Tres periodistas latinoamericanos aparecen en el censo global anual de periodistas presos del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). El guatemalteco Jerson Antonio Xitumul Morales, el ecuatoriano Enrique Rosales Ortega y el venezolano Braulio Jatar son tres de los 262 periodistas encarcelados alrededor del mundo, de acuerdo con el informe publicado este 13 de diciembre.
En México, los periodistas viven bajo el terror de la violencia, y aunque el gobierno ha creado mecanismos para proteger a estos profesionales, la impunidad y la inseguridad continúan rondando en el país. Estas son algunas de las conclusiones de David Kaye, Relator Especial de la ONU para promover y proteger el derecho a la libertad de expresión y de opinión, y de Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de concluir una semana de misión en México.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia rechazó las amenazas en contra de las periodistas Jineth Bedoya Lima y Salud Hernández Mora, y de líderes políticas y sociales proferidas presuntamente por un bloque del grupo armado ilegal Águilas Negras a través de un panfleto, y exigió a las autoridades garantizar protección para que las reporteras puedan continuar con su trabajo.
El periodista venezolano Jesús Medina anunció el 23 de noviembre que salió del país debido a amenazas contra él y su familia a causa de su trabajo. Medina estuvo dos días desaparecido a principios de noviembre, en lo que él califica como un secuestro a raíz de su reportaje sobre la prisión de Tocorón, al norte de Venezuela, que está supuestamente controlada por los presos allí internos.
Quince organizaciones de periodistas y defensores de la libertad de expresión de Estados Unidos emitieron una carta conjunta instando al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de ese país a “suspender los esfuerzos” para deportar a Emilio Gutiérrez Soto, un experiodista mexicano que huyó a Estados Unidos hace nueve […]
Una decisión del Tribunal Supremo Federal (STF, por sus siglas en portugués) de Brasil mantiene la censura del blog del carioca Marcelo Auler. El magistrado Alexandre de Moraes rechazó que prosiga el reclamo presentado por el periodista, que pedía emitir una orden para suspender la sentencia que impide la publicación de sus reportajes.
El ciudadano peruano estadounidense Miguel Arévalo Ramírez ha abierto varios procesos legales contra periodistas y medios de comunicación de Perú por difamación agravada, informó Ojo Público el 7 de noviembre. Ramírez los denunció por informar sobre las investigaciones que existen contra él por parte de la Dirección Antidrogas de la Policía peruana (Dirandro), la Procuraduría Antidrogas de Perú y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), y ha pedido una reparación de US$ 210 millones.
Medina dijo a través de su cuenta de Twitter que fue torturado y amenazado de muerte. Agradeció a la prensa, a sus colegas y a todos los que hicieron presión para que apareciera. “Volví a nacer para seguir informando la verdad y luchar más por mi país, Venezuela”, dijo Medina, al mismo tiempo que agregó que se encuentra en resguardo por el momento.
Por hostigar, perseguir, censurar y establecer marcos legales contra periodistas y medios de comunicación venezolanos, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó las prácticas del gobierno de Nicolás Maduro contra la libertad de prensa y de expresión.
El proyecto “Forbidden Stories”, lanzado por las organizaciones Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Freedom Voices Network (Red de Voces por la Libertad) este 31 de octubre, pretende proteger las “historias prohibidas” de periodistas que están en riesgo o bajo amenaza por hacer su trabajo: informar.
El diario más antiguo de Panamá está de celebración después de que una transferencia de propiedad llevó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos a eliminar las restricciones económicas en su contra.
Los periodistas fueron el blanco del sentimiento y acciones antiprensa de funcionarios públicos, fuerzas del orden y de ciudadanos antes y durante las elecciones regionales del 15 de octubre, en más de 23 gobernaciones de Venezuela.