estados Unidos en el extranjero y pone en riesgo al personal no estadounidense.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil, en la actualización de una sentencia de 2023, dictó que los medios de comunicación sólo serán responsables de lo que sus fuentes dicen en entrevistas en vivo si actúan con negligencia o difunden deliberadamente declaraciones difamatorias. También deben garantizar derecho de réplica a terceros implicados.
Periodistas y organizaciones de derechos humanos afirman que las autoridades venezolanas detienen y liberan a periodistas para controlar y censurar, utilizando el “castigo ejemplarizante” como herramienta para infundir miedo y silenciar a la prensa.
Al menos una media docena de periodistas dominicanos fueron blanco de ataques en línea tras ser acusados de recibir apoyo del gobierno estadounidense, evidenciando cómo las narrativas políticas de Estados Unidos tienen eco en América Latina.
Zamora, conocido por exponer la corrupción gubernamental, fue encarcelado de nuevo tras cuatro meses de arresto domiciliario. Organizaciones de defensa de libertad de prensa afirman que hace parte de un esfuerzo para silenciar la información crítica. Es “ilegal y arbitraria”, afirma su hijo José.