En desacuerdo con las normas internacionales para la libertad de expresión y el acceso a la información, la defensa de la reputación en Brasil, país marcado por un alto grado de judicialización de los medios, todavía puede hacerse por medios penales.
Para los periodistas de la ciudad de Neuquén (sur de Argentina – 1000 kilométros de Buenos Aires) el desplome de una obra de diez departamentos sobre el interior de un supermercado el pasado 25 de octubre se convirtió en un reto en términos de cubrimiento periodístico.
El diario Estado de São Paulo y la Universidad de São Paulo (USP) lanzaron a principios de noviembre Corrupteca, una especie de biblioteca digital que agrega noticias y artículos académicos sobre corrupción, informó el mismo diario.
La Sociedad Interamericana de Prensa calificó como “un grave atentado contra la libertad de prensa” una orden judicial en Ecuador que le prohíbe a un diario del país informar sobre el proceso en su contra que interpuso un funcionario el gobierno.
A pesar de la oposición de organizaciones periodísticas, la Presidencia de Costa Rica publicó la entrada en vigor de una ley que castiga con hasta 10 años de prisión a periodistas y ciudadanos que difundan “secretos políticos”.
El despido de un periodista de una revista digital colombiana por la publicación de una columna de opinión sobre una petrolera canadiense y sus presiones publicitarias a los medios de comunicación del país -- como reportó Clases de Periodismo -- generó polémica.
La distribución de los diarios Clarín y La Nación fue bloqueada en Buenos Aires por integrantes del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas en la madrugada del lunes 29 de octubre, informó el diario Clarín.
Un alcalde en Honduras ordenó el cierre de un canal de televisión y la compra masiva de ejemplares del periódico El Heraldo, según denuncia este medio.
Para el Instituto Internacional de la Prensa (IPI) Ecuador “está en medio de una crisis de libertad de prensa”. El anuncio lo hizo en Viena el subdirector del IPI, Anthony Mills, a través de un comunicado, este martes 23 de octubre, con motivo de la publicación del informe final sobre la misión de libertad de prensa llevada a cabo del 7 al 11 de mayo en este país, señaló en su página oficial.
Un alto funcionario del gobierno de Trinidad y Tobago ha ordenado a la policía no divulgar las estadísticas criminalidad, tanto al público como a los medios, reportó el Miami Herald el miércoles 10 de octubre.