Con un 2022 que terminó como el más mortífero para periodistas en los últimos cinco años, preocupación y preguntas surgieron en organizaciones de libertad de prensa. Para expertos, mientras no exista una política integral enfocada en la prevención, protección y procuración de justicia en los casos de crímenes contra periodistas difícilmente el panorama va a cambiar. También se necesita el apoyo de la sociedad: que entienda y defienda la libertad de prensa como un derecho colectivo.
El gobierno brasileño anunció la creación del Observatorio Nacional de Violencia contra Periodistas, una demanda de las organizaciones de defensa de la libertad de prensa y de periodistas. El secretario nacional de Justicia, Augusto de Arruda Botelho, dijo a LJR que la creación del nuevo órgano fue motivada por la “escalada de violencia” contra los periodistas en el país.
A poco más de un mes de la salida del presidente Pedro Castillo, la prensa peruana ha vivido más de 70 casos de agresiones que incluyen golpes, insultos y vandalización de equipo e instalaciones por parte de manifestantes, así como amenazas, obstaculización de coberturas y hasta un ataque con balas de goma a manos de policías.
Al menos 12 periodistas fueron agredidos físicamente, robados o amenazados de muerte por grupos bolsonaristas mientras cubrían los actos terroristas perpetrados por partidarios del expresidente brasileño Jair Bolsonaro el pasado 8 de enero en Brasilia. Miles de ellos asaltaron y vandalizaron el Congreso Nacional, el Palacio del Planalto y el Tribunal Supremo ante la inacción de los policías presentes, que en más de un caso se negaron también a socorrer a los periodistas.
Al menos seis periodistas fueron víctimas de despojo, intimidación e impedimentos para realizar su trabajo por parte de miembros del crimen organizado durante la ola de violencia desatada el 5 de enero en la capital del estado de Sinaloa a raíz de la aprehensión de Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo”.
Veintinueve periodistas y comunicadores fueron asesinados en América Latina y el Caribe en 2022, según datos del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) contabilizados hasta el 21 de diciembre. Esto representa un aumento del 163 por ciento con respecto a 2021. México y Haití lideran el ranking de asesinatos de profesionales de la prensa.
Quince periodistas del medio digital salvadoreño El Faro presentaron una demanda ante una corte de Estados Unidos contra NSO Group, la empresa israelí que fabrica el programa espía Pegasus. “Es necesario sentar precedente para que las empresas que promueven este mercado de espionaje y los clientes que ejecutan este programa sepan que sus acciones tienen consecuencias”, dijo Julia Gavarrete, una de las periodistas demandantes.
Con el asesinato de Pedro Pablo Kumul, el 21 de noviembre en Veracruz, suman al menos 17 miembros de la prensa asesinados en México en 2022. Periodistas y organizaciones coinciden en que solo la impartición de justicia puede detener la ola sangrienta que amenaza al periodismo en ese país.
La periodista de Guatemala Michelle Mendoza, corresponsal de la cadena CNN, lleva seis meses en el exilio luego de años de recibir acoso y amenazas por su trabajo periodístico. Aun fuera de Guatemala, la llaman continuamente y le envían mensajes para intimidarla e impedir que regrese. En esta entrevista, profundiza sobre su situación y el hostigamiento que ha recibido.
Un periodista asesinado, otro atacado a balazos y uno más detenido y golpeado por la Policía son las más recientes víctimas de la ola de violencia contra la prensa en Haití, país en el que ocho comunicadores han sido asesinados en lo que va de este año. Simultáneamente, la crisis político-social y la pobreza asfixian lentamente a los medios haitianos.
Una investigación forense y periodística halló evidencia de espionaje con el spyware Pegasus en contra del periodista Ricardo Raphael y de un colega de Animal Político por parte del Ejército mexicano, una institución que ha visto crecer su poder considerablemente durante la administración de López Obrador.
Acabar con la vigilancia ilícita a periodistas y activistas fue una de las promesas de Andrés Manuel López Obrador tras asumir la presidencia de México en 2018. Cuatro años después surgen nuevas evidencias de espionaje a comunicadores, mientras que periodistas y ONGs consideran que el mandatario tiene pocos resultados que mostrar con relación a esas promesas.