Con un 2022 que terminó como el más mortífero para periodistas en los últimos cinco años, preocupación y preguntas surgieron en organizaciones de libertad de prensa. Para expertos, mientras no exista una política integral enfocada en la prevención, protección y procuración de justicia en los casos de crímenes contra periodistas difícilmente el panorama va a cambiar. También se necesita el apoyo de la sociedad: que entienda y defienda la libertad de prensa como un derecho colectivo.
La Red Mundial de Periodismo de Investigación (GIJN) trabajó con un equipo de expertos de la Fundación Ford para desarrollar la Herramienta de Evaluación de la Seguridad de los Periodistas (JSAT), que ofrece un diagnóstico en línea de las estrategias de seguridad física y cibernética de una organización, con recomendaciones sobre cómo mejorarlas. La red lanzó recientemente una versión en español.
Usar imágenes satelitales y georreferenciación, seguir el rastro de las redes de tráfico y cuidar la seguridad del periodista y sus fuentes son técnicas que Yvette Sierra, de Mongabay; Joseph Poliszuk, de Armando.Info; y el independiente Hyury Potter han aplicado en sus investigaciones sobre minería ilegal en América Latina.
El nuevo e-book “Protección de periodistas: seguridad y justicia en América Latina y el Caribe” es el producto de ocho meses de artículos publicados originalmente en la revista digital del Centro Knight para el Periodismo en las Américas, LatAm Journalism Review.
En análisis de la FLIP, el gobierno de Iván Duque, que culmina este 7 de agosto, mantuvo una estrategia de amigo-enemigo con la prensa. Con aquellos, considerados como críticos, primó la desconfianza y el hermetismo. Utilizó recursos humanos y económicos para priorizar la comunicación institucional e imponer su narrativa. Con ello contribuyó al ambiente de polarización y construyó una muralla que afectó el acceso a la información.
Ante el fracaso de los mecanismos de protección a periodistas, los miembros de la prensa deben fortalecer la autoprotección, la solidaridad dentro del gremio y el vínculo con la sociedad civil, dijeron representantes de Artículo 19, Reporteros sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas.
Por Sara Mendiola* Este es el cuarto reportaje de una serie sobre la investigación y la persecución de los casos de violencia contra los periodistas en América Latina.** El 23 de marzo de 2017, la periodista Miroslava Breach Velducea fue asesinada cuando salía de su casa en la ciudad de Chihuahua, en el norte de […]
Únase al Centro Knight para el Periodismo en las Américas el martes 2 de agosto para un seminario web gratuito en el que lanzamos un ebook multilingüe gratuito sobre la seguridad de periodistas en América Latina y el Caribe.
Datos estadísticos demuestran que en los últimos tres años, la respuesta más común del Ministerio Público de Guatemala a los casos de ataques contra periodistas fue la desestimación. Solo un 1 por ciento de los expedientes llega a tener una condena. En la gestión de la Fiscal General Consuelo Porras el presupuesto para investigar los crímenes contra este gremio se redujo en un 77 por ciento.
La única oficina que existe en Honduras para investigar violencia contra periodistas y proteger a este sector vulnerable es la FEPRODDHH. Pero solo cuenta con cinco fiscales —todos concentrados en Tegucigalpa— sin investigadores asignados y sin competencia jurídica para investigar casos de homicidios o asesinatos.
La Asociación de Periodistas de El Salvador presentó en 2018 una propuesta de ley para protección de periodistas. Luego de casi tres años, el esfuerzo se truncó. La iniciativa fue enviada al archivo cuando el partido oficialista Nuevas Ideas tomó el control de la Asamblea Legislativa. Los partidos que a última hora retomaron la discusión se responsabilizan entre sí de la falta de aprobación.
Hace exactamente una década Guatemala se había comprometido a crear un plan para proteger a trabajadores de la prensa ante los crecientes ataques. Eso ocurrió en 2012 y a la fecha el plan no se ha concretado.