A pesar de la aprobación de una nueva ley de comunicación en 2014, la histórica concentración de medios en manos de pocos grupos económicos persiste en Uruguay, según una reciente investigación. El 1 de enero de 2019 es la fecha límite para que estas empresas de medios se adapten a la nueva legislación, es decir poco más de un año.
Luego de reunirse con asociaciones de medios y periodistas bolivianos, los líderes del Poder Legislativo del país decidieron excluir a los profesionales de la prensa del controvertido artículo 200 del nuevo Código Penal, el cual sanciona la mala práctica profesional.
Asociaciones de medios periodísticos y de periodistas en Bolivia están en alerta debido a la propuesta de reforma del Código del Sistema Penal que está en debate en el Congreso de ese país. Las entidades alegan que el artículo 200 del nuevo Código, que prevé sanciones a la mala práctica profesional, representa una amenaza a la libertad de prensa por abrir paso a la criminalización de los periodistas en el país.
El acceso a la información pública en Venezuela es una garantía establecida en la Constitución de ese país. Sin embargo, en la realidad, si un periodista o un ciudadano desean saber el salario de un funcionario o cuánto se gastó en campañas electorales, por ejemplo, la respuesta que obtienen en muchos casos es algo como “no sabemos” o “no podemos responder”.
Cuando Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) en 2013, diferentes organizaciones dentro y fuera del país expresaron su preocupación por los efectos negativos que la norma podría tener en la libertad de expresión.
Más de 100 países del mundo poseen en su legislación nacional una ley que permite el acceso a la información pública. América Latina es la región con países en vías de desarrollo que más ha avanzado en este respecto, incluso superando ciertos aspectos de las leyes de países de la Unión Europea, señaló el reciente informe de Unesco, “Acceso a la información: Lecciones de la América Latina”.
Las barreras cotidianas motivaron a los periodistas panameños Ana Graciela Méndez y Alfonso Grimaldo a crear El Tabulario -un proyecto lanzado a final de mayo el cual compila, analiza y divulga datos públicos con el objetivo de promover la transparencia en ese país.
Si bien las radios comunitarias latinoamericanas han recibido mayor reconocimiento en sus países desde mitad de la década de 2000, siguen siendo limitadas y discriminadas en la práctica y por la ley.
Representantes de la sociedad civil de Uruguay pidieron al gobierno aplicar efectivamente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) y que les permita participar en el desarrollo e implementación del reglamento de la norma.
A pesar de ser común el incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información (LAI) en Brasil, los funcionarios públicos no están siendo sancionados por dicha práctica, según la organización sin fines de lucro Artículo 19, defensora de la libertad de expresión y del derecho a la información. El informe fue lanzado en conmemoración a los cinco años de la ley, que entró en vigor el 16 de mayo de 2012.
Fue retirado el polémico proyecto de ley peruano que intenta regular quienes ejercen cargos directivos en los medios de comunicación. Sin embargo, las autógrafas del proyecto, las congresistas del partido fujimorista Fuerza Popular Úrsula Letona y Alejandra Aramayo, propusieron una nueva versión del mismo, informó La República.
A pesar de que la seguridad de periodistas se ha convertido en un tema de preocupación en organizaciones internacionales como la ONU, que incluso proclamó un día para incentivar la lucha contra la impunidad en los crímenes contra periodistas, las cifras de los diferentes ataques de los que estos son víctimas parecen no disminuir.