Desde el 1 de enero, centenares de mexicanos se han tomado las calles de diferentes ciudades del país como protesta por el aumento de hasta un 20 por ciento en el precio del combustible. Algunas de las protestas por el ‘gasolinazo’, como se conocen las manifestaciones, se han tornado violentas e incluso han incluido saqueos y enfrentamientos con la policía con cifras de personas muertas, heridas y detenidas.
Para los periodistas mexicanos, cubrir la nota roja va más allá de estar expuestos a peligros físicos. Al vivir y trabajar en áreas de alto riesgo, su contacto constante y sistemático con la violencia pone en peligro su salud mental.
En Perú existe un alto nivel de concentración de medios de comunicación que amenaza la libertad de información en el país, según informe elaborado por el medio digital de periodismo investigativo peruano Ojo Público, en conjunto con el capítulo alemán de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF).
Las autoridades locales le informaron al semanario mexicano Zeta que un grupo criminal ordenó un ataque en su contra después de que el medio publicara fotos de presuntos miembros del crimen organizado en la portada de su edición del 25 de noviembre, aseguró Zeta.
En la última semana, tanto la periodista mexicana Carmen Aristegui como el medio que ella dirige, Aristegui Noticias, han denunciando una serie de hechos que aún sin saber si están vinculados entre sí cuestionan qué tan segura se encuentra la comunicadora y su equipo en el país.
Cubrir protestas, fotografiar las filas de personas para conseguir alimentos o hacer videos dentro de un hospital pueden ser actividades muy arriesgadas para los periodistas que trabajan en Venezuela en la actualidad. En los últimos meses, varios reporteros y fotoperiodistas que trabajan en el país han sido objeto de detenciones temporales o prolongadas durante la realización de su trabajo.
“De todas las razones que producen violencia contra periodistas la más importante es la impunidad, es la falta de investigación en los actos de violencia y asesinatos de periodistas”, aseguró Frank La Rue, Subdirector General de la Comunicación e Información de la Unesco, en un video que invita a la conmemoración del Día Internacional para poner fin a la impunidad en los crímenes contra periodistas que tiene lugar cada 2 de noviembre.
La situación de la libertad de prensa en el continente americano sigue enfrentando amenazas que van desde la violencia contra periodistas hasta el uso de mecanismos legales, la aprobación de leyes restrictivas para su ejercicio y los ataques cibernéticos.
El periodista Cándido Figueredo vive con su esposa y siete guardias armados con metralletas, en la que a él le gusta llamar “su prisión”. Con un poco de ironía, Figueredo describe así su casa, que también sirve de sucursal de ABC Color, el principal diario de Paraguay. Desde hace más de 20 años, el periodista vive con escolta las 24 horas del día, al ser la única manera de continuar con su labor periodística en la peligrosa ciudad de Pedro Juan Caballero, en la frontera con Brasil.
Un juez de Colombia ordenó la captura del Comando Central (Coce) de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) por el secuestro de seis periodistas y un conductor ocurrido el pasado mayo, informó la Fiscalía General de la Nación.
Las amenazas y el acoso del que era víctima el periodista mexicano Noé Zavaleta lo llevaron a abandonar el estado de Veracruz el pasado viernes 12 de agosto, informó Aristegui Noticias.
Dos periodistas colombianos que fueron secuestrados en mayo por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han recibido amenazas a través de mensajes de texto enviados supuestamente por el ELN, de acuerdo con un reportaje de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).