Una portada del periódico Extra, publicado en Río de Janeiro, captó la atención de los internautas al ironizar, de forma creativa, sobre las críticas que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva hizo recientemente a la prensa brasileña, mientras el apoyo a un movimiento de defensa de la democracia y la libertad de prensa pasó de cientos a miles de firmas durante el fin de semana.
Senadores oficialistas afirmaron que aprobarán sin cambios la cuestionada ley antirracismo propuesta por el presidente Evo Morales, reportó La Razón. El documento ya fue aprobado por la Cámara Baja y está actualmente en discusión en el Senado.
Casi dos años después de que cruzara la frontera, el periodista Jorge Luis Aguirre obtuvo formalmente asilo del gobierno de Estados Unidos, reportó La Jornada. El director del sitio LaPolaka.com se había exiliado luego de recibir amenazas telefónicas cuando iba al funeral del asesinado reportero Armando Rodríguez en Ciudad Juárez. Ese día, un mensaje le advirtió a Aguirre que él sería el siguiente.
Según informa Perfil, la ofensiva legal del gobierno argentino contra los dos principales periódicos del país dará un nuevo paso con una denuncia penal contra la dueña y el director ejecutivo del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto, y el director de La Nación, Bartolomé Mitre. Los empresarios serán acusados de ser “partícipes necesarios” en delitos contra los derechos humanos durante la dictadura argentina.
El debate sobre los conflictos entre el derecho a la imagen de un menor de edad y la libertad de expresión cobró nuevos bríos en El Salvador luego de que la Cámara de Menores de la capital de ese país ratificara la condena interpuesta al presidente de La Prensa Gráfica, José Roberto Dutriz, por publicar la identidad y fotos de un menor que asesinó a otro joven en la vía pública en marzo pasado, reportaron El Mundo y ElSalvador.com.
La Asociación Nacional de Periódicos (ANJ) y el Colegio de Abogados de Brasil (OAB) condenaron lo que consideraron como ataques del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a la prensa durante un mitin electoral el sábado 18 de septiembre, informó O Globo.
Una orden de la Justicia Electoral de Mato Grosso prohíbe al Grupo Gazeta de Comunicación —el más grande de ese estado— divulgar notas que mencionen que el diputado federal Carlos Abicalil, actual candidato a senador, está a favor de la despenalización del aborto, reportó Gazeta Digital. La decisión del juez Lídio Modesto Filho afecta al diario A Gazeta y al Canal 10, que retransmite la señal de la cadena TV Record, y estipula una multa de 58.000 dólares en caso de incumplimiento.
A pocos días de las elecciones parlamentarias en Venezuela, representantes de la Mesa de la Unidad Democrática, la coalición opositora, denunciaron ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) el uso abusivo de los medios por parte del presidente Hugo Chávez para hacer campaña electoral a los candidatos del partido oficialista, reportó El Universal.
Luego de que organizaciones de prensa criticaran fuertemente la ley contra el racismo aprobada por la Cámara de Diputados de Bolivia, el Senado convocó a periodistas para discutir el tema, reportó Los Tiempos.
Policías militares acompañados de un oficial de justicia requisaron los aparatos de televisión, cámaras, muebles y hasta los transmisores del canal TV Descalvados, afiliada a la cadena SBT en el municipio de Cáceres, en el occidental estado de Mato Grosso, reportó Midia News. La confiscación de equipos sacó a la televisora del aire y se relaciona con una orden judicial para saldar una indemnización por daños morales a la primera dama de la ciudad, Gisele Fontes, informó el Diário de Cuiabá.
La justicia de Mendoza (en el oeste del Argentina) abrió una investigación penal contra Víctor Fayad, el intendente (alcalde) de esa ciudad, por amenazas agravadas en abril pasado al director periodístico del sitio MDZ Online, a través de mensajes de texto, reportaron Perfil y Los Andes.
Reacciones encontradas generó la propuesta del ministro del Interior y de Justicia de Colombia, Germán Vargas Lleras, de desclasificar la información secreta de la agencia de inteligencia sobre el espionaje ilegal a políticos, jueces, periodistas y defensores de derechos humanos durante el gobierno de Álvaro Uribe, reportaron El Espectador y la agencia EFE.