La Cámara de Diputados de Brasil aprobó el miércoles 7 de noviembre dos leyes que castigan los delitos cibernéticos, pero dejó para la próxima semana la votación sobre el Marco Civil de Internet, informó la revista Época.
A pesar de la oposición de organizaciones periodísticas, la Presidencia de Costa Rica publicó la entrada en vigor de una ley que castiga con hasta 10 años de prisión a periodistas y ciudadanos que difundan “secretos políticos”.
El despido de un periodista de una revista digital colombiana por la publicación de una columna de opinión sobre una petrolera canadiense y sus presiones publicitarias a los medios de comunicación del país -- como reportó Clases de Periodismo -- generó polémica.
El Gobierno de Uruguay ordenó el cierre de 74 emisoras comunitarias por no cumplir con los requisitos que le exige la ley el pasado 1 de noviembre, informó el diario El País. De acuerdo con el gobierno, 20 de estas emisoras hacían “proselitismo religioso”, agregó el diario.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó una nueva demanda por varios millones de dólares en contra de Corporación La Prensa en Panamá que ha publicado sobre los contratos del grupo empresarial Ochy Diez con el gobierno del presidente Ricardo Martinelli.
El director del canal público de Bogotá, capital de Colombia, se negó a entregar una lista de sus trabajadores que pertenecen a la comunidad LGBTI -- Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales -- como se lo había solicitado un concejal de la ciudad, anunció la emisora Caracol Radio.
Una diputada venezolana le solicitó al gobierno analizar los supuestos impactos negativos causados por los medios de comunicación durante las elecciones presidenciales del país, realizadas el pasado domingo 7 de octubre.
La distribución de los diarios Clarín y La Nación fue bloqueada en Buenos Aires por integrantes del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas en la madrugada del lunes 29 de octubre, informó el diario Clarín.
Representantes de la Procuraduría y la Fiscalía de Colombia pidieron a la Corte Suprema del país anular la sentencia condenatoria por el delito de injuria emitida contra un periodista, publicó el diario El Espectador. De acuerdo con los delegados de estos entes, las palabras utilizadas en la columna de opinión del periodista Luis Agustín González se encuentran en el derecho a libertad de expresión y por tal razón no pueden ser condenadas ni política ni penalmente, agregó el diario.
Un periodista boliviano denunció que sufrió un atentado con arma de fuego en la puerta de su domilicio en la ciudad de Tarija (sur del país) el pasado 11 de octubre, publicó la agencia Anf. El comunicador Humberto Vacaflor denunció el hecho ante la policía local, pero la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) le pidió presentar al sospechoso del atentado, agregó la agencia.
Un alcalde en Honduras ordenó el cierre de un canal de televisión y la compra masiva de ejemplares del periódico El Heraldo, según denuncia este medio.
Con base en el derecho internacional, el Tribunal Constitucional de Bolivia declaró inconstitucional el delito de desacato por ir en contra de la libertad de expresión de la ciudadanía, publicó el portal Prensa Latina. Aunque el fallo es del 20 de septiembre, el anuncio lo hizo este martes 23 de octubre el presidente del Tribunal, Ruddy Flores, agregó el portal.