La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) recibió el 22 de abril una denuncia contra el Estado brasileño por la muerte del periodista Vladimir Herzog ocurrida en 1975 durante la dictadura militar del país. De acuerdo con el diario O Globo, “el Fiscal Federal ya fue notificado” y la Corte deberá ahora escuchar a los implicados para decidir si acepta el caso.
Tras el asesinato de un bloguero en Maranhão, la organización de defensa de la libertad de expresión Artículo 19 Brasil instó a las autoridades federales y estatales a “unir esfuerzos para dar una respuesta rápida y contundente a la situación de violencia contra comunicadores” que está afectando ese estado.
Un tribunal de Brasil condenó el 13 de abril a Marcos Bruno Silva de Oliveira a 18 de prisión por su participación en el asesinato del periodista Décio Sá ocurrido en 2012. Este es el segundo juicio en contra de Oliveira quien apeló la primera sentencia y había logrado que se anulara el juicio.
Documentos obtenidos por orden judicial indican que la empresa JBS, una de las compañías de alimentos más grande del mundo, y otra empresa contratada por ella en 2015 patrocinaron una campaña de difamación en contra del periodista brasileño y fundador de la ONG Repórter Brasil, Leonardo Sakamoto. La información fue publicada por Folha de São Paulo el pasado 8 de abril.
Hace seis meses, 50 millones de toneladas de residuos tóxicos de una mina mineral de hierro se derramaron en el río Doce en la ciudad de Mariana en el que se considera “el peor desastre ambiental que Brasil haya visto”, como lo definió la presidenta Dilma Rouseff, según DW. El derrame mató a 19 personas y destruyó el distrito Bento Rodrigues, en el estado de Minas Gerais.
El periodista Ivan Pereira Costa fue baleado frente a su casa en la ciudad de Cujubim, estado Rondônia, al noroeste de Brasil. Su esposa, la también periodista Ediléia Santos Silva, dijo a G1 que este intento de homicidio puede estar relacionado con el trabajo de su marido.
El empresario Ronan Maria Pinto, dueño del periódico de São Paulo Diário do Grande ABC, fue arrestado el 1 de abril como parte de la Operación “Lavado de autos” (Operação Lava Jato), una investigación sobre corrupción dentro del gobierno brasileño en relación con varias compañías. La investigación ha provocado una crisis política en Brasil que ha llegado hasta los niveles más altos de gobierno.
Un locutor de radio brasileño sobrevivió lo que la policía dijo fue un intento de homicidio motivado por sus reportajes sobre actividades ilegales. Jair Pereira Teixeira, de 45 años, recibió tres disparos el 27 de marzo en la ciudad de Forquilha en el estado de Ceará, al noreste de Brasil.
Una reportera a tiempo completo. Es así como Elvira Lobato, una de las más premiadas y prestigiosas periodistas de Brasil, con 39 años dedicados al periodismo impreso, se describe a sí misma. Aún cuando decidió retirarse del diario Folha de São Paulo en 2011, donde era reportera especial y donde trabajó por 27 años, su “destino” para investigar no le permitiría dejar el oficio. En febrero, Lobato publicó una serie de reportajes sobre concesionarios de televisión en la región amazónica, en colaboración con el sitio de noticias web independiente Agência Publica.
Según testigos, fueron dos sujetos en motocicleta quienes dispararon ocho veces contra el auto estacionado en el garaje del periodista brasileño Kenedy Salomé Lenk en la madrugada del jueves 10 de marzo, mientras este dormía en el interior de su vivienda con su esposa y su hija, informó el portal web del diario O Globo.
El periodista radial João Valdecir de Borba, conocido como Valdão, fue asesinado el pasado 10 de marzo mientras trabajaba en la emisora Rádio Difusora AM en São do Oeste, en el estado surocciental de Paraná.
Después de que un equipo de televisión hubiera sido tomado como rehén en el estado de Paraná, una emisora invadida en el estado de Goiás y ocho periodistas golpeados en São Paulo, la Unesco junto con representantes de medios de comunicación de Brasil entregaron el pasado 10 de marzo una carta al Ministro de Comunicación Social solicitando acciones para proteger a los periodistas y garantizar que los medios puedan trabajar con seguridad en medio de la cobertura de las investigaciones de corrupción del país.